Empresas y sindicatos en nuevo instituto de empleo.

El instituto actuará como «persona de derecho público no estatal, de carácter tripartito, con el objetivo de actuar en el ámbito del empleo y la formación profesional del sector privado», según reza la ley que le da origen, aprobada en octubre.

Su misión será la de asesorar al Poder Ejecutivo en materia de políticas laborales con el propósito de fortalecer el pleno empleo, con especial atención a los sectores de la población más vulnerables en el mercado de trabajo. Para ejemplo basta ver que del nivel de desocupación -6,8% en diciembre-, un 63% de ese total corresponde a jóvenes de entre 18 y 24 años. Allí estará uno de los focos de los programas que se desarrollen. También procurará asistir técnica y económicamente (a través de créditos) a los «emprendimientos productivos generadores de empleo decente» así como el desarrollo de investigaciones para consolidar la participación de estos emprendimientos en las cadenas productivas a nivel de todo el país. Eso, gracias a que la iniciativa abarca los 19 departamentos a través de los Comités Departamentales de Empleo y Formación Profesional.

Aunque con los objetivos claros, la iniciativa recién está dando sus primeros pasos. En diciembre pasado, el Ministerio de Trabajo convocó a empresarios y trabajadores para comenzar a delinear las reglas de funcionamiento del instituto, explicó el presidente de la comisión de relaciones socio-laborales de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Dimitrios Linas.

El empresario mostró su preocupación porque el nuevo instituto -que reemplazará a la Junta Nacional de Empleo (Junae)- tomará sus decisiones en base a mayorías y no por consensos. Sin embargo, se mostró cauteloso pues el funcionamiento es algo que se verá «sobre la marcha».

«Nuestra expectativa es que el Instituto Nacional de Empleo funcione mejor que la Junae y nosotros vamos a poner nuestro esfuerzo y colaboración para que así sea», apuntó Linas.

La creación del nuevo organismo fue saludada por los trabajadores. El secretario de Formación del Pit-Cnt, Carlos Cachón, dijo a El País que la creación del instituto es clave para abonar el diálogo social entre los actores de las relaciones laborales. Es por eso que el sindicalista lo define como uno de los principales avances del gobierno en el área, comparable a la aprobación de la ley de fueros sindicales o la reactivación de los consejos de salarios.

Para Cachón el organismo «tiene un desafío muy importante que es ubicar al Uruguay Productivo y a partir de ahí dar un diagnóstico y después hacer el manejo de los recursos que todos los trabajadores y trabajadoras del país estamos aportando». Precisamente, el instituto tiene entre sus potestades la administración del Fondo de Reconversión Laboral (FRL), compuesto por los aportes a porcentajes iguales de empresarios y trabajadores, mediante el cual se financian programas de capacitación, búsqueda de empleo e inserción laboral. Otras fuentes de ingresos de las que dispondrá el instituto serán las partidas generadas por leyes presupuestales o el dinero que reciba como contraprestación por servicios o actividades que pueda ofrecer, dice la ley.

No obstante, los implicados reconocen que aún se está en el proceso de «bajar a tierra» la iniciativa.

Se espera que el Ministerio de Trabajo (MTSS) realice una nueva convocatoria a empresarios y trabajadores para avanzar en la designación del directorio y en los criterios de selección de personal. El Consejo Directivo del instituto -su órgano máximo- tendrá siete miembros a diferencia de los tres que integraban la Junae. La cúpula tendrá un director general que actuará como presidente, dos miembros en representación del Poder Ejecutivo (uno de ellos a propuesta del Ministerio de Educación), dos delegados por el Pit-Cnt y dos por el sector empresarial. Linas explicó que la CIU y la Cámara de Comercio ocuparán esos lugares, mientras que sus suplentes podrían ser del sector rural y de la construcción. El resto de las cámaras empresariales podrían sumarse a otras comisiones de trabajo.

Los directivos, que durarán cinco años en sus cargos con opción a cinco más, percibirán «una retribución mensual equivalente al 70% del salario nominal de los ministros de Estado», dice la ley del instituto.

¿Crisis? En tanto, aunque la crisis financiera internacional amenaza a los distintos sectores de la economía uruguaya, empresarios y trabajadores no temen que la viabilidad del proyecto se vea comprometida.

Para Linas, una situación de recesión puede generar una mayor demanda de la gente para capacitarse y obtener mejores oportunidades de trabajo.

Cachón, por su parte, apuntó que los instrumentos que proporcionará el nuevo instituto permitirán «hacer un diagnóstico claro para saber que las crisis son cíclicas» y, además, evitar «cortar siempre por el lado más fino e ir contra los derechos de los trabajadores». Ello es una confirmación de la demanda de la central sindical para concretar una política de «blindaje social» favorable a los trabajadores. Ni siquiera cree que las definiciones electorales que se avecinan afecten el destino del instituto. «El empleo tiene que estar por arriba de los tiempos electorales», remató.