EP-FA: suba del salario mínimo y medidas en OSE y el BHU

Un aumento significativo del Salario Mínimo Nacional (SMN) –hoy en $ 1.310–, será una de las primeras medidas que adoptará el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) a partir del 1º de marzo de 2005, cuando asuma la riendas del gobierno.
Además de esta iniciativa, en la fase inicial de la nueva administración se instrumentarán gran parte de las medidas contenidas en el plan de emergencia social y otras relativas a la reforma del Estado que, en un principio, estarán dirigidas a recomponer el Banco Hipotecario (BHU), a ejercer un mayor control sobre la capacidad financiera de OSE y a implantar la reforma tributaria.

Según informó ayer a El Observador un integrante del equipo económico del EP-FA, todos estos aspectos “se delinearán” a partir de la próxima semana con la supervisación del futuro ministro de Economía, Danilo Astori.

Agregó que ante la diversidad de temas para definir, se determinó un cronograma de trabajo “disciplinado y complementario” que será abordado a través de diferentes comisiones, vinculadas a áreas específicas de la economía, como la cambiaria, la financiera, la de salarios y las comerciales.

Asimismo, dijo que para la segunda quincena de noviembre “seguramente” se completará la plantilla del equipo económico.


Medidas. La decisión de ampliar el valor del SMN, que cumple el papel de índice de ajuste de 11 prestaciones –entre ellas el seguro de desempleo– “ya fue analizada y resuelta”, según informaron las fuentes consultadas.

Se señaló que la nueva cuantificación de este índice estará sujeta “a una base de cálculo razonable, para que no sea resistido por todos los agentes involucrados”, aunque se adelantó que el incremento será “significativo”.

Actualmente Uruguay ostenta el SMN más bajo del Mercosur, “casi la mitad del que tiene Brasil”, recordaron las fuentes.

Respecto al capítulo de reforma del Estado, indicaron que desde el arranque se tomarán medidas orientadas a combatir el gasto superfluo, a fortalecer los controles estatales y a diseñar una nueva escala salarial, con detenimiento en una recuperación de los ingresos de los funcionarios vinculados a los sectores más sumergidos de la esfera pública.

Durante la campaña electoral Astori sostuvo que la recuperación salarial comenzará por los docentes y funcionarios policiales, de la Salud y del Poder Judicial.

Además, se tomarán decisiones para recomponer la salud del sistema financiero estatal, con énfasis en políticas destinadas “a poner de pie” a un Banco Hipotecario que se está “desmoronado”.

Adicionalmente, entre las primeras medidas que se aplicarán surge “la necesidad de mejorar” la capacidad financiera de OSE. El informante dijo que el desafío es corregir el frágil desempeño administrativo del ente, que se traduce “en que hoy factura el 50% del agua producida”.

Por otra parte, la fuente sostuvo que la próxima semana se avanzará en lo referente a la reforma de la estructura tributaria, que implicará una drástica eliminación de gran parte de los 24 impuestos nacionales hoy existentes.

Esta reforma también consistirá en la reinstalación del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas, que terminará por sustituir al Impuesto de las Retribuciones Personales (IRP).

En esta línea, se informó que los integrantes del futuro equipo económico analizaron el proyecto de reestructura de la Dirección General Impositiva (DGI) que diseñó el actual gobierno, al que le encontraron “aspectos positivos y algunos para reconsiderar”.

Entre los puntos rescatables, el informante resaltó que para una mejora del desempeño de esta repartición se hace imprescindible reglamentar el carácter de exclusividad de sus funcionarios, a cambio del pago de un salario acorde al grado de profesionalidad y responsabilidad que se les exige.

No obstante, estableció que una de las grandes tareas será implementar una administración eficiente, adaptada a las transformaciones que se instrumentarán en la composición del entramado impositivo. Para el EP-FA la eficiencia de la administración se logrará con una estrecha y prolija interconexión de la DGI con la Dirección Nacional de Aduanas y el Banco de Previsión Social.