Existen dudas sobre el alcance que tendrá la rebaja de precios. Problema.

Dentro de la cadena cárnica existe «incertidumbre» sobre si el acuerdo al que se llegó con el gobierno de vender paquetes de medio kilo de carne picada congelada a $ 29 al público tendrá impacto en la reducción de costos para las familias.

Los carniceros dicen que la venta de este tipo de mercadería en la mayoría de los casos implica que se deba pensar si conviene invertir en la compra de un freezer para mantener el frío para esta mercadería o no.

El presidente de la Asociación de Carniceros, Germán Moller, dijo a El País que cada negocio deberá «evaluar» si conviene la inversión cuando se está frente a un producto nuevo en el mercado que sólo estará a la venta por seis meses.

A esto se le suma que «no todas las plantas están hoy en condiciones de preparar la picada congelada», dijeron a El País fuentes de la industria frigorífica.

Las fuentes explicaron que se requiere de una picadora de carne y una lugar específico para refrigerar la carne porque las condiciones higiénicas son «más severas». Asimismo, agregó que «hay cierto temor en hacer inversiones porque el decreto es solamente por seis meses. Todo dependerá de cómo evolucionen las ventas».

Por otra parte, el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Hebert Falero, dijo que en el país «no existe la cultura de consumir carne congelada». Lo mismo ocurre con el peceto que si bien se reducirá en 20% no tiene gran demanda, según los carniceros.

CANASTA. Pero la incertidumbre sobre el impacto que tendrá la rebaja para los consumidores va más allá de la carne.

Un dato no menor es que los supermercados cuentan solo con un 35% del mercado por lo que la resolución solo se extendería a ese segmento.

En el otro extremo están los autoservicios que representan el 22% de las ventas, almacenes tradicionales el 18%, kioscos, 15%, farmacias 8% y minimercados 2%, según datos de las consultoras de consumo.

El presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Mario Menéndez, dijo a El País que los pequeños y medianos comerciantes «están a la espera» para ver cuál es la lista de precios que ofrecen los supermercados, para luego definir los pasos a seguir.

A partir del 1° de febrero las grandes superficies ofrecerán una canasta de 110 productos entre alimentos, bebidas y ar- tículos de limpieza con una rebaja de 10% en promedio. En todos los casos el presidente de la Asociación de Supermercados, Fernando Vieites, dijo a El País que se trata de marcas no vinculadas a los negocios.

Según Menéndez, si los supermercados acuerdan con las marcas bajar ciertos productos los pequeños comerciantes estarían «subsidiando» el precio y además tendrían un «perjuicio» en la ventas. «Ellos -por los supermercados- corren con más ventajas para negociar», indicó. Asimismo, dijo que por ahora no han mantenido un encuentro formal con el Poder Ejecutivo para plantear esta problemática.

Consultado sobre el tema, el coordinador del Área de Políticas Productivas y Comerciales de OPP, Juan Manuel Rodríguez, dijo a El País que «el gobierno no fue el que planteó la propuesta de rebaja en los 110 artículos, sino que fue una propuesta de los propios supermercados que fue vista como positiva» a los efectos de controlar la inflación.

Asimismo, Rodríguez indicó que Cambadu tiene «herramientas» para plantear propuestas como las que plantearon las grandes superficies y que no tiene por qué sentirse «discriminado».

Previo a presentar la propuesta de rebaja de 110 productos, los supermercados negociaron con Economía que postergue la designación de las grandes superficies como agentes de retención de sus proveedores.

A partir del 1° de febrero los supermercados debían retener el IVA de parte de los grandes proveedores algo que ahora se aplazó para comienzos de abril.