Empresas no están listas para aplicar la reforma tributaria

Zaindensztat sostuvo ayer que no existe la preparación adecuada de los contribuyentes como para poner en marcha la reforma tributaria a partir del 1° de enero de 2007 y consideró que entre su aprobación y su aplicación efectiva debería transcurrir al menos entre seis y ocho meses, aunque dijo que el ideal sería un año.

Por su parte, tres tributaristas consultados por El País ayer opinaron que sería conveniente postergar la vigencia del nuevo sistema al menos por seis meses. El objetivo oficial es que entre a regir el primer día del año entrante.

El director de Rentas fue el encargado de cerrar ayer un ciclo de conferencias organizado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco) presentando una disertación con el rótulo:»La modernización de la DGI, ¿afecta a ciudadanos y empresarios?»

PREPARACIÓN. Ante una platea de más de un centenar de empresarios Zaidensztat pidió que levantaran la mano aquellos que ya habían actualizado el software de su empresa para la liquidación de sueldos y a quienes lo habían hecho con su sistema de contabilidad.

Sólo tres manos se levantaron en el primero de los casos, dos de ellas correspondientes a una misma empresa, y una en el segundo.

Con este ejercicio Zaidensztat buscó hacer evidente que a nivel de los contribuyentes aún no están dadas las condiciones para asumir, con un riesgo mínimo, la puesta en marcha de la reforma tributaria que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados con fecha de inicio en el 1° de enero de 2007.

El director de Rentas entiende que aún no están dadas las condiciones, ni a nivel de los contribuyentes privados ni en los mecanismos de registro del propio Estado, como para aplicar una reforma que tiene en una eficiente base de datos su principal pilar de sustentabilidad para minimizar los riesgos de un eventual fracaso.

En el marco de esta reforma impulsada desde el gobierno, el jerarca le explicó a El País que existen trabas muy difíciles de sortear en el corto plazo para su aplicación, como es la falta de una base de datos centralizada e informatizada a nivel del Estado que permita el cruzamiento de datos.

TRIBUTARISTAS. El País consultó a tres asesores de empresas en materia tributaria para saber si tiene la misma visión que Zaidensztat.

Gianni Gutiérrez, especialista tributario de CPA-Ferrere, consideró que «las empresas están al tanto del impacto de la reforma, pero todavía no están preparadas administrativamente (para aplicarla), pero no por falta de voluntad si no porque no han podido hacerlo y no lo harán hasta que el Poder Ejecutivo dicte la reglamentación de la misma».

A su juicio, el texto de la reforma genera «cantidad de dudas», por lo que sería conveniente una postergación en seis meses de la entrada en vigencia como forma de permitir una transición adecuada entre el actual sistema y el próximo.

Según Gutiérrez «las personas físicas no están acostumbradas a tributar y hay mucha cosa para reglamentar».

En la misma línea, Carlos Borba, de Tea, Deloitte & Touche, en la práctica «es bastante inviable» que la reforma tributaria entre en vigencia el 1° de enero.

Borba explicó que a las necesarias reglamentaciones se tendrán que sumar resoluciones de la Dirección General Impositiva. Para el especialista, además, es difícil que para el 31 de enero el Banco de Previsión Social (BPS) esté en condiciones de instrumentar las retenciones del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

«Hay una masa de nuevos contribuyentes. Se calcula que habrá 400.000 contribuyentes del IRPF. Debe haber mucha coordinación entre la DGI y el BPS», recordó. Asimismo, opinó que hace falta un esfuerzo de difusión entre los no residentes respecto a en qué situación tributaria quedará cada uno.

«Casi seguramente la reforma va a entrar en vigencia el 1° de julio. Quizás lo ideal sería el 1 de enero de 2008 pero el gobierno ha hecho una apuesta importante y seguramente va a optar por el 1° de julio», opinó.

Sergio Franco, de Price Waterhouse, opinó que «llegar se puede llegar, pero parecería más lógico no incurrir en ese sacrificio».

«Hay que reglamentar todos los aspectos vinculados a la liquidación del IRPF, encarar una etapa de difusión y construir bases de datos. Las empresas y el Estado tienen que digerir la reglamentación y lo más razonable es que se aplique el 1° de julio con las reglas claras», dijo.