Empresarios unirán fuerzas contra decreto de conflictos y ocupaciones

Los empresarios uruguayos seguían sin digerir la aprobación parlamentaria, en las últimas horas de 2005, de la ley de libertades sindicales, cuando el gobierno apostó por un decreto de prevención de conflictos que legaliza ocupaciones de lugares de trabajo, vigente desde el viernes. Ahora, rumiando desconfianza y alarmados por la evolución del conflicto en la textil Dancotex, organizaron una reunión en la que más de una veintena de patronales consensuarán los términos del rechazo sectorial a la repudiada norma.
Su inminente impugnación fue adelantada días atrás por autorizados voceros de las cámaras de Comercio e Industria, que asumieron así la avanzada del rechazo de los empleadores a una norma que consideran violatoria del derecho de propiedad. Ayer la Asociación Rural (ARU) también resolvió impugnar el decreto.

Fernando Mattos, presidente de ARU, resumió anoche el sentir de las patronales hacia la cuestionada norma: “No contempla las aspiraciones del sector empresarial porque permanecen principios que rechazamos por inconstitucionales”, dijo.

“Se está afectando el derecho a la propiedad privada, como el derecho al trabajo de aquellos que eventualmente no adhieran a una medida de lucha”, afirmó. “Estamos asumiendo posiciones riesgosas respecto a lo que es el clima de inversiones que tanto se necesita para impulsar el crecimiento del país, afrontar los problemas de desempleo y los de pobreza y miseria”, advirtió.


Caso bisagra. El cuadro de las relaciones obrero-patronales se vislumbra cada vez más delicado tras el caso de Dancotex. En esa textilse sucedieron la instalación de una guardia gremial en el predio de la planta; el pedido del propietario, Daniel Soloducho, a la Justicia para que dispusiera el retiro de maquinaria que le es indispensable en Colonia; la orden en ese sentido de la magistrada actuante y la posterior obstaculización de su ejecución por una movilización sindical; la recusación de la jueza por la organización obrera y, finalmente, la renuncia de la magistrada al complejo caso, que recayó en otra sede laboral (ver nota aparte). Mientras tanto, la fábrica sigue parada y ocupada.

En ese marco, en el cónclave empresarial fijado para mañana miércoles, que tendrá lugar en la sede de ARU, los dirigentes de las cámaras abordarán un temario breve pero consistente: el decreto de prevención de conflictos; el curso de los acontecimientos en torno a Dancotex; y la vinculación de ambos ítems con la participación de los empleadores en los Consejos de Salarios.

El Observador supo que en el seno de la Cámara de Industria (CIU) existen corrientes que ponen en cuestión la conveniencia de asistir a las negociaciones de la segunda ronda salarial. Pero altas fuentes de la gremial salieron ayer al cruce: “Quizá haya algún industrial que pueda pensar que ese es el camino. La CIU no ha analizado esa eventualidad, ni ha resuelto proceder de tal o cual modo, ni lo transmitiría al gobierno a través de los medios si esa fuera su forma de pensar en este tema”, indicaron.

Mientras, Mattos fue enigmático cuando El Observador lo consultó anoche acerca de la permanencia de la ARU en los Consejos de Salarios. “Eso se evaluará oportunamente y el miércoles tras la reunión de las cámaras empresariales lo manifestaremos”, dijo. Y agregó: “No hemos tenido mucha suerte en los Consejos de Salarios en el ámbito rural, nuestra participación ha sido figurativa y no se ha tomado en cuenta la posición empresarial”.


Otra ocupación. Para empeorar las cosas, el viernes se inició una nueva ocupación en una fábrica de alambres de Canelones, en la que cerca de 80 trabajadores tienen 49% de las acciones. El comité de base de Enticor, tal el nombre de la firma, se movilizó en rechazo al envío a seguro de paro de 10 obreros, decisión adoptada por el accionista mayoritario que controla la unidad económica.

En la Unión de Trabajadores Metalúrgicos, que respalda la movida de los operarios canarios, se entiende que la administración de Enticor violó el convenio colectivo del sector que paradójicamente incluye un sistema de prevención de conflictos similar al flamante decreto del Poder Ejecutivo.

POR ERNESTO ALAZRAKI DE LA REDACCIÓN DE EL OBSERVADOR