Empresarios molestos por respuestas del oficialismo sobre ley de fueros sindicales

Dieciocho gremiales empresariales concurrieron a la Comisión de Legislación del Trabajo para expresar su opinión sobre la iniciativa, que prevé varias medidas para proteger la actividad sindical.

Los empresarios pidieron en la reunión que se conforme una mesa tripartita para discutir el proyecto junto al gobierno y los trabajadores, lo que fue rechazado de plano por los legisladores del Frente Amplio.

El diputado Jorge Orrico respondió a los representantes de las patronales que la «situación política» determina que sea el Parlamento quien defina la cuestión, y no el ámbito grupal que piden ellos.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión, Juan José Bentancor, también de la izquierda, quien dijo que el tema debía resolverse en el Legislativo.

«Quieren trabajar con nosotros como si también fueran gobernantes. En ese caso, esta Comisión ni el Parlamento en general tendrían sentido. Además, aunque se hubiera accedido al pedido de ellos, tampoco dejaría de discutirse: ¿Alguien cree que los parlamentarios vamos a votar a carpeta cerrada una ley como ésta?», se preguntó.

El legislador adelantó que la bancada oficialista pretende que el proyecto se apruebe en el plenario en la última sesión del mes a más tardar.

Los empresarios se retiraron molestos y sienten que no están siendo considerados para la toma de decisiones.

«Estamos desconcertados, porque se instalan instancias de negociación tripartitas pero los temas importantes se resuelven en otro lado», dijo a Últimas Noticias Horacio Castells, de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.

Los ejecutivos pretenden que el Consejo Superior de Salarios sea el ámbito donde, previo a su debate parlamentario, se discuta la ley, además del «compromiso nacional por las responsabilidades y el empleo», creado por la Presidencia de la República para generar consensos en aspectos de política macroeconómica y donde funciona una comisión específica de legislación laboral.

«No puede ser que en esos espacios se discutan temas menores y lo verdaderamente relevante se resuelva en otro lado; al final, nos llaman sólo para la foto», expresó Castells.
Reconoció que el Poder Ejecutivo los cita a negociar «como nunca se había hecho», pero reclamó que los espacios de diálogo anunciados en la campaña electoral y durante la instalación de los consejos de salarios «se cumplan con efectividad», porque los empresarios están destinando «muchas horas y esfuerzo» para asistir a los consejos de salarios y para «ayudar» al gobierno.

Por su parte, Ricardo Posadas, presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, y vocero de las cámaras, agregó a este matutino que «no tiene sentido desaprovechar esas instancias» porque el Ejecutivo ha instrumentado canales de diálogo que «deben seguir abiertos». Posadas entiende que el planteo empresarial no implica «desconocer» el rol del parlamento, sino «sumar esfuerzos» de entendimiento.

DE FONDO

Orrico solicitó a los empresarios que se pronunciaran sobre el contenido de la iniciativa, ante lo que manifestaron importantes discrepancias de fondo.

Entienden que el proyecto viola las disposiciones constitucionales al invertir la carga de la prueba, es decir, que el empleador deba demostrar que el despido de un trabajador fue por razones justificadas y no por persecución sindical, disposición que se hace retroactiva al primero de marzo.

«El trabajador que sea despedido a partir de ahora dirá siempre que estaba armando un sindicato, la ley consagra lisa y llanamente la inamovilidad de los empleados privados por la vía de los hechos», expresó Castells.

Otro de los aspectos que preocupa a los empresarios es que el proyecto dispone la creación de un registro de empresas que hayan despedido personal abusivamente, las que no podrán presentarse a las licitaciones del Estado mientras estén en esa condición.

«Volvemos a las épocas donde había una lista negra de personas y de empresas», opinó Castells.

El empresario cree que el gobierno «no entiende que sin empresas no hay país» y que la ley de libertad sindical es una «mala señal» para la inversión privada.

«Eso lo percibo todos los días en conversaciones con empresarios nacionales y extranjeros que pensaban instalarse en el país pero que decidieron dar marcha atrás», indicó Castells.
«Por primera vez desde la crisis espantosa de 2002 subió el desempleo y eso tiene que ser una señal muy fuerte», agregó.