Fallo arbitral sobre Banco Comercial adverso al Estado

La crisis bancaria de 2002 dio ayer un zarpazo tardío aunque esperado: el tribunal arbitral que consideró el reclamo de los bancos internacionales ex socios del Banco Comercial (BC) contra el Estado uruguayo falló a su favor, por unanimidad y sin matices. Uruguay deberá devolver a Chemical Overseas Holdings, Inc., Credit Suisse First Boston y Dresdner Bank Lateinamerika AG los US$ 100 millones de capitalización que integraron al banco en marzo de 2002 a lo que se sumarán intereses y honorarios legales por más de US$ 20 millones.
La decisión, de fecha 31 de diciembre, llegó al gobierno anoche y el ministro de Economía Isaac Alfie dijo a El Observador que se estudiará, pero adelantó que una decisión de la Justicia concursal “de hace dos años, dispuso el embargo de la resultancia de este fallo” a instancias de una acción iniciada por un ahorrista del BC. “Por ahora no se va a pagar, que el juez defina”, dijo.

El secretario de Estado adelantó que en el fallo se buscarán insumos para el o los juicios que el gobierno piensa iniciar a diferentes actores del diferendo. El presidente Jorge Batlle anunció casi admonitoriamente a mediados de setiembre que iba “a meter presos” a los directores de estos bancos en el Comercial y los acusó de “chantaje” en la negociación del contrato de capitalización cuando la corrida bancaria comenzaba a tomar fuerza.

Alfie agregó que los juicios –que podrán ser civiles y/o penales– tendrían juridicción en Uruguay y en Estados Unidos y afectarán a “instituciones que participaron en el proceso”, como es el caso de la auditoría del BC que dijo a fines de 2001 “que todo estaba bien” en el banco.


Argumentos desechados. La decisión del tribunal fue unánime, incluyendo al árbitro designado por Uruguay, Abraham D. Sofaer, profesor de la Universidad de Stanford. También fueron árbitros el ex juez Howard A. Levine que fue magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones de Nueva York, quien presidió el tribunal, y el profesor George A. Bermann de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia (nombrado por los bancos).

El fallo, al que accedió El Observador, obliga el cumplimiento de los términos del acuerdo firmado el 26 de febrero de 2002 y rechazó todas las alegaciones de la defensa uruguaya, tanto en lo referente a incumplimientos de los demandantes como la inejecutabilidad del convenio.

El tribunal señaló que “los eventos y circunstancias que llevaron al Acuerdo en general no son tema de disputa” y recordado que los bancos “expresaron renuencia a hacer nuevas inversiones en el banco”, lográndose tras “intensas negociaciones” el entendimiento, que incluía el arbitraje en caso de diferencias.

Se recordó asimismo que el Banco Central uruguayo suspendió primero la actividad del Banco Comercial (agosto de 2002) y liquidó luego el banco lo que “disparó la opción de venta de los actores, de sus acciones preferidas, al Demandado (Uruguay)” por el importe de su inversión. “La negativa del Demandado de ejecutar la opción de venta de los Actores constituyó un incumplimiento de la Sección 6(b)(ii) del Acuerdo”, reza el fallo.

El organismo recordó que el acuerdo permitía a los bancos extranjeros rescatar las acciones preferidas en diez años y al Estado uruguayo a mantener la solidez y liquidez de Banco Comercial durante un año desde su capitalización. En caso contrario se pactó el rescate anticipado. “Las cláusulas pertinentes del Acuerdo no son ambiguos” y “el Demandado esencialmente se comprometió garantizar la solvencia (es decir, la solidez y la liquidez) de Banco Comercial”, dijo el tribunal.

También se rechazó el argumento uruguayo de la “imposibilidad financiera” por no ser conforme a la ley.

Así concluyó que “cada uno de los Actores tiene derecho a la adjudicación de daños y perjuicios sufridos por cada uno de ellos de US$33 y 1/3 de millones, cuyo importe habrían percibido por sus acciones preferidas de Banco Comercial si se hubiera cumplido el acuerdo”, más intereses y costas.