Empresarios se apoyan en la OIT para forzar nuevo marco laboral.

«Teníamos razón», reflexionó el asesor de la Cámara de Industrias, Gonzalo Irrazábal. Esa frase pinta la sensación de victoria que tienen los empresarios luego del pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que recomienda al gobierno reabrir el diálogo tripartito para evaluar cambios a la ley de Negociación Colectiva, resistida por los empresarios.

Del otro lado de la mesa, el Pit-Cnt está alerta ante la «ofensiva» de las cámaras que reclaman cambios a la ley. La central obrera pretende que la norma, por la que tanto bregó en el año electoral, no sufra cambios y menos aún a poco del inicio de la ronda salarial, la cual se erige sobre este marco jurídico.

Más allá de las expresiones de apertura al diálogo, las partes tienen visiones antagónicas y con ese ánimo se encaminan al ámbito tripartito al que convocará el MTSS, aún sin fecha definida. Mientras, los empresarios hacen su movida.

Irrazábal fue uno de los oradores de un foro organizado ayer por la Cámara de Comercio (CNCS) y la Cámara de Industrias (CIU) en la Bolsa de Comercio, en el que expertos y empresarios hicieron su balance de la resolución de OIT.

Sobre la ley de Negociación Colectiva, el Comité de Libertad Sindical de la OIT propuso al gobierno que, «en consulta» con trabajadores y empresarios, «tome medidas para modificar la ley».

Ayer, Irrazábal señaló que la ley nació «renga» pues la consulta a los empresarios no fue «franca», ocurrió fuera de tiempo e incluso dudó que fuera de «buena fe», como pide la OIT.

Los reparos no atendidos que los empresarios efectuaron desde que la ley sólo era un proyecto, llevaron a elevar una queja a la OIT, proceso que terminó con esta recomendación conocida en marzo.

«Nos presentamos porque nos cansamos de que no se recogieran» los aportes del empresariado. «Nos vimos forzados a presentar este recurso», insistió Irrazábal.

El asesor de la CIU criticó el «mayor peso» del Poder Ejecutivo en el Consejo Superior Tripartito, ya que cuenta con nueve miembros, mientras que empresarios y trabajadores tienen seis representantes cada uno. La OIT sugirió que el Consejo tenga el mismo número de delegados para las tres partes y designe además un «presidente independiente».

El papel de este órgano de «gobernanza» de las relaciones laborales es otro factor cuestionado por los empresarios, que entienden que las potestades del Consejo conllevan un «intervencionismo» estatal en las relaciones laborales. Así, el Consejo Tripartito se convierte en un «organismo todopoderoso» que contraviene la negociación «libre y voluntaria» que promueve la OIT, dijo Irrazábal.

Discrepó además con la posibilidad de negociar condiciones de trabajo en los Consejos de Salarios, donde se definen mínimos y categorías.

El abogado Leonardo Slinger, del Estudio Guyer Regules y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y de la Universidad de Montevideo, reclamó que los gremios tengan personería jurídica para que sean responsables en caso de que violen la reserva de la información que reciban de una empresa, como contempla la norma.

Slinger criticó la ultraactividad de los convenios una vez que caducaron y el que, en caso de ausencia del sindicato de base en una empresa, la representación de sus trabajadores corresponda al gremio de rama y no a delegados del personal.

Exigió también regular a los gremios y la huelga e insistió en la derogación del decreto que rige las ocupaciones.

Sobre este punto, la OIT entiende que «la huelga y la ocupación del lugar del trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma».

Nelson Larrañaga, director del Departamento Laboral y seguridad Social de Ferrere Abogados, planteó que las ocupaciones deben «desaparecer del panorama laboral». Para ello exigió la derogación del decreto que regula esta acción sindical.

El experto también refutó los argumentos del gobierno y el Pit-Cnt que presentan esta medida como una extensión del derecho de huelga.

Larrañaga opinó que «la llave de la paz laboral la tiene el gobierno que tiene que dar el mensaje que las ocupaciones no tienen cabida en el derecho nacional». Instó asimismo en que los sindicatos «atemperen» sus medidas y las apliquen, llegado el caso, de forma gradual. Recomendó en tanto a los empresarios promover un «diálogo fluido» con los trabajadores.

El ex director de OIT para América Latina y el Caribe, Daniel Martínez, apuntó que si bien la resolución de OIT no es vinculante, sí existe una «vinculación política y moral» cuyo incumplimiento sería destacado en informes posteriores de ese organismo, «algo que no les gusta a los gobiernos».

El cierre estuvo a cargo del asesor de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos, quien dijo que la ley «será legítima pero carece de legitimidad social». Para Mailhos, los cambios son necesarios porque «la ley no ha aprobado el examen».