El consejo de ministros comenzó a discutir la reforma del estado

Una funcionaría del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) que ingresó al organismo hace tres años, no trabajó ni un solo día hasta la fecha. Mediante pedidos de licencia médica ha logrado evitar ir a su trabajo y los directores que han pasado por la institución durante ese tiempo nunca pudieron hacer nada con ella. «Si uno analiza el derecho público uruguayo es muy difícil hacer algo distinto a lo que se haya hecho. Ha llegado el momento en que esto cambie y nos atrevamos a hacer unas modificaciones mínimas, por lo menos, para evitar estas cuestiones que a quien le hacen mal es a quienes laburan de verdad», dijo el nuevo presidente del INAU, Javier Salsamendi, al asumir la semana pasada.
Justamente, ese es uno de los primeros puntos en la agenda que tiene el gobierno al encarar la reforma del Estado. Ayer el Consejo de Ministros se dedicó en exclusivo a debatir el asunto y se decidió que el primer capítulo en el que el gobierno hará foco es el de los funcionarios públicos. El presidente José Mujica manejó durante la reunión del gabinete la firme posibilidad de que las modificaciones legales que implique esta primera parte de la reforma se propongan en la ley de presupuesto quinquenal, dijeron a El Observador fuentes del gobierno.
Pese a que se prevén choques con los gremios públicos (ver recuadro) el gobierno quiere encarar las distintas dificultades que tiene hoy para actuar con rigor respecto de los trabajadores estatales. «El tema de la inamovilidad y de la movilidad van a estar presentes en la discusión de los recursos humanos. Van a estar presentes porque son parte de los vínculos laborales del servidor público», dijo el vicepresidente Danilo Astori, quien fue el vocero del gabinete de ayer. Sobre los recursos humanos, el Ejecutivo prepara un paquete de medidas. Algunas implicarán modificaciones legales y otras no.
El gobierno quiere facilitar la movilidad, regular la inamovilidad (que traducido quiere decir agilizar los procesos de destitución), unificar las formas de contrato, generar un estatuto para los funcionarios basado en el concepto de «servidor público» y también crear un protocolo sobre cómo debe ser la contratación de los cargos políticos y de confianza. Esas son las principales líneas de acción que el gabinete de Mujica empezó a analizar ayer y continuará el próximo viernes con otra sesión plenaria de todos los ministros.
Astori explicó que la reforma implicará trabajar en tres planos: recursos humanos, cambios institucionales e incorporación de tecnología. La prioridad -y por tanto el único tema que trataron ayer-serán los funcionarios porque muchas medidas se deben tomar antes del tratamiento de la ley de presupuesto.

VÍNCULOS LABORALES. Dentro del punto recursos humanos, el gobierno avanza en tres ejes. Uno de ellos es la simplificación de los vínculos laborales con el Estado, ya que hay diversos tipos de contratos, muchas veces para realizar la misma función.
Un estudio de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), con el que trabaja el gobierno, identificó los distintos vínculos de los trabajadores del Estado. Primero los dividió entre los que son funcionarios (241.500) y los que no lo son (14.500). Dentro de esas categorías encontró diversos tipos de contratos. Entre los funcionarios la gran mayoría (65%) son presupuestados. Entre los no funcionarios predominan los pasantes, pero hay varios tipos de vínculos laborales (ver infografia).
«Una historia reciente del país indica que a partir de una ley que prohibió el ingreso de nuevos funcionarios empezaron a surgir vinculaciones y caminos laterales que dejaron sin efecto la prohibición de ingreso y crearon nuevas categorías de vínculos laborales de compatriotas con el Estado», dijo Astori. Definió esos vínculos como «caóticos, discriminatorios, contradictorios e ineficientes», y sostuvo que es imprescindible «empezar a ordenar y darle consistencia a este tipo de situaciones que no admiten demoras». El gobierno procura diseñar un sistema de ingreso único a partir de 2011.

CARGOS POLÍTICOS. Por otro lado, se creará un estatuto para los trabajadores que son contratados por confianza política.
«Se elaborará un estatuto para los cargos políticos y de confianza, que nos dé la tranquilidad de la transparencia en la designación», dijo Astori. Allí se establecerá cómo se debe proceder a contratarlos, cómo es la relación entre quien designa y quien es designado, cómo se los cesa y qué papel tiene el que designa. El objetivo es buscar la transparencia de estos cargos. «Tienen que seguir existiendo porque es una buena medida. Es función del Estado contar con servidores de este tipo, en cuya designación no prevalece la solvencia técnica sino la confianza. No quiere decir que no haya solvencia, quiere decir que el eje es la confianza», dijo Astori.
El tercer aspecto que se reglamentará, será la creación de un estatuto del funcionario público. Se quiere estampar el concepto de que los trabajadores deben actuar como «servidores públicos».