Empresarios creen que la ley de fueros cambiará el orden social

Una veintena de cámaras empresariales emitió ayer un pronunciamiento sobre el proyecto de ley de fueros sindicales que, si bien excluyó algunos de los puntos más polémicos contenidos en la carta remitida al presidente Tabaré Vázquez por tres de las cámaras más grandes (El Observador, 13/12/05) y la Asociación Rural (ARU), incluyó otros que sugieren la existencia de una acción política orientada a socavar la legitimidad de los hombres de negocios uruguayos en el manejo de sus compañías y a modificar el orden social vigente.

El texto del pronunciamiento señala que el proyecto votado por el Senado en la noche del martes constituye una “iniciativa” que “no es un hecho aislado”, sino que “forma parte de una estrategia que apunta al desplazamiento del empresario en la gestión de su propia empresa, determinando un nuevo orden en nuestra sociedad”.

En el documento los empresarios reiteraron que la consagración de los fueros “afectará la viabilidad de las empresas”, al tiempo que advirtieron “a la ciudadanía en general” en torno a “las graves consecuencias” que “la aprobación de este proyecto no consensuado generará. Las mismas “deberán ser asumidas por quienes lo impulsaron y respaldaron”, indicaron.

El presidente de la ARU, Fernando Mattos, declaró sentirse “reconfortado” por la unidad que el tema reactivó al interior del sector y añadió que “habría que remontarse muchos años atrás” para encontrar algo similar.

Sostuvo que es “un verdadero mito” que la balanza se haya inclinado hacia el empresariado durante los últimos años, para fustigar luego al gobierno porque “en el exterior tiene un discurso” en el que se muestra “amigo de los empresarios” mientras en el plano interno actúa en sentido opuesto.

Atacó al PIT-CNT porque tiende a “la cogestión de las empresas” y al “manejo” de su “capital humano”. “Puede ser” que los gremialistas se enriquezcan con las cuotas sindicales, dado que “hablan de 30.000 o 40.000 afiliados” nuevos, agregó.

La interna empresarial. La unidad sectorial a que aludió el titular de la ARU no es monolítica. De hecho, la declaración emitida ayer fue el resultado de una aguda controversia entre dos grupos de patronales que se desarrolló durante más de tres horas en la tarde del martes, mientras intentaban acordar una postura común, dijeron a El Observador fuentes del sector.

Varias asociaciones defendieron un documento respaldado por la ARU y las cámaras de Comercio, Construcción e Industrias en el que se señaló que no hubo voluntad política en la bancada de gobierno para “introducir modificaciones” que doten al proyecto de ley de “un mayor equilibrio entre las partes”. Allí advirtieron que la proyectada norma arrojará “consecuencias imprevisibles en el funcionamiento futuro de nuestra sociedad”.

Aunque en otro párrafo se rozó la confrontación: “El clima generado en esta negociación, tanto por algunos funcionarios del gobierno, legisladores oficialistas y dirigentes sindicales apunta a crear un sentimiento maniqueísta y de confrontación, donde el empresario encarna el mal y el movimiento sindical asume la representación del bien supremo frente al resto de la sociedad”.

En esa instancia de coordinación hubo asociaciones empresariales de los sectores transporte, pesca, pymes y radiodifusión que se aglutinaron alrededor de un borrador alternativo, cuyo título marcaba diferencias: “Nadie es tan fuerte que pueda hacerlo solo, ni nadie es tan débil que no pueda ayudar”.

En el texto se indicaba que “no se han dado todos los pasos suficientes para lograr el consenso deseado” y se alertaba que “no es bueno para el interés general que los trabajadores o el empresariado sientan que una de las partes gana y otra es derrotada”, sus impulsores decían que las cámaras “no dudan del espíritu constructivo que ha inspirado los cambios” ni de “la honestidad intelectual de cualquiera de los actores”.

También rechazaban “el rol de opositoras al gobierno con que se les pretende tildar” y valoraban “absolutamente innecesaria la aprobación de una ley” con los términos de la votada por la Cámara alta. “Pensar en su absoluta necesidad, sería aceptar que es razonable legislar para una minoría de empresarios inescrupulosos”.