EL BID EN CONTRA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE EL AGUA

En lo que podría considerarse la posición oficial del organismo de crédito condicionando todo financiamiento para obras sociales, como las de saneamiento y agua potable, el pronunciamiento se conoció extraoficialmente. El gobierno no desmintió.
Según informó el semanario Búsqueda en el marco de un encuentro reciente que mantuvieron representantes regionales BID con jerarcas de la Intendencia Municipal de Montevideo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y OSE, se dio a conocer un Informe oficial del organismo internacional que advierte que de aprobarse la Reforma Constitucional sobre el agua el próximo 31 de octubre, el país incumpliría las metas en materia de servicios de agua potable y saneamiento acordadas en el año 2000.
Los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo expusieron claramente que el plan de mejoras en materia de prestación de servicios de agua potable y saneamiento, implica necesariamente una participación de empresas privadas dado que OSE «no tiene la capacidad de acceder a nuevas fuentes de financiamiento vía deuda». Dicha participación se daría bajo el mecanismo de privatización y concesión a privados locales y extranjeros.
De esa forma el Borrador de Informe del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que la privatización y concesión a empresas privadas de los servicios de agua potable y saneamiento ya estaba en las perspectivas de los grandes organismos multilaterales de crédito al momento de elaborar las llamadas «metas del milenio».
En la medida que el proyecto de Reforma Constitucional presentado por las organizaciones que integran la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) establece que la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento debe ser garantizada por el Estado y no por empresas privadas, de forma tal de anteponer criterios de orden social a los económicos, el Informe del BID advirtió que de aprobarse dicho proyecto las llamadas «metas del milenio» no podrán ser cumplidas en Uruguay en dichos sectores.
Tales metas disponen que para el año 2015 deben ser cubiertos en Uruguay más de 750 mil nuevos usuarios con servicio de saneamiento y mantener la cobertura del servicio de agua potable a la par del crecimiento de la población, que implica algo mas de 350 mil nuevos usuarios.
Siguiendo el razonamiento del BID entonces, de aprobarse la Reforma Constitucional el monto de inversiones que se necesitan para el cumplimiento de los servicios en materia de agua potable y saneamiento no podrá ser cubierto por el Estado ni tampoco por la empresa OSE. Las proyecciones de universalización de los servicios deberán ser por lo tanto modificadas, con el consiguiente incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de Uruguay.
Según se desprende del propio articulado del proyecto de Reforma Constitucional que se plebiscitará el próximo 31 de octubre en simultáneo a las elecciones nacionales, en su literal d, «el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico».
En ese sentido, el numeral 3 del proyecto establece que «El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales».
Periodista Luis Da Silva