Dos nuevos juzgados con personal ‘full time’ en operaciones de narcotráfico.

En este sentido, explicó que la idea es tener un grupo de personas que se dediquen full time a movimientos vinculados, sobre todo, al narcotráfico y lavado de activos. Además, Díaz sostuvo que “es absolutamente necesaria una regulación específica de todos los medios proactivos de investigación”.
(Emitido a las 9.00 horas)

EMILIANO COTELO:
Avionetas que intentan aterrizar con cargamentos clandestinos, incautaciones millonarias de drogas en puertos y aeropuertos, mulas que pasan su “merca” por puestos fronterizos, cada vez más uruguayos y extranjeros procesados.

Estas son algunas de las imágenes que se asocian al narcotráfico, una realidad de la que Uruguay no está ajeno. El año pasado algunas operaciones terminaron con este tipo de delincuentes presos después de meses de investigaciones reservadas.

Ante el crecimiento de éste y otros fenómenos delictivos pesados, hace ya un tiempo que las autoridades procuran intensificar los controles y mejorar las respuestas. En esa línea, el año pasado se concretó la creación de dos juzgados especializados en crimen organizado y se llamó a concurso entre los magistrados para proveer los cargos correspondientes.

Después de ese proceso, el 24 de diciembre la jueza Graciela Gatti y el juez Jorge Díaz asumieron la titularidad de esos juzgados, que iniciaron su actividad en los primeros días de enero.

¿Qué funciones específicas tienen? ¿Con qué recursos cuentan? ¿Qué mejoras pueden traer para nuestro país?

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EC – Estamos con el doctor Jorge Díaz, uno de los dos jueces especializados en crimen organizado.

Usted tiene 41 años, es juez desde 1993, fue juez en lo penal, y antes de trabajar en Montevideo se desempeñó en varios departamentos. Antes de asumir había actuado como juez en varias causas vinculadas con narcotráfico; por ejemplo, fue el magistrado que estuvo a cargo de la llamada Operación Cancerbero.

Pero vamos a hablar de los nuevos juzgados. Empecemos por aclarar qué jurisdicción tendrán exactamente. El artículo de la Rendición de Cuentas que los crea los llama Juzgados Letrados de Primera Instancia en Materia Penal con Especialización en Crimen Organizado. Es decir, abarcan los casos de narcotráfico, pero bastante más que eso, según se desprende del detalle del tipo de delitos que queda bajo su órbita. ¿Podemos ver algunos ejemplos?

JORGE DÍAZ:
La ley creó los juzgados y les asignó una doble órbita de competencia. En determinados delitos estos juzgados tienen competencia en todo el territorio de la República, y en otros delitos tienen competencia en los departamentos de Montevideo y Canelones. En todo el territorio nacional vamos a tener competencia en el delito de lavado de activos, en los delitos terroristas, en los delitos tributarios (defraudación tributaria o instigación pública a no pagar los tributos), en el delito de quiebra fraudulenta, en el delito de insolvencia fraudulenta, en el delito de insolvencia societaria fraudulenta, en los delitos de tráfico de armas y en aquellos casos en los cuales se dispone la inmovilización de activos, sea por tránsito transfronterizo de dinero o porque la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central dispone la inmovilización de activos del sistema financiero sobre la base de algún reporte de operación sospechosa de alguna institución financiera. Además, en los casos de trata de blancas, en los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, que están regidos por el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño.

En los departamentos de Montevideo y Canelones vamos a tener competencia en los delitos contra la administración pública, en los delitos de falsificación y alteración de moneda, en los delitos cometidos por un grupo criminal organizado, en los delitos de droga, en los delitos de propiedad intelectual y en los delitos de marca.

A grandes rasgos, esa es la competencia.

EC – El listado es bastante amplio…

JD – …Es sumamente amplio…

EC – …Para tratarse de juzgados especializados el foco es grande. ¿Qué hay en común entre todos esos delitos?

JD – La creación de estos juzgados tiene una historia. En primer lugar, la Ley 17.835, que fue la que creó el delito de lavado de activos y estableció todo el sistema de prevención de lavado de activos, allá por el año 2004 había facultado a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a transformar dos juzgados penales de Montevideo en juzgados especializados en delitos de lavado. La Corte nunca hizo esa transformación por una razón muy sencilla: no había un volumen de casos que lo justificara, es más, hasta ese momento no había un solo procesamiento por lavado de activos como para transformar dos juzgados penales de Montevideo en juzgados especializados.

Cuando Gafisud realiza la segunda ronda de evaluación de Uruguay hace una serie de sugerencias de transformaciones de la legislación uruguaya y sugiere al Estado que cree una comisión de juristas para modificar la legislación de prevención y represión de lavado de activos. En el ámbito de lo que hoy es la Secretaría Nacional Antilavados se creó una comisión de juristas que elaboró un anteproyecto de ley para modificar todo el sistema de prevención y represión de lavado de activos, y en esa comisión se propuso crear –en aquel momento eran tres, después los trámites legislativos los dejaron en dos– dos juzgados especializados. El tema era qué competencias se les asignaban para que tuvieran un volumen de asuntos medianamente razonable. No podían no tener nada de trabajo ni estar tapados de trabajo. Producto de una iniciativa técnica, que luego fue llevada a una mesa interinstitucional integrada por la Junta Nacional de Drogas (JND) y el Centro de Estudios Judiciales, y de la iniciativa política surgió esto; en definitiva la ley es aprobada por el legislador…

EC – …Pero el espectro es bastante variado, por ejemplo: casos como los que a partir de la crisis bancaria del año 2002 han estado en el tapete, la quiebra del Banco Montevideo – Caja Obrera y del Banco Comercial caerían en la órbita de estos juzgados…

JD – …Eso si entendemos que los asuntos que hoy están en trámite deben redistribuirse.

EC – Digo si ocurriera algo parecido en el futuro.

JD – Sí.

EC – También casos de trata de blancas, casos de corrupción. De acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿lo principal va a ser el movimiento vinculado con narcotráfico y lavado de activos?

JD – Es probable que sea el volumen más importante. La idea de la creación de estos juzgados nació de un conjunto de investigaciones que hemos realizado en el correr de los años (Cancerbero I, Cancerbero II, la Operación Chime del año 2003, que le tocó a la doctora Anabella Damasco), en toda una serie de operaciones vinculadas al narcotráfico se acumula un volumen de información impresionante, y la mayor parte de las veces uno queda con gusto a poco. Tenemos la certeza de que hay un volumen de información que no es debidamente investigada.

La idea de la creación de los juzgados no era sacarles trabajo a los juzgados que ya estaban funcionando, sino hacer un trabajo que hasta ahora no se estaba haciendo por falta de tiempo, por falta de recursos, por distintas razones. Es muy difícil hacer una investigación a fondo, continuar una investigación como la de Cancerbero I, que terminó con más de 20 procesados, cuando a la semana siguiente tiene un turno de siete días en Montevideo y tiene que atender desde el hurto de cable hasta el homicidio, pasando por la rapiña, la violación y demás. La idea era tener un grupo de personas, en lo posible especializadas en estos temas, que se dedicaran full time a trabajar sobre estos puntos. Esa es la idea base, si luego se plasma o no en la ley, es algo que vamos a ver en el correr de este año.

EC – ¿Qué lo llevó a presentarse para un cargo como este?

JD – La vida me llevó por la vía de la experiencia práctica primero a dedicarme a estos temas, en principio porque en el interior del país me fue tocando realizar este tipo de investigaciones. Yo le decía la otra vez a un colega suyo que cómo un juez en el interior –donde además se da la realidad muy peculiar de que nos conocemos todos–, donde los jueces penales somos jueces penales y jueces de derecho penal juvenil, jueces de adolescentes, ve todos los días la patología del sistema, ve los efectos que produce la droga, o determinadas drogas, específicamente en los adolescentes y en los jóvenes. Uno los ve llegar todos los días al juzgado, descalzos, sin camisa, que vendieron hasta sus championes, sus camperas y demás, y después cometen pequeños delitos, después delitos más graves, todo con una única finalidad: obtener dinero para comprar droga. Y por otro lado ve que aquellos que la venden, que la suministran, amasan verdaderas fortunas personales en muy poco tiempo. Eso a uno lo va indignando, hasta que en un determinado momento como padre me pregunté qué país les estaba dejando a mis hijos y qué podía hacer para cambiar esto. Empecé a trabajar en estos temas, me empecé a especializar, empecé a realizar cursos en el país, fuera del país, y cuando estos juzgados se crearon entendí que tenía algo que aportar, me presenté, fui seleccionado y vamos a trabajar. Veremos qué suerte tenemos…

EC – …Esa respuesta satisface en parte mi pregunta, porque ponerse al frente de uno de estos juzgados implica complicarse la vida: va a tener que trabajar con casos muy complejos y en algunos de ellos incluso puede estar en riesgo su vida, si nos atenemos a los antecedentes de comportamiento de las mafias de otros países. ¿Usted tomó en cuenta estos factores cuando decidió concursar por este cargo? ¿Lo discutió con su familia, ya que recién mencionó la familia?

JD – Sí, por suerte hasta ahora no tenemos experiencias del tipo de la que usted menciona. Es cierto que en países como México y Colombia estos hechos han acontecido.

EC – ¿A usted no le ha tocado recibir amenazas, por ejemplo?

JD – No, y si me hubiera tocado recibir amenazas, las habría denunciado. Tengo claro que cuando uno asume este tipo de responsabilidades lo hace consciente del baile en el cual se está metiendo. Para mí, esta tarea es tan importante como otras tareas que cumplen otros colegas, hay una cuestión de perfiles y de gusto personal por desarrollar una tarea. Por ejemplo, yo sería un pésimo juez de violencia doméstica, no tengo madera, y es una tarea fundamental, importante, trascendente, quizá mucho más trascendente que la que estamos cumpliendo nosotros. Sin embargo, me entiendo, me gusta, me he especializado en estos temas.

EC – Ya que hablamos de la seguridad o inseguridad, de los riesgos que implica para quienes se dedican a estas investigaciones enfrentarse a grupos tan poderosos y tan dispuestos a aplicar la violencia como estos, ¿usted va a contar con una custodia personal? ¿Está previsto algo de eso?

JD – No, no está previsto. Hemos tratado de ocuparnos o de preocuparnos de nuestra seguridad personal adoptando las medidas que hasta ahora hemos entendido pertinentes. Por el momento no hemos entendido necesario llegar a ese extremo.

EC – ¿Qué medidas han tomado?

JD – Sería avisarles a aquellos que tengan interés en hacernos algo qué es lo que estamos haciendo.

EC – Vinculado con lo mismo, ¿cuál es la remuneración de un juez de estas características?

JD – Exactamente la misma que la de cualquier otro juez de la misma categoría.

EC – Podría pensarse que correspondería una retribución especial; usted dice que no.

JD – Hay dos opciones en ese sentido; en algunos países se ha establecido una retribución especial y Uruguay optó por el otro camino…

EC – …¿Usted qué piensa de eso?

JD – Por las características de nuestro país, por las características de nuestra magistratura, creo que no corresponde que recibamos remuneraciones especiales. Sí, como cualquier otro juez en cualquier otra materia, debemos tener la posibilidad de desarrollar nuestra función adecuadamente…

EC – …Justamente, habitualmente los jueces hacen notar que tienen que trabajar con limitaciones muy serias de infraestructura y de medios. En estos juzgados, con las dificultades que implican los asuntos que van a tener que abordar, ¿se han asegurado mejores condiciones para el desarrollo del trabajo?

JD – Hasta ahora lo que hay es la voluntad de hacerlo, todavía no podemos afirmar que contamos con la infraestructura necesaria.

EC – ¿Qué pasa con los recursos destinados a estos juzgados especiales?

JD – En principio, lo que tenemos asignado por ley son recursos humanos…

EC – …Esos recursos humanos ¿son suficientes, son especiales?, ¿tienen en cuenta el tipo de casos que van a tener que investigar?

JD – El proceso de selección de los jueces lo realizó la Corte. En este momento se está en un proceso de selección de los recursos humanos, proceso que a mi juicio debe ser sumamente riguroso. Riguroso en cuanto a la capacitación que tengan y a la que hay que realizar en el futuro, que es tan o más importante que la anterior, y riguroso en otros aspectos que dicen relación con el deber de reserva que deben tener estos funcionarios y el conocimiento en determinadas áreas, que de repente no es el mismo que se requiere para cumplir otras funciones. Es evidente que necesitamos gente con mucha más capacitación en informática que en otros juzgados, la utilización de medios técnicos es absolutamente imprescindible; vamos a necesitar gente capacitada en ese terreno. Estamos iniciando un camino de los que, por las propias características de nuestro país, suelen ser lentos, en algunos casos tortuosos –esperemos que no sea el caso–, y estamos trabajando en ese sentido. Existe un compromiso muy fuerte, tanto de la propia SCJ como de la JND, de tratar de dotar a estos juzgados y a estas fiscalías de todos los elementos que se requieran dentro de las posibilidades económicas. Creo que el país no puede iniciar una carrera de competir en recursos económicos contra el crimen organizado, porque de plano la pierde. No hay país en el mundo, ni siquiera Estados Unidos, que esté en condiciones de aportar los recursos humanos suficientes como para competir con grupos de crimen organizado.

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EC – “A más de un mes de la designación de los magistrados Jorge Díaz y Graciela Gatti para encabezar los nuevos juzgados especializados en el combate contra el crimen organizado todavía no se sabe con certeza en qué causas intervendrán al iniciar su funcionamiento”, informa este jueves una nota en el semanario Búsqueda. El tema aparece en otros medios de comunicación, pero en este caso particular se dice que “los ministros de la Suprema Corte discutieron ayer distintas posibilidades, y resolvieron redactar un proyecto de ley que será enviado el viernes al Parlamento para su aprobación, dilucidando la competencia de las nuevas sedes. Según fuentes de la corporación, existen dos posiciones entre los ministros: una propone que no pase ningún expediente en trámite de los juzgados penales a las nuevas sedes, y la otra postula habilitar el pasaje de todos aquellos expedientes relativos a delitos mafiosos, salvo aquellos que estén próximos al dictado de la sentencia definitiva”.

Yo tenía previsto preguntarle cómo empezó su actividad, con qué casos; tengo entendido que empezó en el mes de enero con un caso “nuevo”.

JD – El 6 de enero empezamos a trabajar, y el 7 o el 8 se dictaron los primeros procesamientos por un caso de narcotráfico; hubo procesamientos por narcotráfico y lavado de activos en una operación que estaba en curso.

EC – El tema es qué pasa con aquellos casos que ya venían siendo investigados, pero que corresponden a los delitos que la ley les asignó a estos dos juzgados.

JD – Lo que es claro, y no admite ningún tipo de discusión, es que todas las investigaciones que se inicien a partir del 1º de enero de este año que tengan que ver con estos temas van a ser competencia de estos juzgados. La ley no dijo absolutamente nada sobre el punto, por lo que habrá que aplicar los principios generales y las normas procesales generales. La doctora Gatti y quien habla hemos estudiado el tema, tenemos una posición sobre el punto, posición que no podemos adelantar por la eventualidad de que se planteen contiendas de competencia entre los jueces y tengamos que resolver en algunos expedientes, explicitar cuál es nuestra posición; y si la adelantáramos, estaríamos prejuzgando y automáticamente tendríamos que abstenernos de intervenir en esas causas por haber prejuzgado. Por tanto, tenemos una posición tomada, no la puedo decir públicamente, pero a nuestro juicio es absolutamente clara la posibilidad, qué es lo que hay que hacer. Se resolverá en el correr de los próximos días cuando se empiecen a plantear estas contiendas.

EC – Están de por medio expedientes realmente importantes. Por ejemplo, el caso Banco Montevideo – Caja Obrera con todas sus derivaciones, que son expedientes que vienen desde la crisis bancaria del año 2002, y están de por medio casos de lo que genéricamente se podría llamar corrupción, por ejemplo el caso Bengoa. En teoría, el caso Bengoa entra dentro de la jurisdicción de estos juzgados especiales. Hay quienes entienden que no es bueno que se corte abruptamente el trabajo que viene desarrollándose en el juzgado correspondiente y se pase un voluminoso expediente a otro juzgado que acaba de instalarse y que quizá ni siquiera tenga todas las condiciones como para desarrollar su actividad. ¿Qué dice usted de esos debates?

JD – Reitero: sobre ese tema no puedo emitir un pronunciamiento público, porque más allá de que tengo una posición jurídica firme sobre qué es lo que debe suceder aplicando las normas vigentes en este momento, no la puedo adelantar porque estaría prejuzgando. Eventualmente voy a tener que pronunciarme sobre estos asuntos en algunos expedientes, sea porque me declinen competencia en asuntos en que yo entiendo que no me tienen que declinar, sea porque yo reclame competencia sobre algún asunto que el colega que está entendiendo no me lo quiere derivar, entonces, por razones obvias, si yo públicamente, a través de un medio de comunicación, adelanto mi posición, luego cuando esas situaciones se planteen tendría que excusarme por haber prejuzgado. Por tanto, no le voy a adelantar cuál es la posición; sí que he estudiado el tema, tengo una posición muy clara sobre el punto y cuando se plantee la explicitaremos a través de un expediente. Con mucho gusto en ese caso se la explico.

EC – ¿Lo más sano en todo caso es que resuelva una ley? Eso es lo que se está planteando.

JD – Aparentemente la Corte va a proponer que lo resuelva una ley especial. La ley que creó los juzgados nada dijo, y al no decir nada dijo mucho. Hay una cuestión de interpretación, de hermenéutica jurídica y de interpretación de las normas que están vigentes, cuando una ley expresamente no resuelve un punto hay que ir a las normas generales, y allí se va a encontrar la solución. Por supuesto que si la ley específicamente resuelve el punto, se termina la discusión.

EC – De sus palabras deduzco que el legislador quiso que pasaran a estos juzgados todos los casos que tienen que ver con estos delitos.

JD – También se puede deducir la posición contraria, que no pasara ninguno.

EC – ¿Cómo están en materia de medios? Veía que los fiscales –porque también hay que nombrar fiscales especializados– todavía no han sido nombrados.

JD – Eso es resorte del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Educación y Cultura. Como dice el refrán popular, “a mí no me gusta que me pisen los pollos, no voy a salir a pisar los pollos ajenos”…

EC – …¿Cómo hacen entonces, cómo hace usted para trabajar si no tiene un fiscal especializado designado?

JD – En el mes de enero los dos jueces trabajamos con el fiscal de feria, por el régimen general. Casualmente me tocó trabajar con la doctora Mónica Ferrero, que estaba de turno en ese momento, que es uno de los nombres propuestos por el fiscal de Corte para ocupar una de las fiscalías. A partir del 1º de febrero hay un régimen transitorio en la fiscalía, por el cual la doctora Mónica Ferrero y el doctor Ricardo Perciballe, que son en la actualidad la fiscal letrada nacional de Noveno Turno y el fiscal letrado nacional de Primer Turno, ocupan interinamente esos cargos, que fueron propuestos hasta que ocurra o no la designación definitiva.

EC – ¿Cómo evalúa la legislación uruguaya en estos asuntos que les toca manejar, particularmente el crimen organizado y el narcotráfico?

JD – Yo le decía hoy que se había creado una comisión de juristas que había elaborado un anteproyecto de ley. Yo integré esa comisión, ese anteproyecto de ley fue presentado al Poder Ejecutivo, con posterioridad fue discutido en esa mesa interinstitucional que integran, sobre la base de un convenio vigente, entre la SCJ y la JND; allí, una comisión que fue presidida ni más ni menos que por el presidente de la Corte, el doctor Ruibal, el fiscal de Corte, en la que participamos jueces penales y fiscales penales, le dimos el visto bueno a ese proyecto de ley, y el Poder Ejecutivo lo presentó, a fines del año pasado, al Parlamento. Es un proyecto de ley que contiene modificaciones a la ley vigente de prevención y de represión de lavado de activos y narcotráfico; nosotros hicimos un informe técnico y el Poder Ejecutivo lo tomó y lo remitió al Parlamento, es una propuesta formal del Poder Ejecutivo.

Se propone una serie de modificaciones al ordenamiento procesal vigente, sobre todo en materia probatoria, se establece la creación del instituto del arrepentido, se establece un programa legal de protección de testigos, peritos y víctimas –por el tema de la seguridad–, se regula la figura del agente encubierto, se regula el tema de la vigilancia electrónica –todo el sistema de interceptación de comunicaciones y demás– y se regula también –ya está vigente en Uruguay, pero se regula más específicamente– la entrega vigilada. A mi juicio es absolutamente necesaria una regulación específica de todos y cada uno de estos medios de investigación que son conocidos a nivel internacional como medios proactivos de investigación. Por dos cosas: primero porque nos va a dar la herramienta a los jueces y fiscales investigadores para realizar investigaciones mucho más a fondo que ahora, evitando discusiones sobre si se puede o no hacer esto y demás, y además por un asunto que para mí es tan importante como la posibilidad de hacer investigaciones, porque les va a dar garantías a los investigados. Porque en la medida en que eso no está regulado se plantean, o se pueden llegar a plantear, cuestiones muy delicadas que dicen relación con la vida íntima de las personas. Cuando uno utiliza estos métodos de investigación invade la esfera de la privacidad y ahí se obtiene información que dice relación con un delito e información que nada tiene que ver con el delito. Entonces hay que ser sumamente cuidadoso con esa información y hay que regular el tema de forma tal de darles garantías aun a aquellas personas que cometen delitos de que su vida privada no va a ser expuesta públicamente a raíz de una investigación criminal.

EC – Por lo que usted acaba de explicar, esta normativa pendiente es muy importante, es relevante.

JD – A nuestro juicio, sí.

EC – ¿Qué compromiso político hay en cuanto a avanzar en el más corto plazo posible en la aprobación?

JD – No lo sé, depende del Parlamento y del sistema de partidos políticos. Nosotros hicimos un proyecto en el año 2007, el Poder Ejecutivo lo presentó a fines del año 2008; no sé si es exactamente el mismo proyecto o si hubo alguna modificación; en términos generales creo que es el mismo. Dependerá, como siempre, de la voluntad del legislador, que es en definitiva el representante del pueblo y dirá esto sí o esto no. Nosotros somos técnicos y proponemos soluciones técnicas, la voluntad política depende del sistema político.