En fuerte ofensiva antievasión DGI clausurará 69 comercios

El organismo clausurará 69 establecimientos de 50 empresas de rubros como el gastronómico, la venta de ropa, inmobiliarias, alojamiento y mueblerías, anunció ayer a El País el director general de Rentas, Nelson Hernández.

Los cierres se procesarán en la primera quincena del mes próximo.

Hernández dijo que las clausuras ya fueron autorizadas por el Poder Judicial y en su mayoría corresponden a actuaciones del verano de 2007.

Además, la DGI ya prepara lo que será su actuación en el verano donde concentrará los esfuerzos en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

Hernández señaló que los operativos de temporada «van a tener un fuerte acento en una primera instancia en el comercio golondrina», el que sólo se establece por unos meses.

CLAUSURAS. Como forma de que los que incumplen con sus obligaciones visualicen el riesgo al que se exponen, el organismo realizará varias clausuras que estaban en suspenso porque la mayoría de los comercios permanecían cerrados al trabajar solo en la temporada.

De todas maneras, la DGI hará las clausuras antes del comienzo de la temporada turística 2008, porque no quiso «causar un perjuicio desmedido», afirmó Hernández.

Los 69 establecimientos a ser cerrados por un máximo de seis días están ubicados en Montevideo, Colonia, Canelones, Maldonado, Rocha y se incluyó uno en Rivera. Es que se aprovechará la ocasión para concretar clausuras que arrojó el operativo en mueblerías que el organismo realizó en abril.

Allí se llevaron a cabo 68 inspecciones y se encontró que en 13 casos procedía la clausura.

En las 50 empresas cuyos 69 establecimientos serán cerrados, la DGI encontró «irregularidades que hacen presumir la intención de defraudar», aseguró el director de Rentas.

El hecho de que se presuma la intención de defraudar alcanza para que el organismo solicite a la Justicia la clausura. «Se trata de casos en que no hay documentación de las ventas, la documentación es informal o no permite controlar la veracidad de que todas las ventas están registradas o declaradas», explicó Hernández.

«Son infracciones formales que tienen incidencia en el cobro de impuestos», agregó.

Este y otros asuntos, llevaron a que el organismo retrase la puesta en marcha de un operativo de fiscalización a nivel nacional sobre un giro de actividad que la DGI prefiere mantener en reserva para no alertar a los posibles infractores.

Al igual que ocurrió con un operativo sobre barracas en todo el país en agosto, en este caso 140 inspectores saldrán en simultáneo a realizar la inspección sobre un rubro que tiene problemas de tributación.

GOLONDRINAS. La DGI pondrá su acento en los operativos de verano en los comercios golondrina, porque «no sólo perjudican al fisco (no pagando impuestos) sino que también realizan competencia desleal».

Pero también el organismo realizará «inspecciones con mayor profundidad en empresas que veamos que no cumplen con la tributación», afirmó el director de Rentas.

Para los negocios que se establecen por la temporada, los inspectores de la DGI calculan sus impuestos (en base a las ventas que prevea el comerciante) y les piden un anticipo. Si el propietario se niega, puede ser pasible de clausura. En enero de 2007 se dio un solo caso en La Paloma, donde una inmobiliaria se negó a pagar por adelantado y fue clausurada.

Si lo anticipado por impuestos es mayor a lo que efectivamente debió pagar el comerciante, al finalizar la temporada la DGI le devuelve la diferencia. Si lo anticipado es menor, el comerciante debe completar el pago.

Entre enero y febrero de este año, la DGI identificó a más de 300 locales en el Este que se establecen sólo por la temporada.

Además, entre el 14 y el 20 de diciembre del año pasado la DGI había concretado unas 20 clausuras en La Paloma, Montevideo, Piriápolis, Maldonado, Minas y Colonia. Durante el verano 2007 se clausuraron seis establecimientos.

Otras de las actuaciones importantes de la DGI en el verano pasado tuvo que ver con la intervención de las cajas de varios restaurantes en Maldonado porque emitían boletas truchas, según el organismo deben en total U$S 80 millones.