Empresarios alertan sobre riesgos e intensifican puja con el gobierno

POR ERNESTO ALAZRAKI DE LA REDACCIÓN DE EL OBSERVADOR

Con la remisión de una cáustica carta dirigida al presidente de la República por parte de la Asociación Rural y las Cámaras de Comercio, Industrias y Construcción, en la que advirtieron al mandatario sobre “el riesgo para la propia institucionalidad” del país que implicará “la aprobación tal cual está planteada” del proyecto de ley de fueros sindicales, esas agrupaciones patronales dieron el puntapié inicial a lo que posiblemente será una fuerte confrontación de largo aliento con el gobierno alrededor de las reglas que marcarán el relacionamiento obrero-patronal en los próximos años.
En la misiva, del 25 de noviembre, a la cual tuvo acceso El Observador, se alerta al Ejecutivo que la eventual sanción parlamentaria de la ley de libertades sindicales traerá aparejados “desequilibrios” a la “endeble” economía local, que “al deteriorarse provocará inestabilidades económicas y sociales”.

Pero el tono inusualmente admonitorio del texto empresarial será retomado mañana cuando las asociaciones patronales realicen una conferencia de prensa conjunta para manifestar con todas las letras su extrema preocupación ante una futura ley que consagrará, a su entender, la “inamovilidad de los funcionarios privados”, dijeron a El Observador fuentes empresariales.

Unas veintena de asociaciones empresariales emitirán allí una declaración pública cuyos términos continúan siendo ajustados en estas horas, en un clima marcado por intensos contactos y gestiones del sector privado, que no se resigna a observar pasivamente el proceso de aprobación de un proyecto que entiende negativo y perjudicial. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Burghi, dijo ayer a El Observador que “llama la atención” a los industriales el hecho de ser recibidos por el Parlamento “en la mañana del mismo día (hoy)” que el Senado votará la iniciativa, y cuando el oficialismo dispone “de todos los votos” necesarios para ello.

Añadió que “el gobierno debe asumir la responsabilidad por todos sus actos” y convocó para “dentro de un año” a analizar las consecuencias de la ley de fueros a la luz de los futuros “índices de desocupación”.

El delicado estado del vínculo entre empresarios y gobierno fue constatado hacia fines de la semana pasada en ocasión de la asistencia del ministro de Economía, Danilo Astori, a una reunión de medio millar de hombres de negocios convocados por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Durante ese encuentro y luego del mismo, autorizados voceros del sector privado reiteraron su explícita desconfianza hacia algunos de los pasos dados por la administración Vázquez, especialmente en lo concerniente a las relaciones laborales.


Fracasos y sorpresas. Cuando los voceros empresariales comenzaron meses atrás a advertir públicamente sobre los peligros que –a su juicio– se cernían sobre el futuro de la inversión y el empleo a partir de la intención del gobierno de promulgar una ley de fueros sindicales, aún había expectativas en torno a la posibilidad que se arribara a un acuerdo consensuado en el marco de la comisión cuatripartita que funcionó durante dos meses en la órbita de la Dirección Nacional de Trabajo.

Pero setiembre y octubre transcurrieron sin que se registrara acercamiento alguno y, por el contrario, empresarios y sindicalistas se fueron abroquelando detrás de sus respectivas posiciones alejando cualquier posible acuerdo alrededor de un tema que ambos consideran estratégico, la posibilidad de proteger legalmente a los activistas sindicales.

Entre tanto, se sucedieron la ocupación durante dos meses de la planta química Dirox en San José, que arriesgó una demanda internacional contra Uruguay por parte de los propietarios italianos de esa empresa; el complejo conflicto sindical desatado en Conaprole, donde se verificó una ostensible medición de fuerzas entre la cooperativa y el sindicato; y la ocupación obrera de la industria gráfica Vanni, que sigue adelante mediante la decisión de los trabajadores de fundar una cooperativa y recomenzar la producción, desplazando de hecho al propietario de la firma, quien inició una acción penal contra los ocupantes.

No obstante, algunas cosas cambiaron en las últimas semanas. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, dio marcha atrás en el cumplimiento de la palabra dada al sector sindical cuando interrumpió el tratamiento parlamentario del proyecto de ley de fueros sindicales tras su aprobación en la Cámara de Diputados, en el sentido que éste sería considerado en el Senado con vistas a su sanción definitiva en caso de no llegarse a un texto consensuado en la cuatripartita. Optó, en cambio, por dar luz verde al borrador de proyecto elaborado por el senador Eduardo Ríos, que suavizó algunas de las aristas más difíciles de digerir por los empresarios, lo que no alcanzó para obtener su visto bueno.

Pero contra todo pronóstico, el PIT-CNT también retrocedió con respecto a su demanda inicial de aceptar exclusivamente el proyecto con media sanción, y su dirección anunció la semana pasada el beneplácito sindical con el “nuevo” texto oficial. Para las cámaras empresariales la cuestión de fondo permanece incambiada, porque el texto sustitutivo no excluirá el principal elemento de discordia, verdadero tópico para el sector: la restitución de trabajadores despedidos por razones sindicales.

‘No actúan como sindicalistas progresistas’

El síndico de la Cámara de Comercio y Servicios, Horacio Castells, sugirió un supuesto desinterés sindical en reducir la desocupación, ya que “si no hubiera desempleo los sindicatos no tendrían qué hacer”. Los dirigentes gremiales “no actúan como sindicalistas progresistas”, afirmó a El Observador. A su entender, si se logra “bajar el desempleo” no habrá “problemas en los Consejos de Salarios”, no será necesario “el Plan de Emergencia” ni dedicar tantos esfuerzos y recursos a la lucha “contra la delincuencia”.

La cifra

10

es la cantidad de gremiales que se afiliaron a la Cámara de Comercio y Servicios desde marzo, aseguró el asesor Julio Guevara.

Se dijo en

Carta de los empresarios a Tabaré Vázquez


«La iniciativa (legislativa sobre fueros) atentará decididamente contra la generación de empleo»

«El Poder Ejecutivo optó por conferir mayor poder a los sindicatos y puso en grave riesgo la sustentabilidad de las empresas privadas»

«El proyecto de ley creará graves distorsiones en el mundo del trabajo»

«Estimulará el corporativismo, la incompetencia, la rigidez laboral, los costos del trabajo y desestimulará la inversión y el empleo, alentando la conflictividad laboral»

«¿Habrá empresas dispuestas a ampliar su nómina laboral con una ley que ofrece un blindaje tal a los trabajadores?»

«El país no puede ir a contramano de la era de la globalización»

«China, gobernada por un régimen comunista, ha decidido eliminar la inamovilidad del funcionario público, al tiempo que el proyecto apunta a generar la inamovilidad del funcionario privado»