Empresarios temen perder dos a uno en los consejos de salarios

Los empresarios miran de reojo la convocatoria a consejos de salarios y el establecimiento por ley de un marco de negociación colectiva que llevará adelante el próximo gobierno. En el discurso público, muchos sostienen que las instancias de negociación contribuirán a mejorar las condiciones del mercado interno y a impulsar la productividad. Pero en privado. o tan sólo yendo un poco más a fondo, se muestran mucho más reticentes y temen que las negociaciones salariales sean un campo de batalla en la que la alianza de dos partes –el Estado y los trabajadores– les garantice siempre el triunfo sobre la tercera –los dueños de empresas.
Es que en las cabezas de los empresarios resuena aquella frase que pronunció el futuro ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, en relación a los consejos de salarios: “soy consciente de que la balanza se tendrá que volcar para algún lado, y yo voy a poner el dedo en el platillo de los trabajadores”. Los consejos de salarios son una instancia tripartita en la que las decisiones se toman por mayoría simple, de acuerdo al artículo 14 de la ley 10.449 del 12 de noviembre de 1943 (ver recuadro).

Además, desde buena parte del sector empresarial los consejos de salarios son vistos como un mecanismo que impondrá rigideces al mercado de trabajo que, a la larga, causarán un incremento de la informalidad. No les preocupa tanto que se vayan a fijar salarios más altos, sino que muchas firmas –sobre todo Pymes y empresas del interior del país– queden afuera de las negociaciones y se incremente el trabajo “en negro”.

Para el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Washington Burghi, lo que debería haber es “un salario mínimo por rama, obligatorio, a partir del cual se realizaran negociaciones a nivel de cada empresa”. Sostuvo que de esta forma se conseguiría contemplar la diversidad de situaciones de las firmas dentro de una misma rama.

Burghi dijo que es bueno que se cite al diálogo de gobierno, empresas y trabajadores, pero afirmó que “necesitamos un marco legal para sentarnos a conversar”, y abogó por un aggiornamiento de la ley que rige los consejos de salarios.

Pero la presidenta de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEU), Elvira Domínguez, dijo que la gremial está “conforme” con los consejos de salarios, ya que contribuyen al “desarrollo productivo del país”, sin ser una “receta única para cada sector”.

“Los aumentos de salarios vuelcan más plata al mercado interno, y eso mejora la rentabilidad de nuestras empresas”, señaló.

A su vez, el presidente de la Cámara de Transporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu), Luis Sanmartín, dijo que “es bueno que las reglas del juego sean claras para todos”. Expresó que “entre todos tenemos que empujar y sacar adelante a las empresas”.

Para el sector de la construcción –junto con la salud y el transporte– los consejos de salarios no son ninguna novedad. Al tratarse de sectores tarifados, los sucesivos gobiernos entendieron que los consejos de salarios debían continuar y así lo hicieron desde 1985. El presidente de la Cámara de la Construcción, Eduardo Apud, señaló que la negociación “ha servido para mantener una relación madura entre empresas y empleados”, aunque se abstuvo de opinar cuál sería el efecto de los consejos salariales en otros sectores.


Negociación colectiva. La intención del próximo gobierno es establecer una ley marco que promueva la negociación colectiva, que indique las reglas de juego para que las partes –empresarios y trabajadores– negocien sus convenios concretos. La idea es que haya negociaciones tanto en el ámbito privado como en el sector público.

La CIU aspira a que esa ley constituya un “marco que nos dé confianza y credibilidad”, sostuvo Burghi, quien agregó que se espera que la norma incluya “solución de controversias, cláusulas de paz, establecer el principio y el fin de lo que se negocia”.

El asesor jurídico de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos, fue en la misma línea al afirmar que “la negociación colectiva debe contribuir a las certezas jurídicas, ya que de otra forma afectaría el clima de las relaciones laborales”.

Pero para contribuir a las certezas “la negociación debe ser libre y voluntaria”, sostuvo Mailhos, criticando la obligatoriedad de la negociación colectiva porque “desnaturaliza el objetivo de este mecanismo” y sólo contribuye a distorsionar las relaciones laborales.

La negociación colectiva fomenta el diálogo social, pero hasta ahora se sabe muy poco de lo que piensa hacer el futuro gobierno y no se puede estar en acuerdo o desacuerdo con algo que no tiene forma, dijo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Fernando Mattos, opinó que la negociación colectiva es “un ejercicio positivo si se respetan determinadas condiciones”.

Señaló que es necesario que los interlocutores sean realmente representativos, que haya condiciones de neutralidad, que la negociación sea trasparente, disipando la desconfianza y sin que el Estado actúe de forma tendenciosa. “Si el árbitro flecha la cancha la cosa no funciona”, indicó. Agregó que la obligatoriedad de la negociación colectiva es poco favorable.