El informe resume las bases para negociación del tratado bilateral

El informe plantea como «desafíos» la posibilidad de profundizar a la vez la integración en el Mercosur y amplia* las relaciones comerciales con países de fuera de la región, concretamente con EE.UU. Sin embargo, el documento alude críticamente al estado del bloque regional y apela a la flexibilidad de los socios para permitir que Uruguay busque inserción en mercados mayores.

«Mientras perdure el estancamiento y la falta de profundización de los mecanismos de integración regional, los requerimientos de la estrategia de desarrollo del país implican la necesidad de impulsar el acceso de sus exportaciones a otros terceros mercados por la vía del establecimiento de acuerdos bilaterales por los cuales se nos otorguen preferencias comerciales», expresa el documento que ahora estudia la oposición.

El informe divide en seis áreas los aspectos que los técnicos vienen estudiando con vistas a un tratado: el comercio de bienes, servicios, propiedad intelectual, compras gubernamentales, asuntos institucionales y fortalecimiento de capacidades.

PROS Y CONTRAS. Según el análisis de los técnicos de la Ciacex, en materia de comercio de bienes un eventual tratado con EE.UU. no tendrá un impacto negativo en el Mercosur ya que, sostienen, las exportaciones a la región son «moderadas».

El marco legal en que deberá procesarse el acuerdo es planteado como uno de los problemas a resolver. Los técnicos de la Ciacex exploran algunas alternativas, como por ejemplo las excepciones establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), «por la que se permite otorgar concesiones arancelarias o beneficios comerciales a otro miembro de la OMC sin que deban ser extendidas a todos los países miembros».

Otras dos vías para acceder al acuerdo son prácticamente descartadas: la obtención de una dispensa o «waiver» por parte de la OMC, que debería ser aprobada por las tres cuartas partes de los miembros de la organización, o la inclusión en el Sistema Generalizado de Preferencias que Estados Unidos se dispone a abandonar, luego del fracaso de las negociaciones en la Ronda de Doha.

En el capítulo dedicado al comercio de bienes, señala que «a diferencia de lo que ocurre con los productos exportados por Uruguay a Estados Unidos no se espera que una liberalización comercial dé lugar a un incremento generalizado y significativo de las importaciones desde ese país de los bienes que ya se están importando debido a que el cambio en las condiciones de acceso al mercado uruguayo será moderado».

Un aparte titulado «Impacto en el Mercosur» señala: «Aún no se ha hecho un estudio a fondo sobre este tema, pero sin embargo se puede adelantar preliminar-mente que, si bien el Mercosur tiene en la actualidad una participación moderada en las exportaciones de Uruguay, en relación con los antecedentes recientes existen algunos sectores con ventas altamente concentradas en la región como los productos químicos y los plásticos y, en menor medida, los cereales y la industria automotriz».

Uno de los capítulos más complejos que enfrenta la futura negociación del acuerdo es el referido a la propiedad intelectual. «Un eventual acuerdo con Estados Unidos no establecería restricciones sustanciales adicionales en la materia, aunque no puede descartarse que Estados Unidos pueda efectuar demandas que puedan requerir una flexibilización o modificación de la legislación nacional actual», apunta el informe. Al analizar los puntos más sensibles de este capítulo, la Ciacex plantea como objetivo de la negociación «la protección del producto farmacéutico y agroquímico, patentado o no a través de la exclusividad de los datos de prueba por un lapso de cinco o 10 años respectivamente». Cabe recordar que el presidente Tabaré Vázquez transmitió la semana pasada tranquilidad a los laboratorios farmacéuticos nacionales en relación con un eventual acuerdo con EE.UU.

En este mismo capítulo, los técnicos de la Ciacex prevén también la necesidad de readecuar la legislación de derechos de autor en el «ámbito digital» e Internet. Sugieren que para emprender estos cambios «habría que preparar antes a los autores y artistas nacionales», alcanzados por esta normativa. Advierten que si se elevaran los plazos para el pago de derechos de autor, ello supondría un significativo aumento en los costos por este concepto.

Por último, se plantea una revisión de todo el régimen de compras gubernamentales. «El desafío más importante sería la definición de los sectores que podrían ser excluidos del acuerdo», señala en alusión a aquellos productos nacionales que generalmente son favorecidos en el régimen de compras públicas.