Evo impuso su reforma agraria

Morales promulgó una polémica reforma a la ley agraria que flexibiliza el mecanismo para expropiar latifundios, luego que fue aprobada en el Senado con el apoyo de legisladores suplentes que según la oposición no estaban habilitados para votar.

“Nunca más nuestras tierras tropicales serán motivo de negocio por Internet, de negocio bancario”, afirmó conmovido el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, artífice de la norma.

La nueva ley determina que la tierra debe tener una función económica social que debe ser revisada en plazos no mayores a dos años. Uno de sus artículos expresa que la “expropiación de la propiedad agraria procede por causal de utilidad pública calificada por ley o por incumplimiento de la función económico social”.


Sesión problemática. La agrupación Podemos, liderada por el ex presidente Jorge Quiroga y principal fuerza de oposición, había logrado bloquear desde el 21 de noviembre las decisiones en el Senado de 27 escaños, gracias a sus 13 miembros, a los que se sumaban otros dos de centro derecha.

Pero tres suplentes opositores cambiaron de improviso su posición el martes y –sumados a los 12 del oficialista MAS– aprobaron la ley de tierras.

La oposición, que vio en la actitud de los congresistas una burda maniobra política del gobierno, reaccionó con virulencia a la aprobación de la ley de tierra, lo que puede profundizar aún más un enfrentamiento que también se libra por el control de la Asamblea Constituyente y por un proyecto de fiscalización a los gobernadores.

Ante la nueva situación, Podemos anunció que entablará una batalla legal para revertir lo que consideró una aprobación “anómala” de la legislación.


Resistencia pacífica. De hecho la oposición llamó “a la resistencia civil pacífica” contra la política oficial, resistida por cinco de los nueve gobernadores, y las influyentes organizaciones civiles y empresarios agropecuarios de ocho departamentos.

Los departamentos orientales del país, enfrentados con Morales casi desde el comienzo de su mandato y donde la ley de tierras tendrá su mayor aplicación, expresaron su molestia con la ley.

“El MAS (partido oficialista) ratificó una vez más la vieja práctica política, pues acaba de comprar a tres senadores opositores que han traicionado a sus regiones y sus electores”, dijo Luis Baldomar, asesor de la Confederación Nacional de Agropecuarios (Confeagro). Baldomar calificó de “engendro de la corrupción” la nueva ley.

En ese ambiente caldeado, ocho organizaciones cívicas reiteraron un ultimátum a Morales y amenazaron con una huelga en sus regiones mañana –aunque solo cuatro la ratificaron– si el gobierno no revisa sus políticas en la Asamblea Constituyente, frena la ya aprobada ley de tierras y retira una propuesta de fiscalización a gobernadores.


Evo a fondo. “Ahora termina el latifundio en Bolivia. Tenemos el instrumento para acabar con los terratenientes del oriente”, había proclamado el martes Morales.

En 10 meses de gestión, Morales, un izquierdista cocalero, ha nacionalizado los hidrocarburos, instalado la Asamblea Constituyente, y ahora logra otro de sus objetivos grandes: entregar una ley agraria.

Para Almaraz, el espíritu de la nueva norma es que “no hay propiedad sin trabajo y no hay empresa agropecuaria sin una función económico social”. (Redacción, AP y AFP)