Ejecutivo presentó anteproyecto de ley en medio de gran preocupación de empresas y oposición

Sin demasiadas sorpresas en el contenido del borrador, se dio por concluida esta primera instancia en la que el gobierno se limitó a informar las normas que reglamentarán de aquí en más las ocupaciones.

El ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, y el subsecretario Jorge Bruni realizaron una breve exposición del tema sin aceptar, en esta etapa, consultas de los participantes del encuentro.

El Poder Ejecutivo convocará para los próximos días a una reunión cuatripartita para intercambiar opiniones sobre la iniciativa presentada hoy.

El secretario de Estado explicó algunos puntos del borrador. Bonomi dijo que establece mecanismos de prevención y conciliación y que se contribuye a la transparencia e información del trabajo a través de un deber de consulta antes de tomar medidas extremas.

«Cada vez que surja un conflicto habrá una instancia de negociación bipartita en la empresa. Si ahí no hay acuerdo, pasa al Ministerio de Trabajo y/o al Consejo de Salarios. Si ese conflicto termina en una ocupación, hay bases para realizarla. Éstas son: documentar los bienes de la empresa al inicio de la medida, cuidar la maquinaria, los bienes perecederos y todo aquello que perjudique la viabilidad posterior de la empresa. Además, los ocupantes no pueden sustituir al empresario en la gestión de la empresa», comentó.

Esa instancia de consulta se verá interrumpida cuando haya posibilidad de desmantelamiento de una empresa.

El gobierno entiende que la ocupación es una extensión del derecho de huelga con algunas condiciones, como por ejemplo ser pacífica y que se preserven los bienes de la empresa.

Además, el empresario podrá pedir la desocupación si los trabajadores no cumplen con todos los requisitos estipulados en el proyecto de ley.

El proyecto ya generó las primera reacciones. Las cámaras se reunirán en los próximos días para tomar una posición formal, pero el asesor legal de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Juan Mailhos, sentenció que no es de recibo la visión sobre las ocupaciones que tiene el gobierno.

«Nos preocupa que el proyecto, tal cual fue anunciado por el ministro de Trabajo, trae una regulación de la ocupación como una extensión del derecho de huelga, cosa que nosotros rechazamos enfáticamente y no compartimos en nada», indicó el abogado.

Mientras tanto, desde el sector político las críticas fueron más duras.

En tiendas coloradas, el diputado Washington Abdala dijo que la presentación del proyecto traerá consecuencias negativas para la inversión en el país y sentenció que quedó muy preocupado al conocer el texto.

Dijo que el gobierno no tiene conciencia de que lo que hace es «una locura». «Amargados, preocupados y muy inquietos, seguramente todo el país (también). Acá se reconoce la ocupación de los lugares de trabajo y se da un paso más: se plantea casi la co-gestión obrero-patronal. Con lo cual, no va a venir nadie más a invertir en Uruguay. Si esto se profundiza, estamos comprando un lío absolutamente fenomenal. El gobierno no tiene conciencia de lo que está haciendo con este planteo legislativo, por decirlo con suavidad (es) una locura», opinó Abdala.

En filas nacionalistas, el diputado Pablo Iturralde dijo que no están reguladas las reglas para ocupar, que no asisten garantías para el Estado de Derecho y, además, criticó que no se consultara a nadie para la elaboración de la ley.

«Es mucho más preocupante lo que no está allí. Y mucho más preocupado me quedé después de esta reunión cuando se criticó, no que una minoría haya ocupado, sino que ésta no respondía al sindicato», señaló el legislador. Y agregó: «no sé si la verdadera intención del gobierno va a ser abrir un diálogo en torno a este tema porque elaboró una ley sin consultar a nadie fuera de la fuerza de gobierno. Me parece que no vamos por buen camino».