Empresarios vuelven a la OIT a denunciar omisión del gobierno.

POR LEONARDO LUZZI DE LA REDACCIÓN DE EL OBSERVADOR

Los empresarios de Uruguay volvieron al ámbito de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), esta vez para presentar una queja contra el gobierno por no tomar en cuenta las observaciones realizadas por ese organismo contra la ley de negociación colectiva y el decreto que reguló las ocupaciones. Denunciaron además que el gobierno convocó bajo esa norma a los Consejos de Salarios –la mayoría están hoy sin avances concretos– y advierten que se negocia en un ámbito de «incertidumbre jurídica» que puede afectar los convenios que se logren.
Los empresarios piden que una «Misión de Contacto Directo» llegue a Montevideo para apoyar los cambios que impulsan.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios, presidida por Alfonso Varela, la Cámara de Industrias, que encabeza Diego Balestra, junto a la Organización Internacional de Empleadores, presentaron en Ginebra, con fecha 23 de setiembre, una nota donde denuncian que la administración de José Mujica incumplió las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT y además que convocó a la actual ronda de salarios al amparo de la cuestionada ley número 18.566.

Según el texto, al que accedió El Observador, la delegación empresarial recordó las sugerencias del comité referidas al derecho de huelga y la ocupación que según el organismo debe respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas así como el derecho de los empresarios a entrar a sus instalaciones (ver apunte). Asimismo, promovió la negociación voluntaria entre las partes «sin injerencia de las autoridades públicas».

Los empresarios de Uruguay aclaran que concurren a la negociación colectiva por «acatamiento a la ley» pero «con fundada preocupación». Fuentes de las cámaras dijeron a El Observador que «comparecer» a dialogar en los Consejos de Salarios «no es legitimar» la ley.

Afirman en la carta que «la demora en modificar la norma trae como inmediata y perjudicial consecuencia la incertidumbre jurídica para los convenios que se suscriban al amparo de una ley cuestionada por el sector empresarial de Uruguay, observada por el Comité de Libertad Sindical y donde el gobierno ha manifestado erráticamente su mera intención de analizar su modificación. Sin duda esto constituye un obstáculo para la concreción de acuerdos que cumplan el objetivo del mejor desarrollo de las relaciones laborales».

Otras de las recomendaciones que había recibido el Poder Ejecutivo refería a la «reserva» que las partes deben tener en el intercambio de información durante la negociación. Los empresarios se quejan de que la información está siendo requerida sin que el gobierno haya cumplido con «velar por el respeto a ese principio».

Otro de los pedidos que llegaron desde la OIT refiere al número de integrantes del Consejo Superior Tripartito donde se propone igual cantidad de miembros para trabajadores y empleadores, punto que hoy no se cumple y el gobierno tiene la mayoría en ese ámbito. Sobre el particular los empresarios remarcaron que «preocupa la injerencia del gobierno» que incide en las decisiones del Consejo.

También reclaman que no hubo discusión entre empleadores y Poder Ejecutivo sobre la duración de los convenios colectivos.

En la carta dirigida a Juan Somalia, director general de la OIT, los empresarios señalan que la «ausencia de consultas francas» por parte del Ejecutivo para cambiar la ley 18.566 «pone de manifiesto la verdadera intención del gobierno del Uruguay que se traduce en una injerencia y un dirigismo de la negociación colectiva en clarísima violación de principios rectores establecidos por el Comité de Libertad Sindical».