Empresarios dicen que el gobierno desalienta a inversores y atenta contra propiedad privada

El decreto fue firmado el lunes 2, el mismo día en el que el Poder Ejecutivo instaló los Consejos de Salarios y un día antes de que un grupo de trabajadores de Gaseba resolviera ocupar las oficinas de esa empresa, como medida dentro de un conflicto en reclamo del reintegro de siete dirigentes gremiales despedidos hace 9 años.

La inversión es un tema que ocupa especialmente al gobierno. El presidente Tabaré Vázquez declaró al diario argentino «La Nación», en una entrevista publicada ayer miércoles, que el viaje que realizará a Buenos Aires hoy jueves es para atraer la «inversión extranjera» al país, algo que fue evaluado en más de una oportunidad por su ministro de Economía, Danilo Astori, como «imprescindible para lograr un crecimiento sostenido» de la economía.

El decreto cuestionado deroga otros dos, uno de 1966 y otro del 2000, que facultaron «al Ministerio del Interior para autorizar el ingreso de la fuerza pública en locales comerciales, industriales y similares, centros de enseñanza públicos o privados, centros de asistencia médica, públicos o privados y organismos públicos ocupados por empleados, obreros, estudiantes o cualquier otra persona».

Los decretos derogados establecían además, que «el ingreso de la fuerza pública» se debía dar «cuando medie solicitud expresa por parte del titular de la empresa respectiva o de las autoridades competentes de las instituciones en cuestión».

El Poder Ejecutivo sostiene en el nuevo decreto que esas normas «refieren a conflictos de derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución de la República».

Evalúa también, que «es pertinente derogar» las viejas normas «a fin de que los interesados concurran a la vía judicial correspondiente a los efectos de preservar y garantizarlos derechos en juego».

«Revólver en la nuca». El primero en manifestar su preocupación por el nuevo decreto fue el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Horacio Castells, al realizar ayer miércoles una pregunta al vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, durante un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Castells se refirió al decreto y preguntó a Nin si «considera que con esta realidad preocupante para los empresarios están dadas las condiciones para una negociación salarial con garantías, cuando aparece seriamente comprometido el derecho de propiedad privada».

Una pregunta similar realizó otro participante, que evaluó la emisión del decreto como una medida «coercitiva al empresario».

Nin respondió que el gobierno entiende que «las acciones de carácter represivo no han contribuido a solucionar los problemas de los últimos años».

«Éstos eran decretos que de alguna manera integraban esa filosofía, en la que el objetivo era reprimir y reprimir. Yo soy de los que digo que hay que ser duro con el delito pero también hay que ser duro con las causas del delito», agregó.

Nin sostuvo además, que el gobierno respeta «el derecho a la propiedad pero quiere apostar mucho más al entendimiento y al diálogo entre los empresarios y los trabajadores».

Pero la respuesta de Nin no logró atenuarlas críticas. Luego de escucharlo, Castells dijo a Búsqueda que el decreto del Poder Ejecutivo «avasalla y es un atentado contra el derecho de propiedad».

Agregó que la medida no es «una buena señal» para los inversores extranjeros y advirtió: «Tenemos que ser muy maduros, porque si nos pasamos para el otro lado, no hay inversión».

Castells dijo que «con la misma fuerza» que se debe «defender el fuero sindical y el derecho de huelga de los trabajadores», se debe «defender la propiedad privada».
«Además, no es una buena señal en el medio de las negociaciones con los sindicatos, porque los empresarios vamos a discutir con el revólver en la nuca», señaló.

A su vez, el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Burghi, dijo que el gobierno continúa sin dar «señales claras» a los empresarios y que «decididamente» el decreto emitido «afecta la inversión» y «no juega a favor del país»
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Agregó que con esa medida la administración de Vázquez abrió un «signo de interrogación» sobre el respeto a la propiedad privada. «No es posible que cinco o diez personas decidan ocupar una propiedad privada sin ninguna causa y sin sentarse previamente a dialogar», señaló.

«Oportunismo político». En ese marco, el gobierno procura una solución para el conflicto en Gaseba y claramente volcado a favor del reclamo gremial. Hoy se cumplen 15 días de una huelga de hambre de tres dirigentes sindicales y tres días de ocupación de la oficina central de la firma concesionaria.

La Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) realizó una propuesta a la empresa para que sea contestada hoy jueves y que incluye la reposición de los dirigentes sindicales despedidos (hoy en huelga de hambre), el pago de sus salarios y aportes desde 1999 a la fecha y la firma de un convenio de estabilidad laboral que tenga como base el firmado entre la empresa y los trabajadores en 1995.

Voceros de la compañía, cuya mayoría accionaria posee Gaz de France, dijeron a Búsqueda que la Dinatra sólo trasladó a la empresa la propuesta de los trabajadores, en un gesto de clara inclinación a favor de los dirigentes gremiales, y calificaron la posición oficial como de «oportunismo político».

El director de Dinatra, Julio Baraibar, señaló que existe una diferencia en los plazos para cumplir con las reivindicaciones gremiales entre la propuesta de su dependencia y la del sindicato de Gaseba.

Los sindicalistas pretendían el reintegro inmediato y la firma del convenio sin dilaciones, mientras que la Dinatra extendió este plazo a 40 días, luego de una reunión mantenida ayer y en la que participaron, además de Baraibar, los ministros de Trabajo, Eduardo Bonomi y de Industria, Jorge Lepra, y tres dirigentes del ejecutivo del PIT-CNT.

Mientras el conflicto se desarrolla, hay una negociación en curso entre Gaz de France y la petrolera brasileña Petróbras por la venta de Gaseba, y además el gobierno de Vázquez analiza el cumplimiento contractual desde que se inició la concesión de la distribución de la red de gas por cañería en Montevideo, en enero de 1995.

Representantes de Gaz de France gestionaron una entrevista con Tabaré Vázquez para analizar la situación de Gaseba, dijeron las fuentes consultadas.