Expertos cierran filas en contra de la identificación de accionistas.

No hay nada que cambiar», dijo elevando el tono el ex presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Alfonso Varela, hablando desde el público como «un empresario indignado» por el proyecto de ley que elevó al Parlamento por el Poder Ejecutivo, que busca satisfacer la exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de eliminar el sistema de acciones al portador, al tiempo que le concede mayores potestades a la Dirección General Impositiva (DGI). Presagió una huida de capitales argentinos y el fin del «Uruguay productivo». Minutos atrás, era uno más de los oyentes de un auditorio repleto de empresarios, contadores y abogados que escuchaban a otros empresarios, contadores y abogados hablar de tributación. Durante el espacio de preguntas, sin embargo, se adueñó del micrófono y recibió el aplauso y la aprobación del auditorio que superó a la prodigada a los propios conferencistas. En la sala de actos de la Bolsa de Valores de Montevideo, la Cámara de Comercio y Servicios reunió a los principales referentes locales en tributación internacional para debatir la iniciativa oficial de modificación del régimen de acciones al portador. El proyecto de ley faculta a la DGI a identificar a los accionistas locales y extranjeros que participan en sociedades uruguayas bajo ese régimen. La opinión entre los expertos fue unánime: el Poder Ejecutivo fue demasiado lejos en el proyecto, más de lo que exige la OCDE, más de lo que se estila a nivel internacional y más de lo que están dispuestos a conceder algunos inversores. Como consecuencia, coinciden, el nuevo régimen podría constituirse en un freno al ingreso de capitales (ver recuadros). La iniciativa es comparada por los expertos con la apertura de las bases de datos del Banco Central con información sobre las deudas de 550 mil usuarios del sistema bancario, con la exigencia por parte de la DGI a las instituciones educativas privadas de brindar información financiera y la apertura del secreto bancario. Señalan que el derecho a la intimidad, defendido por la Constitución y la normativa internacional, está siendo vulnerado por la actual administración.