Europarlamento dividido vota la ‘Directiva Retorno’

Duramente cuestionada por El Vaticano, la Comisión de Episcopados de la Comunidad Europea y organizaciones de defensa de derechos humanos, la normativa sería aprobada por una mayoría conformada por los conservadores del PPE (Partido Popular Europeo) y los liberales.

Muy divididos ante la «Directiva Retorno» – que establece un período de detención de hasta 18 meses y una prohibición por cinco años para volver a entrar en Europa-, los socialistas proponen varias enmiendas que modifican el compromiso negociado entre la Eurocámara y los 27 países de la UE.

La nueva ley obliga a las autoridades nacionales de los países miembros de la UE a elegir entre legalizar a los inmigrantes ilegales o expulsarlos. Esta expulsión o «alejamiento» -como pretende llamarlo Bruselas- debe ser «dentro de lo posible voluntario», aunque en caso contrario se reconocerá el uso de la fuerza como una necesidad, con la posibilidad de recurrir a un lapso de detención de seis a dieciocho meses.

Para lograr que la propuesta fuese aceptada por la mayoría de los grupos políticos del Europarlamento, los 27 incluyeron una base mínima de ayuda jurídica gratuita para los clandestinos, aunque dejaron abierto el asunto a las particularidades de la legislación nacional de cada Estado miembro de la UE.

El jefe de los liberales, Graham Watson, afirmó que su grupo «va a votar contra las enmiendas y a favor del acuerdo con los 27, que no es ideal pero permite desarrollar una política común» en materia de expulsión de clandestinos. El eurodiputado conservador Manfred Weber también espera que varios socialistas de Alemania, España y Reino Unido apoyen la iniciativa.

El compromiso permite «una política de retorno eficaz y al mismo tiempo colocada bajo un control democrático», indicó el comisario europeo para Inmigración, Jacques Barrot.

Pero estas garantías no son suficientes para los detractores del texto, calificado de «una vergüenza y un insulto a la cultura jurídica de Europa», como dijo el eurodiputado comunista italiano Giusto Catania.

En la misma sintonía, la socialista francesa Martine Roure denunció un compromiso «muy insatisfactorio» con el cual «Europa se encierra», y la eurodiputada de los Verdes, la también francesa Hélène Flautre, atacó «la extensión de las políticas represivas y de corta visión de los Estados miembros» en materia de inmigración.

La «Directiva Retorno» se enmarca en un proceso de organización y endurecimiento de la política migratoria de la UE que se acentuará con la futura presidencia francesa del bloque en el segundo semestre de 2008, con un «pacto europeo» impulsado por París, que tendría como eje un «contrato de integración» que incluye, entre otras cosas, el aprendizaje obligatorio de la lengua nacional para quienes llegan a Europa.