Empresas esperan andanada de reclamos por ley de consumo.

Para muchos es un gran paso. Para otros, una amenaza. Mientras los consumidores uruguayos se verán beneficiados con la nueva norma que los habilita a reclamar ante un servicio prestado de forma incorrecta, empresarios se quejan ante la inminencia de avalancha de reclamos y cuestionan la ley.
“Es una norma más que se basa en la presunción de que los empresarios son todos vivos, que tratan de embromar a la gente”, dijo a El Observador el presidente de la Cámara de Comercio, Alfonso Varela.

Además, agregó que la ley “presenta dudas con respecto a si existen garantías del debido proceso”, ya que no concede la posibilidad de apelar la sentencia. Por otra parte, el jerarca aseguró que la norma “va a fomentar la informalidad, porque se vuelve a controlar siempre a los mismos”, en referencia a que “un feriante que vende en la calle, no va a ser sometido a juicio”.

Sin embargo, descartó la posibilidad de tomar medidas. “Ya estamos vacunados. El proceso de medidas contra las empresas y la actividad seria es tan permanente y tan violento que ya no sabemos si bajar la guardia o decir que hagan lo que quieran”, sentenció.

Reclamos. Los empresarios ya empezaron a consultar a estudios jurídicos sobre la nueva ley y sus consecuencias.

“Uno de los efectos previsibles es que aumente la cantidad de reclamos, porque es mas fácil, más rápido y menos costoso para el consumidor”, explicó a El Observador la abogada y socia del estudio Ferrere, Sandra González.

Señaló que a las empresas se les plantea el tema del “riesgo reputacional” que la llegada de cantidad de reclamos puede traer, y que una de las mayores preocupaciones es que en el proceso establecido en la norma, “cuando se privilegia la rapidez, se deja de lado ciertas garantías”.

Además, indicó que el tema para los empresarios “va más allá de lo económico”, ya que “cuando hacen las cosas bien, seguramente no van a tener que hacer ningún resarcimiento”, pero dijo que “tendrá el costo de ir a las audiencias, preparar la prueba, y todo lo que implica el nuevo proceso”.

Según González, una de las grandes preocupaciones de las empresas tiene que ver con “cómo enfrentar lo que se puede transformar en más procesos judiciales, con menos garantías que en un proceso normal”, entre las que mencionó la imposibilidad de recurrir la decisión del juez.

Cómo era. Sin embargo, hay quienes defienden la medida a capa y espada. El director de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas, Fernando Antía, destacó la importancia de la nueva ley y aseguró a El Observador que la norma “adapta al país a prácticas de otros países del mundo que tienen juzgados especializados en pequeños casos”.

Antía explicó las instancias para resolver las diferencias entre consumidores y proveedores: la primera es el reclamo directo ante el proveedor. Si esto fracasa, se puede acudir al Área de Defensa al Consumidor, “que intenta una mediación informal entre las partes”, y las personas pueden plantear su problema personalmente, vía mail o a través del 0800 7005.

Si el conflicto no se resuelve, “se puede pedir una audiencia de conciliación, se reúnen las partes, y si no hay acuerdo, al consumidor le queda la vía judicial, que hasta ahora era el juicio ordinario”, para el que “había que conseguir un abogado, pagar, y esperar mucho tiempo”, dijo.

El funcionario estimó que crecerá el número de reclamos, pero indicó que en la medida en que la ley se conozca, “todos los actores van a intentar acordar, y es posible que muchas cosas se arreglen antes de llegar a una sentencia”.