El Ejecutivo avanza sobre proyecto de ley que limita el alcance de secreto bancario

El levantamiento del secreto bancario regirá para los infractores de la legislación de cheques, empresas infractoras que son sancionadas por el Banco Central, personas inhabilitadas para operar o participar como directores o accionistas de instituciones de intermediación financiera, deudores que están en la Central de Riesgos que lleva la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, entre otros casos.

En la propuesta viene trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central del Uruguay, el Parlamento y la Liga de Defensa Comercial (Lideco), confiaron fuentes legislativas a Últimas Noticias.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes aguarda una serie de recomendaciones de Economía y Finanzas y el Banco Central, con la finalidad de aprobar el texto antes de que inicie el debate del Presupuesto General de Gastos. En el Parlamento, el diputado Iván Posada (Partido Independiente) puso a consideración un proyecto que básicamente tiene el beneplácito del ministro Danilo Astori.

Durante su comparencia en la Comisión de Hacienda, Astori había dicho que es necesario que la ciudadanía conozca quienes «no cumplen con sus obligaciones» y generan consecuencias «negativas» en el sistema financiero y la economía uruguaya.

El subsecretario, Mario Berga-ra, estimó que el proyecto de Posada «es absolutamente compartible en la medida que dirime una discusión eterna acerca del alcance del secreto bancario (…) la redacción deja en claro lo que seguramente era el espíritu original de la ley de intermediación financiera, que refería a que bajo el secreto bancario estaban esencialmente las operaciones pasivas de las instituciones de intermediación financiera».

Opinó con relación al segundo inciso que «estamos de acuerdo» que toda persona física o jurídica tiene derecho a requerir información en organismos con la Central de Riesgos del Banco Central.

Por su parte, Lideco elevó una propuesta al Parlamento donde analiza el secreto que considera «es protegido en varias áreas del derecho administrativo, estadístico, profesional y bancario».

El documento al cual accedió este matutino, proyecta «una ley modificativa del artículo 25 de la Ley 15.322 (…) que precise y limite el alcance del secreto bancario.

Recomendó «planear espacio de encuentro y diálogo entre representantes del sector público y privado involucrados o afectados con intereses en la temática». Entiende que en ese marco se debe procurar «entendimientos y consensos».

El informe argumenta que «es principio fundamental de nuestro sistema jurídico, constitucional y legal, la libertad de comunicación y el libre acceso a la información (…) dichos derechos resultan limitados por los llamados secretos que se constituyen en excepciones puntuales y concretas a aquellos derechos».

Lideco cuestiona «ciertas conductas» del Banco Central que «con fundamento en el secreto bancario impide o niega el acceso a información sobre cuentas corrientes bancadas suspendidas y sobre riesgos crediticios a aquellos proveedores, no así a las entidades de intermediación financiera, que son proveedores y usuarios de información relativa a esas operativas negocios o circunstancias».