Exigencia gremial postergó el inicio de diálogo salarial

Una exigencia de último momento de los gremios estatales de incluir a todos los empleados públicos en las negociaciones salariales con el Poder Ejecutivo pospuso por 24 horas las aspiraciones del gobierno de inaugurar en la jornada los acuerdos laborales con sus trabajadores.

El inicio del diálogo –previsto para hoy por el decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez el pasado 7 de marzo– se postergó luego de que los trabajadores públicos anunciaran sus aspiraciones de incluir en las conversaciones a los trabajadores municipales y judiciales, según informó a El Observador el secretario general de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López.

El Poder Ejecutivo había convocado para la jornada la instalación de un ámbito bipartito conformado por tres grupos: Administración Central, empresas públicas y servicios descentralizados y entes autónomos de la enseñanza.

El secretario general de COFE manifestó que una delegación sindical concurrirá mañana al Edificio Libertad para plantearle a los representantes del gobierno que “no pueden haber excluídos” en las negociaciones salariales.

Consultado por El Observador, el subsecretario de Trabajo, Jorge Bruni, manifestó que la reunión se suspendió “por razones prácticas“ y que la misma se efectuará mañana a la hora 9.30 en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), ubicada en el Edificio Libertad.

Bruni manifestó que “es posible que sean tres los grupos” que participen en las negociaciones y descartó que se dé participación a judiciales y municipales.

El subsecretario de Estado sostuvo que el Poder Judicial es “autónomo“ al Ejecutivo. En cuanto a los municipales, afirmó que deben negociar con cada jefatura departamental.


Reivindicaciones. Los gremios públicos presentarán mañana una serie de reivindicaciones. Los sindicalistas solicitarán al gobierno aumentos diferenciales en el ajuste salarial previsto para mayo y que se incluyan en la Ley de Presupuesto medidas concretas para recuperar “los ingresos perdidos” durante la administración de Jorge Batlle (2000-2005). Los gremialistas sitúan esa pérdida entre un 25% y un 30%, que pretenden recobrar en cinco años.

Asimismo, los sindicalistas pedirán que se establezcan reglas claras para el ingreso de nuevos trabajadores al ámbito público y que se regularicen las tercerizaciones que efectúa el Estado.


Administración central. El secretario general de COFE será uno de los delegados en el grupo de la administración central. El sindicalista dijo que en mayo deberá haber ajustes diferenciales para los funcionarios privilegiando a quienes ganan menos.

COFE presentará a las autoridades tres fórmulas de aumento: partidas fijas de acuerdo a una pirámide inversa (mayor monto para quienes ganan menos, menor cantidad para los que tienen ingresos mayores), porcentajes diferentes o un sistema mixto.

“A partir de ahora nadie puede perder salario”, expresó el secretario general de COFE. En ese sentido, la base del aumento debe ser el 100% del Índice de Precios al Consumo del último semestre.

López manifestó que el gobierno deberá establecer medidas en el próximo presupuesto para lograr la recuperación salarial de los trabajadores e introducir una reforma de la estructura de los sueldos que cumpla la premisa “a igual tarea, igual remuneración”.

“Nosotros queremos que el chofer de una ambulancia de Salud Pública, gane lo mismo que un chofer del Ministerio de Economía”, declaró.

En ese sentido dijo que el Poder Ejecutivo debe igualar hacia arriba para que en el largo plazo exista un mínimo salarial de $10.000. El sindicalista advirtió que, en el caso de que el gobierno no dé señales claras que apunten a la mejora de las remuneraciones de los trabajadores, el gremio “saldrá a la calle para hacer sentir sus reclamos”.

Para López es “una cuestión muy importante” que se convoque a los trabajadores para negociar, pero dijo que en COFE hay muchas dudas sobre los resultados que se obtendrán en este ámbito.


Entes. El dirigente del gremio de UTE, Julio García, será uno de los negociadores de parte de los trabajadores en el grupo de los entes. Dijo que en el mediano plazo los trabajadores deben recuperar “el salario perdido” durante el gobierno de Batlle, que ronda el 25%.

García expresó que transmitirán al gobierno que se establezca un Consejo Superior de Salarios del ámbito público para discutir temas comunes de todo el sector. Uno de los puntos es establecer una regulación de las tercerizaciones estatales. “El Estado no puede ser el primer desregulador”, dijo.

Para García es necesario adecuar los criterios de contratación de personal. “En algunas dependencias hay personal excedentario, mientras que en otros existe una notoria falta de funcionarios. Es necesario definir reubicaciones dentro de las empresas públicas”, declaró.

Asimismo, García planteará regularizar a los becarios y definir los criterios para nuevos ingresos. Dijo que, por lo menos, los trabajadores contratados deben ganar como mínimo el salario base del funcionario que pasará a sustituir.


Enseñanza. Por su parte, los sindicatos de la enseñanza pública llegan a esta instancia con una serie de reclamos que abarcan recuperación y aumento salarial, además de cuota mutual para los profesores de Secundaria y Educación Técnico-Profesional. Sólo los maestros cuentan con ese beneficio.

Andrés Olivetti, dirigente de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu), dijo a El Observador que ese sindicato aspira en lo inmediato a recuperar pérdidas salariales que estimó en un 17% desde 2002. Según Manuel Oroño, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes), aún resta negociar si ese aumento será porcentual sobre el sueldo o mediante una partida fija, hasta que se apruebe un nuevo presupuesto.

Afutu y Fenapes reclamarán también que en cinco años, el sueldo mensual de un docente del primer grado escalafonario ascienda a media canasta básica–unos $13.000 – por 20 horas semanales de trabajo.

Además, al igual que los maestros, consideran que los ascensos en la carrera docente no se reflejan en un aumento salarial, y aspiran a que los sueldos se diferencien en un 8% entre un grado escalafonario y el siguiente. Otros reclamos son los de ajustes de sueldo cuatrimestrales, y que se otorgue cobertura mutual a los profesores.

La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Teresita Capurro, dijo que su sindicato aún debe avanzar en los puntos a presentar. Se hará hincapié en que la enseñanza alcance en forma gradual un presupuesto equivalente al 4,5% del Producto Bruto Interno.