Empresarios rechazan índice de productividad salarial.

Los trabajadores y empresarios coinciden en que las negociaciones en los consejos de salarios de los 89 grupos cuyos convenios vencieron el 30 de junio, pasan por un letargo porque aún no se ha definido una fecha de cierre de las conversaciones. «Se está discutiendo puntos y comas y no se avanza», confesó a El País un importante funcionario del Ministerio de Trabajo.

A esto se suma que las cámaras empresariales ven «falencias» en el informe de productividad sectorial. La inclusión del concepto de productividad fue la novedad de la ronda de negociaciones colectivas.

El índice se construye en base a las variaciones de las declaraciones juradas de las empresas ante la DGI y a las nóminas de personal inscripto en BPS. La idea del gobierno era que con esa información se llegara a acuerdos con mayor velocidad y elementos «veraces».

«Estamos preocupados, nos llama la atención la calidad del índice, hay aspectos metodológicos que no terminamos de entender y notamos una gran inconsistencia por lo que será muy difícil que sea de utilidad para las negociaciones», manifestó el asesor jurídico de la Cámara de Comercio y Servicios (CNCS), Juan Mailhos.

Además señaló que no está clara la metodología con la que se llega a los números finales. «Hay sectores en los que aparecen muy pocas empresas relevadas y en otros aparecen demasiadas», señaló Mailhos y agregó que se debería estudiar una fórmula para negociar en base a otros parámetros.

Para el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Diego Balestra, el índice tiene «incongruencias» y no es «consistente» con la evaluación económica que hacen las propias empresas. El empresario señaló que no se tuvieron en cuenta los sectores mixtos, que además de la industrialización, realizan importaciones.

«Hay una distorsión muy grande entre lo que es venta y producción. Eso no aparece desglosado porque toma las ventas totales», manifestó el presidente de la CIU.

El director de Trabajo, Luis Romero, dijo días atrás que las partes no están obligadas a tomar esos datos para definir las negociaciones.

No obstante, para la parte empleadora la puesta en conocimiento de esa información implica que cuando los datos sectoriales «dan bien», se asumen como tal y provocan una «distorsión» en las expectativas.

«Es fácil decir que los datos no se tengan en cuenta mientras el gobierno no define qué posición va a asumir cuando en esta vuelta no hay homologación», se quejó Balestra.

Mencionó que los sindicatos están reclamando incrementos salariales que las industrias no pueden asumir. «Nuestros negociadores están recibiendo planteos que están fuera de la realidad nacional. Han solicitado aumentos del 10% real de salario cuando el sector industrial paga los mejores salarios», sostuvo Balestra.

Fuentes empresariales pusieron como ejemplo de los problemas del índice de productividad que para el sub grupo «casas centrales de redes de cobranza y pagos» se tomó la información de tres empresas cuando el mercado nacional es liderado por dos firmas.

En ese caso se verifica un crecimiento del 39,07% y un incremento del 22,98% del personal ocupado en el año móvil. Ambos datos arrojan una variación interanual del 13,07% que sería el valor de referencia para los negociadores.

Por su parte, el coordinador de la asesoría económica de la DGI, Gustavo González, mencionó que junto a técnicos de BPS y el Ministerio de Economía resolvieron agrupar la información con los criterios que aplica el Ministerio de Trabajo.

«La queja no es generalizada, la devolución que nos hicieron los negociadores del Ministerio de Trabajo fue que en la mayoría de los casos los encontraban como razonables», aseveró el funcionario.

González dijo que hay sectores puntuales que no pudieron ser relevados.