Diseñan nuevo marco legal para recuperar empresas que cierran

Cuando explica la iniciativa -que por estos días discuten los ministerios de Trabajo y Economía- el ministro Eduardo Bonomi se preocupa especialmente en aclarar que cada proyecto de recuperación será apoyado por el Estado si se demuestra que es viable.Teniendo en cuenta esa condición, la ley permitirá que los depositarios de fábricas cerradas serán sus trabajadores y el gobierno podrá hacer una evaluación técnica del proyecto, además de apoyo crediticio para el emprendimiento.La ley también incluirá la modificación del seguro de desempleo para que los trabajadores que participan en proyectos de recuperación puedan cobrar el seguro de paro por adelantado. Así lo explica Bonomi: «Lo que le corresponde a cada trabajador se cobrará todo junto. En Argentina esa ley ya existe y los trabajadores cobran el doble de lo generado por desempleo, si muestran que su proyecto es viable».La ley de cooperativas de trabajo del año 1999 estableció en Uruguay la posibilidad de cobrar el seguro de desempleo por adelantado, pero el gobierno pretende «hacerlo más activo y ampliar las posibilidades».PROBLEMA. En el Ministerio de Trabajo saben que es delicado el tema de la viabilidad de los proyectos presentados. Para evitar «implicancias», la ley establecerá los pasos a seguir. «Deberá estar involucrado el Ministerio de Economía, la OPP y también el ministerio del área de la empresa: si es una firma industrial, comercial o del agro», indicó Bonomi.Trabajo ya tiene elaborado el proyecto y ahora lo conversa con Economía, que por su lado envió al Parlamento una ley de quiebras. Se intenta «poner elementos en común y que no se contradigan las dos leyes», sostuvo Bonomi. En principio serían dos leyes distintas pero complementarias, aunque no se descarta que las dos iniciativas se unan en una sola.La ley de recuperación de empresas apunta a emprendimientos que cerraron o están en vías de cierre por deudas con bancos o acreedores. La norma se podrá aplicar, por ejemplo, cuando la deuda de una empresa pase a categoría cinco del Banco República.Se trata de firmas «que dejaron de funcionar porque el dueño consideró que no eran rentables o realmente no lo eran», apuntó Bonomi. En esos casos el Estado promoverá que los trabajadores se unan en cooperativas e intenten recuperar la firma.CASOS. Aunque la ley todavía está en fase de elaboración, el Ministerio de Trabajo ha colaborado en dos años y medio con una veintena de proyectos de empresas recuperadas, algunas de las cuales ya venían desde antes de 2005. Tres ejemplos muy claros son los que están incluidos en el fondo de cooperación financiado por Venezuela, en un acuerdo firmado entre los dos países en marzo de 2005: Funsa, la fábrica Envidrio en el Cerro (ex Cristalerías del Uruguay), y la ex curtiembre Midovers en Nuevo París (ver nota aparte). El gobierno de Hugo Chávez aportó unos cinco millones de dólares para estos emprendimientos.Pero hay otros casos donde el Ministerio de Trabajo ayuda a las cooperativas obreras con la elaboración de proyectos de viabilidad (a veces a través de consultorías), búsqueda de préstamos y de garantías, cursos de capacitación y -a veces- aporte de dinero.Un ejemplo emblemático de empresa recuperada es el Molino de Santa Rosa, que nació en 1999 cuando la empresa original cerró. Hoy la cooperativa es propietaria del molino.En el caso de la Cooperativa La Serrana (Colase) de chacinados, la Junta Nacional de Empleo (Junae) aportó U$S 30.000 para remodelar la planta, aportar materiales y pagar salarios. Se dieron cursos de capacitación y se firmó un convenio con la intendencia de Lavalleja.Hay por lo menos dos casos donde el proceso viene con problemas. Uno de ellos es el de la Cooperativa Fuente Salto (Cofuesa). Se trata de la ex Urreta, que fabrica agua mineral y aguas saborizadas, pero hoy la propiedad está en manos del BPS por deudas.El Ministerio de Trabajo también ha apoyado a la cooperativa de ex empleados de Dymac, que confecciona prendas de sastrería fina: «Les hicimos un proyecto y estamos viendo si se puede financiar».También está el caso de Urutransfor, sociedad de trabajadores que producía transformadores para UTE. «Trabajaban con un inversor privado, que firmó una carta intención para darle acciones a los obreros y que sigan trabajando con UTE», explicó Bonomi.El gobierno también ha participado activamente en el proceso por el cual la empresa Umissa produce casas prefabricadas, que se exportan a Venezuela. Allí hay un acuerdo firmado con el sindicato de trabajadores metalúrgicos.