“Puede que afecte a las empresas que hoy están prestando servicio de agua potable o saneamiento en régimen de concesión”, admitió. Sin embargo, indicó que en el futuro no se inhabilita la participación de los privados sino que la relación sería a través del Estado.
Davrieux discrepó señalando que la ley es “el antidesarrollo económico” y que “es lo contrario a lo deseable desde el punto de vista económico”.

Ribeiro quitó dramatismo al tema. Sostuvo que el plebiscito del agua “no va a cambiar de forma sustancial la vida y la inversión del país”.