Economía trata denuncia por intereses de tarjetas

Los reclamos que un contador formuló en varios medios de comunicación durante los últimos años, sobre los “productos bonificables” de las tarjetas de crédito, se convirtieron en una denuncia formal ante el Area de Defensa del Consumidor, que ahora deberá pronunciarse sobre la validez de ese mecanismo de cobro de intereses.

El 19 de marzo pasado, el contador Nelson Chicurel, especialista en materia de tarjetas de crédito, presentó una denuncia ante el Area Defensa del Consumidor, en la cual sostiene que la mayoría de las tarjetas de crédito no cumple con la normativa del Banco Central del Uruguay (BCU), y que incurre en una práctica abusiva de cobro de intereses.

A Defensa del Consumidor —dependiente del Ministerio de Economía— le “preocupa” el tema, y lo ha puesto a estudio de sus abogados, informó a El País su director, Adrián Cabrera.

El jerarca comentó que si bien los intereses que cobran las tarjetas de crédito son un tema de permanente consulta a Defensa del Consumidor, prácticamente no hay cuestionamientos a la legalidad de los “productos bonificables”, porque la gente no conoce cómo operan.

“Cuando pagan menos del total o se atrasan, la deuda se les incrementa notoriamente, y les llama poderosamente la atención, y de lo que más se queja la gente es que no tenía ni idea de qué son (los productos bonificables), ni de qué se trata. Lejos están de cuestionar la validez del tema; directamente no sabían ni que existía”, indicó Cabrera.

PREMIO O CASTIGO. Los productos bonificables son aplicados por la mayoría de las tarjetas de crédito. El mecanismo funciona de esta manera: cuando una persona efectúa una compra con tarjeta de crédito, empieza a sumar intereses desde el día siguiente; si a la fecha de vencimiento la persona paga el 100% de su deuda, la tarjeta le “bonifica” esos intereses anteriores. Sin embargo, si la persona paga sólo una parte de esa deuda, entonces la tarjeta le suma esos intereses desde el primer día siguiente a la compra, pero no los calcula sobre el saldo que quedó impago, sino sobre el monto total.

En su denuncia, Chicurel cita el caso de una usuaria de tarjeta de crédito. “Habitualmente su resumen de cuenta le da un vencimiento de pago de ocho días hábiles después del 28 de cada mes, lo que ha dado que dichas fechas de vencimiento sean entre el 9 y 11 de cada mes. No obstante ello, en el mes de febrero del corriente año, el vencimiento fue el sábado 8 de febrero. La titular de la tarjeta no se percató de ese cambio, y pagó el domingo 9 de febrero del corriente año. Por el hecho de un día de atraso, la tarjeta sobre un importe de 8.162 pesos recargó lo siguiente: productos bonificables, 587 pesos; IVA sobre productos bonificables, 135,01 pesos; intereses de financiación, 346 pesos; IVA sobre intereses de financiación, 79,58 pesos; total recargos, 1.147,59 pesos”, relató el denunciante.

“En definitiva, se generó 14,06% de interés diario (1.147,59 pesos sobre 8.162,43 pesos) lo que resulta un verdadero disparate (…) No puede ser que se cobren intereses o productos bonificables desde el momento de compra, ya que los únicos intereses admitidos son sobre el saldo impago”, remarcó.

Con esa última afirmación, Chicurel alude a la comunicación 2000/97a del BCU, que fue emitida el 30 de agosto de 2000. En su segundo punto, esa disposición establece que “la tasa efectiva anual siempre deberá ser calculada sobre el saldo impago del crédito”.

Consultado por El País, el denunciante sostuvo que los productos bonificables implican una práctica “abusiva”, y que el mecanismo no es debidamente informado a los usuarios de tarjetas de crédito. “A mí las tasas de interés que cobren las tarjetas no me preocupa; a mí lo que me preocupa es que la gente sea engañada. En Argentina existían los productos bonificables, y fueron eliminados en 1998. Nosotros estamos cinco años atrasados”, consideró.

“Si a mí me dicen que las tarjetas deben cobrar intereses por dar crédito, ya que tienen un costo financiero entre el momento del crédito y el momento en que reciben el dinero, yo digo: perfecto, no hay ningún problema. Pero entonces que les cobren esos intereses a todos por igual; si le cobran a todo el mundo por igual, yo no podría decir nada, ya que esas serían las reglas del juego, pero eso no sucede”, añadió.

Asimismo, recordó que las tarjetas de crédito cobran a los comercios un arancel por el servicio que prestan.

Desde hace años, Chicurel ha denunciado en varios medios de comunicación la práctica, a su entender “abusiva”, que las tarjetas de crédito desarrollan con los productos bonificables. Desde marzo pasado, el reclamo se transformó en denuncia formal, y lo estudia Defensa del Consumidor.

En el documento que envió a ese organismo, el denunciante concluye que “el hecho de calcular de esta forma equivocada los intereses por los emisores de la tarjeta, ha generado millones de dólares de pérdida para los usuarios, desde setiembre de 2000”. También dice que “los intereses, que deberían estar en el entorno del 170% anual, pueden superar el 5.000% efectivo anual”, lo cual “configura intereses de usura”.

BANCO CENTRAL. Si bien Chicurel cita las comunicaciones del BCU como argumento de su denuncia, y le pide a Defensa del Consumidor que con base en esas disposiciones se eliminen los productos bonificables, fuentes de la autoridad monetaria aseguraron a El País que el mecanismo que aplican las tarjetas de crédito es válido.

“Desde el momento en que uno toma un crédito, está obligado a pagar intereses por ese crédito. Lo que el acreedor está diciendo es: si usted me paga dentro de ese plazo, el total de la compra, yo le voy a bonificar los intereses”, explicó una fuente de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del BCU, bajo condición de anonimato.

Mientras Chicurel toma los intereses bonificables como un “castigo” para quienes financian, la fuente bancocentralista lo considera un “premio” para el que paga el total de su deuda a la fecha de vencimiento. El primero estima que, al cobrar intereses desde el primer día siguiente a la compra, las tarjetas van en contra de la razón por la que fueron creadas, que es dotar al comprador de un plazo de 30 días para efectivizar el pago. El segundo reivindica el derecho de las tarjetas a cobrar intereses desde el primer día, dado que otorgan un crédito.

En tanto, El País procuró, sin éxito, consultar a directivos de tarjetas de crédito y representantes de la Cámara Uruguaya de Tarjetas de Crédito y Compra.

Tema para el Banco Central

Una fuente del Banco Central consultada por El País reconoció que el organismo debería actuar en caso de que las tarjetas de crédito cobren intereses por encima de la Tasa Efectiva Anual (TEA) que declaren.

La TEA es el máximo de intereses que una tarjeta de crédito le puede cobrar a un tarjetahabiente en un año. Por ejemplo, una persona hace una compra en agosto de 2003 por 100 pesos, y la TEA que declara su tarjeta es el 100%. Si esa persona recién paga su deuda con la tarjeta en agosto de 2004, tendrá que abonar 200 pesos.

Pero a partir de los productos bonificables se puede dar la situación, según la denuncia de que una persona pague, durante todo un año, una TEA varias veces superior a la declarada. “Si la suma pagada excede la TEA, entonces tendríamos un problema”, admitió la fuente bancocentralista.

En la denuncia se asegura que las tasas de interés reales pueden superar la TEA, y alcanzar intereses de usura.

“Uno tiene una tasa de interés de 6% mensual. Compra un artículo por 1.000 pesos con tarjeta. Al otro mes aparecen los 1.000 pesos que hay que pagar. Uno no tiene la plata, y apenas llega a pagar 900 pesos. Al próximo mes le vienen los 100 pesos de saldo, más 60 pesos de intereses, o sea el 6% de 1.000. Pero en realidad, es el 60% mensual sobre el saldo, que si lo anualizamos, la tasa es de varios miles por ciento”, dijo el denunciante.

A tomar en cuenta

PROCEDIMIENTO La Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera (SIIF) del Banco Central, tiene una serie de mecanismos de actuación ante denuncias de prácticas abusivas por parte de emisores de las tarjetas de crédito. Según explicó la fuente consultada por El País, Defensa del Consumidor es el organismo que debe recibir la denuncia en primera instancia, y luego transferirla a la SIIF.

CONTROLES Si la SIIF detecta “un mal procedimiento o un error de cálculo”, está habilitada para sancionar al banco responsable. En el caso de comprobarse un “aprovechamiento económico”, aplica multas, cuyo monto en ningún caso será menor al beneficio que, según el resultado de la investigación, obtuvo el emisor por cometer la infracción. Asimismo, le exigirá “corregir los mecanismos de cálculo o la determinación de tasas de interés, por intermedio de una advertencia, un informe o una observación”, indicó la fuente.

DENUNCIA Según pudo saber El País, la denuncia que Chicurel planteó por los productos bonificables ante Defensa del Consumidor, fue remitida a la SIIF, además de ser objeto de análisis por parte de su equipo de abogados. En el texto que presentó a Defensa del Consumidor, se advierte que “la documentación posiblemente pasará a la Justicia”.

MEJORA Días atrás, las principales tarjetas de crédito informaron al Ministerio de Economía y Finanzas su decisión de bajar las tasas de interés anuales a porcentajes de dos dígitos, y de reducir el arancel máximo que cobran a los comercios, de 10% a 7%.