El proyecto de fueros sindicales es ‘parte de una estrategia’ para desplazar a los empresarios

 El lunes 12, durante la sesión semanal del Consejo de la Asociación Rural, Fernando Mattos hablaba continuamente por teléfono con los principales dirigentes de otras cámaras empresariales. El presidente de la principal gremial agropecuaria estaba inquieto porque suponía que en cuestión de horas el Senado aprobaría un proyecto sobre «fueros sindicales» que a juicio de las principales asociaciones que agrupan al sector privado nacional afectaría gravemente la gestión de las empresas.

Mattos conversaba con sus colegas sobre cuál iba a ser la estrategia del sector privado ante la inminente aprobación de ese proyecto de ley impulsado por el gobierno.

El titular del gremio ruralista que uno de los principales impulsores de la redacción de un manifiesto empresarial que ayer miércoles el sector privado disparó en contra del proyecto de fueros sindicales que el martes 13 recibió media sanción en el Senado con el voto en bloque del oficialismo (ver nota aparte).

Pero el malestar del sector privado nacional va más allá del proyecto de ley de «fueros sindicales». Enlodo caso esta propuesta oficialista representa la gota que desbordó el vaso. Los empresarios entienden que el gobierno escucha pero no contempla ningún planteo empresarial.

En un hecho sin precedentes, veinte cámaras y asociaciones empresariales alertaron ayer miércoles en un comunicado a la opinión pública que la iniciativa oficialista «atenta contra la generación de empleo», afecta la «viabilidad de las empresas» y «compromete la necesaria reinversión y el interés por generar nuevos emprendimientos».

«Los empresarios uruguayos» consideran que esa iniciativa «no es un hecho aislado».

«Forma parte de una estrategia que apunta al desplazamiento del empresario en la gestión de su propia empresa, determinando un nuevo orden en nuestra sociedad», afirman en el comunicado público. Mientras los empresarios hacían esas graves advertencias, en la vereda de enfrente, los dirigentes de la central única de trabajadores PIT-CNT no ocultaron su satisfacción por el avance del proyecto de «libertades sindicales» que consideran como un hecho «histórico» que pone al país a la vanguardia en la legislación laboral.

«Ni siquiera en Europa van a tener como en Uruguay la reinstalación del 100% de los trabajadores que sean perseguidos desde el punto de vista sindical», dijo Milton Castellanos, miembro de la Mesa Representativa del PIT-CNT en un seminario sobre negociación colectiva, el martes 13.

Mientras, el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Anoop Shing, consultado por Búsqueda sobre el proyecto de fueros sindicales y el clima de negocios en Uruguay, dijo: «Por ahora no voy a hacer comentarios sobre eso».

Fueros. El proyecto de fueros sindicales que el martes 13 obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores por 17 votos en un total de 29 y que se prevé esté aprobado en su totalidad antes de fin de año, prohibe despedir a un trabajador sindicalizado.

Además consagra el derecho a obtener licencia para ejercer la actividad gremial así como a que se le descuente por planilla la cuota sindical.

En caso de que la Justicia compruebe que un trabajador fue despedido por persecución sindical, la iniciativa establece la reinstalación del trabajador y el pago de los jornales perdidos.

Estas disposiciones son rechazadas por el sector empresarial porque considera que el proyecto de ley introduce «un factor de desequilibrio en las relaciones laborales».

«Honda preocupación. La preocupación que tiene en vilo al empresaria-do fue comunicada por carta al presidente de la República, Tabaré Vázquez, por cuatro gremiales, el 1° de noviembre.

En la misiva, a la que tuvo acceso Búsqueda, en la que le piden una entrevista a Vázquez para analizar el tema, la ARU, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), la Cámara de Industrias (CID) y la Cámara de la Construcción, expresaron la «honda preocupación que les suscita» el proyecto de «fueros sindicales» que «procura consagrar un régimen rígido de protección y promoción respecto a la libertad sindical».

Las gremiales señalan que el gobierno eligió «conferir mayor poder a los sindicatos» y «poner en grave riesgo el protagonismo y la sustentabilidad de las empresas privadas».
Las gremiales empresariales agregaron que el proyecto «estimulará el corporativismo, la incompetencia, la rigidez laboral, los costos del trabajo» y se erigirá como un «desincentivo para la inversión y el empleo, alentando la conflictividad laboral».

Añadieron en la carta, que mientras países como «China, gobernada por un régimen comunista», decidió eliminar recientemente la inamovilidad del funcionario público, el proyecto de libertad sindical en Uruguay «apunta a generar la inamovilidad del funcionario privado».

Las gremiales concluyeron alertando que la aprobación de la iniciativa «provocará desequilibrios» en la actividad económica del país y que de «deteriorarse» la misma «provocará inestabilidades económicas y sociales, poniendo en riesgo la propia institucionalidad».

La negativa al encuentro por parte del jefe de Estado fue lamentada por los representantes del sector privado ya que significó el rechazo al primer pedido de entrevista al mandatario desde el 1° de marzo.

Aunque ayer Vázquez se reunió en la casa presidencial de Suárez y Reyes con dirigentes de la Federación Rural, junto a los ministros Danilo Astori (Economía) y José Mujica (Ganadería) y el titular del Banco de la República, Fernando Calloia, para tratar el tema de la deuda del agro. Allí el primer mandatario ratificó la política del gobierno de analizar el asunto «caso por caso» por la vía administrativa e instó a los productores a pagar sus deudas, dijeron a Búsqueda participantes del encuentro.

La alerta empresarial. Ante la inminente consideración parlamentaria de la iniciativa y su probable aprobación las gremiales intensificaron sus contactos telefónicos para planificar un plan de acción. La ARU convocó a una reunión en su sede el jueves 8, a la que asistieron los presidentes de las principales cámaras empresariales y en primera instancia se manejó emitir un comunicado de prensa advirtiendo sobre las consecuencias del proyecto de fueros.

Entre el viernes y el lunes se multiplicaron las conversaciones telefónicas para buscar las mayores adhesiones y consensos posibles para salir en bloque dando un mensaje de alerta sobre las consecuencias de la ley.

Tras concurrir a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado para exponer los fundamentos en contra de la iniciativa en cuestión, el martes 13, los empresarios concurrieron a la sede de ARU. Allí, luego de tres horas de debate, decidieron convocar a una conferencia de prensa tras considerar, según algunos ejecutivos, decisiones como retirarse de las instancias convocadas por el gobierno en el ámbito del Compromiso Nacional por el Empleo, los Ingresos y las Responsabilidades.

Las veinte gremiales firmantes del documento que expone el desacuerdo con el proyecto de ley de fueros sindicales fueron: la Asociación Nacional de Broadcasters, la Asociación de la Industria Frigorífica, la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, la Asociación Rural del Uruguay, la Cámara Uruguaya de Turismo, la Cámara de la Construcción, el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas, y Afines del Uruguay, la Cámara de Transporte, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, la Cámara Nacional de la Alimentación, la Cámara de la Industria Frigorífica, la Cámara de Armadores Pesqueros, la Cámara de Industrias, la Cámara de Industrias Pesqueras, la Cámara Mercantil del Productos del País, la Confederación Empresarial del Uruguay, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Federación Rural, la Intergremial de Transporte Profesional de Carga y la Cámara Empresarial de Maídonado y Punta del Este.

En el manifiesto empresarial de ocho puntos, leído por Mattos, las gremiales advirtieron que el proyecto de fueros dejó en descubierto la falta de «madurez política» para tomar en cuenta los planteos que el sector privado considera «fundamentales», como la «oposición a la universalidad de la reinstalación y a la retención obligatoria de la cuota sindical».

En la declaración agregaron que la ley expone principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría de las firmas del país.

Además, los empresarios alegaron que las «graves consecuencias» que la aprobación del proyecto de ley «no consensuado generará» deberán ser «asumidas por quienes lo impulsaron y respaldaron».

Desplazados. Empresarios consultados por Búsqueda admitieron que el contraataque del sector privado se disparó como consecuencia de una sumatoria de hechos en los que el gobierno los «escuchó» pero «no consideró» sus punto de vista. Algunas demostraciones de ello, ajuicio de los empresarios, fueron la eliminación del decreto que permitía a la Policía desalojara los trabajadores que ocupan fábricas, la reforma impositiva que instala el Impuesto a la Renta a las Personas Físicas, la responsabilidad por deudas que tengan empresas tercerizadas y la pérdida de rentabilidad y competitividad de las firmas por la caída del tipo de cambio.

El presidente de la Cámara de la Construcción, José Ignacio Otegui, dijo a Búsqueda que es claro que el gobierno que «llega con más del 50% de los votos está legitimado», si «quiere hacer un país productivo y para el futuro, debe tomar en cuenta además de sus opiniones, de sus compromisos preelectorales, al resto del universo del país». Otegui afirmó que todavía no hay elementos para decir que el gobierno definió un «país productivo» porque aún «no escribió ni el primer capítulo».

El titular de la gremial de la construcción consideró además, que el gobierno «tomó algunas actitudes de blindaje para los inversores del exterior» que, a su juicio, no concede al «mundo empresarial nacional que genera el 90% de los puestos de trabajo».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Burghi, expresó que el «gobierno ya demostró lo que tenía que demostrar». Agregó que «para el gobierno es más importante legislar para una parte de la población que para toda».

Burghi consideró que las instancias de diálogo convocadas por el gobierno han tenido escasa operativa y que en el fondo «se crearon ámbitos para decir que se discuten las cosas y en definitiva se cocina por otro lado».