Ejecutivo decidió que deben caer las concesiones de agua

Luego de analizar informes jurídicos, el Poder Ejecutivo concluyó que no pueden seguir operando la docena de empresas privadas que brindan servicios de agua potable en todo el país, y a partir de la próxima semana se iniciarán contactos con Uragua y Aguas de la Costa —que operan concesiones en Maldonado— para realizar un retiro «ordenado, rápido y fluido».

Así lo informó ayer el subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Oscar Brum, a las autoridades de OSE en una reunión donde también participaron representantes de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), y el jurista Elías Bluth, subsecretario de Defensa.

A pesar del plan de contingencia que tienen previsto, las autoridades de OSE se vieron sorprendidas por lo pronto que el Ejecutivo tomó esta decisión y admiten que los problemas que sobrevienen «son infinitos, diversos y complejos».

Mientras, la intendencia de Maldonado decidió reclamar por escrito a OSE una definición urgente sobre el tema, ante la temporada turística que se avecina.

RESCINDIDOS. En el encuentro desarrollado ayer de tarde, Brum explicó que el Poder Ejecutivo entiende que la reforma tiene carácter retroactivo y, entonces, considera rescindidos los contratos de concesión que existen en Maldonado, dijo a El País el vicepresidente de OSE, Hugo Granucci.

Uragua y Aguas de la Costa «no pueden seguir operando» y se trabajará en el rescate de la concesión. Granuncci explicó que se piensa realizar un retiro «ordenado, rápido y lo más fluido posible» que permita que OSE pueda volver a brindar el servicio en forma normal.

El jerarca explicó que deberían dejar de funcionar todas las operadoras privadas, pero la mira está puesta en las empresas que trabajan en Maldonado porque ofrecen servicios en nombre de OSE. «La OSE, que forma parte del Estado, no puede operar una concesión que ha sido constitucionalmente prohibida, porque se estaría incumpliendo una norma jurídica», indicó Granucci. Las diez empresas restantes, en tanto, operan en régimen de derecho privado, y se debe estudiar su situación.

Está previsto un nuevo encuentro para el martes, con el objetivo de avanzar en el tema, fijar las pautas, y luego realizar los contactos con las empresas para negociar la transferencia de las responsabilidades.

OSE hablará con las dos firmas para buscar una salida «conjunta y eficiente», y es probable que existan indemnizaciones, razón por la cual seguramente habrá representantes del gobierno en las negociaciones.

El director de OSE Tomás Castro explicó que se analiza cómo instrumentar «el marco adecuado» para que se pueda brindar el servicio de agua cuando caigan las concesiones. «Hace falta personal, para que no tengamos problemas en vísperas de una temporada turística», indicó.

REACCION. En tanto, el intendente fernandino Enrique Antía reclamará por escrito al directorio de OSE una definición urgente sobre el problema del agua y saneamiento provocado por el anuncio de la concesionaria vasca de su retiro del departamento de Maldonado, y pidió que los promotores del referéndum del agua asuman su responsabilidad en la emergencia.

«Entendemos que OSE estuvo omiso en instancias anteriores. Tenía que haber previsto una solución de emergencia, y también es de sentido común decir que aquellos que apoyaron la reforma asuman las responsabilidades del caso. Una cosa es proponer y otra cosa dejar que todo se caiga», señaló Antía, que además aseguró que «se veía venir» este problema.

Durante un encuentro que mantuvo con un centenar de operarios de Uragua en la tarde del pasado miércoles, Antía dijo que la falta de definición del tema saneamiento atenta no sólo contra las posibilidades de desarrollo de Maldonado sino hasta la misma supervivencia de Punta del Este como centro turístico internacional.

Agregó que a Maldonado «le hicieron una cama» porque para todo el país fue obligatoria la conexión al saneamiento, excepto para el departamento, lo cual, «es una barbaridad».

DESARROLLO. Antía agregó que el saneamiento constituye un tema fundamental para el departamento. «Se nos cae la posibilidad de desarrollarnos, se nos cae el trabajo. Cuando volvió la democracia, en el año 1985, yo fui edil departamental. En esa época hicimos una sesión secreta en la Junta. Allí la Armada exhibió una gran cantidad de fotos aéreas de la bahía de Maldonado que eran horribles. A ochenta metros de la costa, a la altura de las paradas 7, 8 y 9 de la playa Mansa y a pocos metros de la isla Gorriti, había una inmensa isla de caca (sic). Era de color marrón que se pudo haber depositado en la playa en plena temporada», advirtió a los presentes, al tiempo que se dirigió a los periodistas para pedirles que no reprodujeran sus palabras.