Empresarios advierten sobre perjuicios de la política laboral.

Empleadores y asesores empresariales reiteraron ayer que las leyes laborales promovidas por este gobierno no fueron beneficiosas para los propietarios de unidades productivas.
Las críticas principales fueron dirigidas hacia la reinstalación de los Consejos de Salarios, porque obligaron a que la negociación salarial y de condiciones de trabajo sea tripartita, y a normativas vigentes que consagran la ocupación como una modalidad del ejercicio del derecho de huelga.

En contrapartida, exigieron cláusulas de paz en los convenios colectivos que sean respetadas por los trabajadores; la posibilidad de “descolgarse” de los acuerdos si estos no pueden ser cumplidos por los empleadores y que exista negociación bipartita.

Estos planteos fueron realizados en una actividad organizada por la consultora KPMG sobre el derecho de los empleadores en el ámbito laboral.

La asesora tributaria y legal de la consultora, María Noel Chaves, sostuvo que desde 2005 fueron promovidas una serie de normas de “corte proteccionista” que cambiaron, lo que agravó el régimen de relaciones laborales.

Chaves recordó que la reinstalación de los Consejos de Salarios trajo consigo la división de la actividad económica en 20 grupos de negociación. Una de las críticas que realizó a esta herramienta de negociación colectiva fue la de fijar aumentos salariales, ajustes u otras mejoras para cada grupo.

Descuelgue y paz. Por este motivo y ante la heterogeneidad de los grupos de actividad de los Consejos de Salarios, la asesora afirmó que debería estar previsto para las empresas que no puedan cumplir con los ajustes pactados, la posibilidad de descolgarse de los acuerdos salariales.

Otro de los expositores, el ex inspector nacional de Trabajo, Alfredo Cabrera, indicó que los convenios colectivos deben contener “necesariamente” cláusulas de paz, firmadas cuando se alcance el acuerdo entre las partes. Y que ellas, como todo el contenido de los convenios, deben ser cumplidas por empleadores y trabajadores. “No existe consecuencia por el incumplimiento del convenio para los trabajadores”, señaló.

El tercer disertante fue Miguel Oliveros, directivo de la Cámara Metalúrgica y de Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), quien recordó artículos de la Constitución en los que se consagra el derecho a la propiedad de los empleadores, a la libertad en las actividades productivas y al trabajo.

Además, sostuvo que estos derechos, en particular el de la propiedad, fue “avasallado” en los últimos tiempos por ocupaciones de los lugares de trabajo llevadas adelante por distintos sindicatos de trabajadores (ver apunte).

El repaso de Oliveros incluyó normas dictadas por la Organización Internacional del Trabajo, que dan razón a los empleadores.

Pero tanto estas como los artículos constitucionales no son aceptados por los sindicatos, dijo. “Hoy una mera suspensión es objeto de una convocatoria al Ministerio de Trabajo”, reflexionó.