El 28,5% de los negocios en la costa trabaja solo en verano

De esa forma, cada establecimiento “golondrina” deberá abonar, en promedio, unos US$ 1.590 como anticipo tributario.

Ese valor corresponde a lo que Rentas estima generarán por obligaciones fiscales durante el ejercicio de su actividad en el verano, y deberá ser volcado a las arcas públicas antes del 25 de enero a riesgo de ser clausurados por 30 días, informó a El Observador el director de la DGI, Nelson Hernández.

El cálculo de garantías impositivas es resultado del masivo operativo dispuesto por la administración desde el primer día hábil del año, con el despliegue de 70 inspectores sobre toda la costa.

Hasta el 10 de enero, los fiscales de la DGI llevaban relevados 906 establecimientos, según los últimos datos disponibles.

Sin tener en cuenta la Costa de Oro de Canelones –donde se realizaron 56 fiscalizaciones de las que todavía no se tienen los resultados– se detectaron 243 negocios temporales sobre un total de 850 actuaciones, lo que determina que 28,5% de los establecimientos funcionan solo durante el verano.

Esa cifra es más significativa si se circunscribe al operativo realizado en el principal destino turístico del país: Punta del Este, donde 37% de los comercios relevados por Impositiva son zafrales, informó Hernández.

De los más de $ 8 millones solicitados en garantía, casi las tres cuartas partes ($ 5,9 millones) corresponden a empresas instaladas en Punta del Este, en concordancia con el nivel de actividad turística. Las solicitudes de adelantos en Rocha ascendieron a $ 2 millones y a $ 300.000 en Piriápolis.

El titular de la DGI señaló que la actividad comercial “se mantiene” en los mismos términos respecto a 2007, aunque este año se alcanzará “un número mucho más grande” de actuaciones para fiscalizar negocios de temporada.

Según los últimos datos, en Punta del Este se llevan realizadas 451 inspecciones, seguidas por 306 en Rocha, 93 en Piriápolis y 56 en la Costa de Oro.

Además de los controles para el pago de garantías impositivas y del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) –sobre todo sobre rentas de capital derivadas de arrendamientos–, los inspectores detectaron situaciones que ameritaron solicitar clausuras a la Justicia, casi todas por irregularidades formales que hacen “presumir la intención de defraudar”. En general, esas situaciones se verificaron ante la omisión de facturación o subfacturación.

Los funcionarios levantaron 20 actas, de ellas 14 fueron a empresas en Punta del Este, cuatro de Rocha y dos en la Costa de Oro.