Escándalo de las tarjetas de crédito salpica a Lula

Según publicó ayer el diario Folha de San Pablo, al menos dos funcionarios de la seguridad de Lula gastaron en los últimos tres años 149.000 reales (US$ 85.600) con tarjetas de crédito del gobierno en restaurantes, instalación de un gimnasio particular y materiales de la construcción, materiales electrónicos, artesanías y ropa.

La secretaría de prensa del gobierno descartó hacer declaraciones sobre el caso y agregó que esos gastos son secretos.

Pese a ello, hay asesores del presidente que están implicados en el escándalo. Los últimos casos son los de Rawlinson Souza, un ordenanza en el gabinete presidencial, que gastó 5.100 reales (US$ 2.900) en papelería y supermercados en 2007; y el de otro militar que trabajaba con una de las hijas del presidente, que realizó compras por un valor de 55.000 reales (US$ 31.500) entre abril y diciembre de 2007.

La ministra de Igualdad Racial, Matilde Ribeiro, renunció a su cargo la semana pasado luego de admitir que entre los 171.000 reales (US$ 95.000) que gastó con la tarjeta, sólo había compras en un «free shop» y alquileres de automóviles en fines de semana o feriados.

Además de Ribeiro, el ministro de Deportes, Orlando Silva, anunció que devolverá al Estado brasileño los casi U$S 150.000 que gastó con la tarjeta oficial desde que asumió el cargo en marzo de 2006.

Los implicados violaron el decreto presidencial por el cual los funcionarios sólo pueden retirar fondos para uso oficial.

En 2007, el gobierno brasileño desembolsó unos 36 millones de dólares por concepto de gastos con la tarjeta corporativa, casi el doble de las erogaciones en 2006.

COMISIÓN. «El gobierno no realizó ninguna fiscalización sobre el uso de las tarjetas corporativas y las denuncias de irregularidades son preocupantes», dijo el diputado Luis Carlos Hauly del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, opositor). Hauly integra el grupo de legisladores opositores que juntarán firmas para la creación de una comisión investigadora.

El entorno del presidente ha soportado a lo largo de su administración distintos casos de corrupción. El mayor de todos ellos fue el «Mensalao» en que 40 empresarios y políticos afines a Lula (entre ellos su jefe de gabinete, José Dirceu) pagaron sobornos en el Senado para que los proyectos de ley oficiales fueran aprobados. También generaron impactos la «caja dos» y la «mafia de los chupasangre».

A ello se suma la renuncia del presidente del Senado y aliado de Lula, Renan Calheiros, acusado de varios cargos de corrupción que motivaron su salida en diciembre pasado.