EP pedirá a Batlle que deje decisión sobre futuro de concesiones al próximo gobierno

El objetivo es que la decisión sea adoptada por el gobierno que presidirá Tabaré Vázquez desde el 1° de marzo de 2005.

Los cabezas de lista del Encuentro Progresista acordaron anoche propiciar que la Mesa Política, que se reunirá hoy, pida a Batlle que no tome ninguna decisión respecto al futuro de las empresas. También se pedirá un informe jurídico a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, para que se expida sobre si la norma afecta o no a estas empresas.

En una reunión llevada a cabo anoche entre los principales cabezas de lista de los sectores que obtuvieron representación parlamentaria, a la cual no concurrió Vázquez, se aprobó esta propuesta avalada por el propio Vázquez. En el encuentro, encabezado por el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, participaron José Mujica (MPP), Reinaldo Gargano (PS), Alberto Cid (Asamblea Uruguay), Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), Rodolfo Nin (Alianza Progresista) y Rafael Michelini (N. Espacio). No concurrió Marina Arismendi (Partido Comunista).

Luego del encuentro -desarrollado en la sede del Frente Amplio durante más de dos horas y media, el senador Rubio explicó que la idea es solicitarle al Poder Ejecutivo que «no innove» en la materia y deje que el próximo gobierno actúe.

El EP-FA pretende que se esperen los pronunciamientos jurídicos para que el nuevo gobierno tome sus decisiones a la luz de esos informes y de lo que surja de las auditorías que el gobierno frenteamplista pretende hacer en OSE, para determinar si el organismo está en condiciones de asumir los servicios.

Sobre la situación concreta de algunas empresas como Uragua, que manifestó su intención de retirarse del país, Rubio entendió que no es conveniente que el gobierno decida en las situaciones concretas, «porque ha mostrado un absoluto apresuramiento y, en realidad, hay situaciones concretas distintas», incluyendo a empresas que han «incumplido» contratos, aspecto que también debe ser analizado.

Rubio dijo que el gobierno actuó «apresurado», sin solicitar informes jurídicos y, en los hechos, «favoreciendo intereses de empresas que podrían haber incumplido sus contratos».

El EP no apoyará la ley interpretativa que promueve el Partido Nacional porque no cree conveniente que se haga una ley de este tipo por parte de un Parlamento que será renovado el 15 de febrero «y de una reforma constitucional recién aprobada».

El sindicato de funcionarios de OSE comparte la interpretación del Poder Ejecutivo, en el sentido de que las concesiones ya cayeron y se apresta a resistir cualquier decisión en contrario.

INICIATIVA INDEPENDIENTE El Partido Independiente (PI) resolvió aguardar a conocer la suerte que correrá el proyecto impulsado por algunos sectores blancos orientado a solucionar el diferendo creado a raíz de la reforma constitucional que estatizó la prestación del servicio de agua potable y saneamiento en todo el país, a efectos de promover una iniciativa propia que, incluso, contempla la posibilidad de analizar con otros sectores políticos.

El PI adelantó su intención de poner a consideración del Parlamento un proyecto de ley constitucional -que en caso de ser aprobado por los dos tercios de ambas cámaras, deberá se plebiscitado junto con las elecciones municipales de mayo próximopara introducir una nueva enmienda a la Carta Magna.

El propósito es saldar la situación respecto a las concesiones de servicios existentes hasta el pasado 31 de octubre, cuya continuidad quedó truncada en la medida que el objeto de los contratos de concesión se transformó en ilegal, según interpreta el PI, en sintonía con el pronunciamiento reciente del Poder Ejecutivo.

El ex candidato presidencial independiente, Pablo Mieres, sostuvo que la eventual enmienda que se plantee deberá incluir una cláusula que contemple la situación durante el período que transcurrirá hasta los comicios municipales. «Tendría que tener una disposición transitoria específica, con efectos retroactivos, para dejar sin efecto que los contratos habrían caído al 31 de octubre por aplicación de la Constitución», precisó.

Afirma que ante el problema: «No existe ninguna duda y la solución es modificar nuevamente la Constitución. Todo lo demás es violarla, ya sea una ley interpretativa, como plantea el Partido Nacional, o una ley reglamentaria, como anuncia algún vocero del Frente Amplio».

El parlamentario insiste en que, «no se puede interpretar ni reglamentar en contradicción con lo que establece y manda la Constitución, porque eso es tergiversar la norma. Si se dicta una interpretación en el sentido que los contratos no caen y se reglamenta en el mismo sentido, se está tergiversando la Constitución».

Mieres considera pertinente, «hacer un llamado a la responsabilidad política de los dirigentes que llevaron a votar la reforma sabiendo que tenía problemas». No obstante, aprecia que, «el paso que no se da, por parte del Partido Nacional y del Frente Amplio, es asumir que se equivocaron y que están dispuestos a reformar de nuevo la Constitución para evitar este desquicio. Eso es un elemento insoslayable». Adelantó que «evaluaremos la posibilidad de iniciar alguna conversación» con el Partido Colorado, a raíz del planteo del asesor presidencial Carlos Ramela, y con el senador blanco Francisco Gallinal, ya que ambos admiten la viabilidad de la reforma propuesta por el PI.