Ejecutivo hará un nuevo decreto para aplicar IRP

El gobierno —y en particular el Ministerio de Economía— cedió ante la resistencia que generó el tema en el Partido Nacional. El Ejecutivo había aprobado un decreto que impulsaba la imposición sobre la suma de todos los ingresos nominales.

La novedad surgió tras la comparecencia de los ministros Isaac Alfie (Economía) y Santiago Pérez del Castillo (Trabajo) ante la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Alta, convocados por el senador y precandidato blanco, Francisco Gallinal.

«Dadas las dificultades que planteó el decreto como tal, y dado que el espíritu no es aumentar la recaudación sino mantenerla y evitar posibles interpretaciones que dejen al gobierno con poca recaudación de parte del sector privado, se acordó la redacción de un nuevo decreto que recogerá las sugerencias y recomendaciones del Partido Nacional», expresó Alfie en rueda de prensa.

El gobierno fundamentó en su momento que el objetivo de la medida era afirmar la «equidad» y la «justicia» entre públicos y privados, y consignó que afectaba casi exclusivamente a funcionarios de empresas públicas y del Banco de Previsión Social (BPS) que reciben compensaciones como fondos de productividad o fondos de participación. Según la administración, suponía el 2% de la fuerza laboral (unas 20.000 personas).

Asimismo, se estableció con claridad que el efecto en la recaudación era «irrelevante». Fuentes ministeriales señalaron a El País que alcanzaba a U$S 500.000.

«El propósito fue ese, evitar elusiones al impuesto, nada más», sentenció Alfie. «Ahora quedará el criterio habitual de sumar las partidas de índole permanente y no sumar las partidas extraordinarias o esporádicas», agregó.

«Lo que estamos de acuerdo es que debemos continuar con la línea de reducción del IRP, que fue lo convenido con el Partido Nacional», dijo Alfie, recordando que a partir del 1º de enero de 2004 se reduce la sobretasa para la franja entre 3 y 6 salarios mínimos nacionales para los activos, y se elimina el impuesto en el caso de las pasividades hasta 6 salarios mínimos.

DIALOGO. Precisamente y en ese sentido, el senador Gallinal destacó que la medida «protege fuertemente» el primer acuerdo que el Partido Nacional acordó con el ministro de Economía: iniciar un camino de reducción gradual del impuesto a los sueldos y a las jubilaciones.

«Nosotros —dijo— habíamos interpretado que la redacción que se le daba a los decretos podía conspirar contra ese objetivo».

Gallinal resaltó que el «diálogo» y «el intercambio de fundamentos jurídicos», permite «seguir avanzando».

«Esto —aclaró— demuestra que el diálogo a través de la comisión, por fuera de la interpelación, habilita a llegar en pocas horas a un resultado que necesitábamos desesperadamente porque muchos organismos públicos y empleadores privados estaban esperando qué tipo de criterio tenían que utilizar para hacer los descuentos correspondientes. Mañana el país entero sabrá —a través de las decisiones que tome el Poder Ejecutivo— cuál es el camino. Pero además lo sabrá, partiendo de la base que se recogió en la comisión correspondiente, el apoyo necesario para que esto no genere dudas, no genere controversias y por sobre todas las cosas, no genere inequidades que es lo que unos y otros queríamos en el momento de definir el tema».

«Un reducido lobby»

El decreto del gobierno que apunta a incorporar para el cálculo del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) todas las partidas que reciben los trabajadores busca la «justicia tributaria» y a él se opone «un reducido lobby de funcionarios de empresas públicas que tienen sueldos altos», que cumplen funciones «en cuatro o cinco empresas», dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Santiago Pérez del Castillo, en un seminario sobre «Economía Informal y Estrategias de Desarrollo» de las fundaciones Ciudad de Montevideo y Konrad Adenauer.

Ese grupo de funcionarios pretende presentar al gobierno como «ladrón», sostuvo el ministro respondiendo a una pregunta de una asistente.

«Le agradezco la pregunta porque me permite desahogar», dijo Pérez del Castillo.

El jerarca reconoció que es necesario reducir el Estado aunque aseguró que los sueldos de los ministros son bajos y la mayoría tendría mejores ingresos en el sector privado.

«Es un peligro que un ministro gane menos de U$S 1.000», consideró tras reconocer que no tiene «ninguna gana» de ocupar su cargo. «Si usted me pide que me vaya me voy en un rato», confió.

Extras no se podrán subdividir

El decreto establecerá que las partidas extraordinarias no se podrán subdividir y que se acumularán a los efectos de la aplicación de la tasa del IRP. Gallinal dijo, a modo de ejemplo, que si las partidas cuatrimestrales se empezaran a pagar por mes, se acumularían.

En su defensa de la aplicación impositiva por separado, entre ingresos permanentes y los de índole extraordinaria —dado que son hechos generadores distintos— Gallinal sumó el ejemplo del aguinaldo que el decreto del Poder Ejecutivo había exceptuado.

Concretamente, Gallinal citó que el Poder Ejecutivo dispone el pago del aguinaldo «en dos veces» y sin embargo no dispone la imposición sobre la suma de los «medio aguinaldo». «Ahí defienden al aportante. Ahora hay que aplicar el mismo criterio», dijo.

En cuanto al cobro de más que se podría haber establecido, el presidente del BPS, Carlos Gasparri, declaró días pasados en el Parlamento que la entidad devolvería el importe o acreditaría el mismo ante descuentos posteriores.

El senador Gallinal, también respondió al Ministerio de Economía cuando dijo que la sala de abogados del BPS «cambió el criterio» que tenía desde 1993 sobre la aplicación del impuesto —avalando la tesis de los hechos generadores diferentes— señalando que lo que se modificó fue la ley ya que antes se sumaban los ingresos pero había un tope de IRP de algo más del 6%, cuestión que ahora no sucede debido a la progresividad de la imposición que en escala puede llegar hasta 20%.

En otro orden, Gallinal dijo que el tema de la retroactividad también quedó por el camino.