Firma Uruguaya no logra que Venezuela cumpla un convenio

Una empresa uruguaya, la Unión Metalúrgica Industrial del Sur (Umissa) envió en un año poco más de 4.000 “kit” para construir las viviendas en Venezuela, pero el material uruguayo está en depósito. El gobierno venezolano no inició la construcción de las casas en los barrios, con excepción de algunas unidades “modelo”.

Además, el Ministerio de Vivienda de Venezuela le debe dinero a la firma uruguaya: no pagó por todo el material que ya fue enviado. “La empresa tiene dificultades para cobrar las facturas”, admitió a El País desde Venezuela el embajador uruguayo Gerónimo Cardozo.

El negocio forma parte del acuerdo de cooperación entre los dos países, firmado a comienzos de 2005 y anunciado con bombos y platillos luego de que asumió Tabaré Vázquez.

El tema fue abordado ayer en el diario venezolano El Nacional: allí una funcionaria que hasta abril coordinaba la aplicación del convenio denuncia una estafa y dice que fue destituida luego de marcar “evidentes irregularidades”.

Luciandys Ordosgoytti afirmó ante la Asamblea Nacional de Venezuela que quiso evitar que no se afectaran los recursos estatales pero “sus advertencias fueron ignoradas”, según reseña la agencia de noticias AFP. Las autoridades uruguayas y la empresa desmienten toda irregularidad y hablan de que los atrasos en la implementación del proyecto se deben a problemas exclusivos de Venezuela.

“El problema está allá, en Caracas. La empresa cumplió con las exportaciones pero hay lentitud en Venezuela. Todavía no ajustaron el tema del montaje (de las casas)”, comentó a El País el viceministro de Vivienda Jaime Igorra.

El embajador uruguayo en Venezuela entiende que Umissa cumplió con el cronograma de entrega de los “kit” para construir las viviendas prefabricadas pero que “por dificultades internas venezolanas” no se ha decidido “dónde las van a levantar”. Y, además, mientras el contrato ya estaba vigente, las autoridades del Ministerio de Vivienda de Venezuela pidieron a una facultad local la realización de estudios y una certificación sobre la calidad del material y el sistema utilizado.

TÉRMINOS. El contrato se firmó en marzo de 2006 entre la empresa y el Ministerio de Vivienda de Venezuela y establece que las casas se levantarán con mano de obra venezolana y asistencia técnica de expertos uruguayos y venezolanos.

En los últimos meses, Venezuela pidió a la empresa uruguaya que “baje el ritmo” de envíos porque aún no se iniciaron las construcciones, según explicó el director de la firma Alejandro Lagrenade.

Algunos materiales a utilizar en las casas son perecederos, como la pintura y el cemento. Por eso aún no han sido enviados a Caracas debido a que se echarían a perder. “Se espera que empiecen a construir para mandarlos”, indicó el embajador Cardozo.

El negocio llega a los U$S 156 millones y representa un poco más de la mitad de los U$S 270 millones del fondo suscrito en 2005 por los presidentes de Uruguay y Venezuela. En ese acuerdo, Uruguay le compró petróleo a Venezuela y le pidió al gobierno de Chávez que use parte de ese dinero para comprar bienes y servicios al país. “Venezuela manifestó necesidades de vivienda y otros productos. Y nosotros ofrecimos nuestras viviendas. El ministro de Venezuela vino, vio las viviendas y recorrió los barrios”, contó el director de la firma.

El optimismo inicial decayó rápidamente. “La arquitecta Ordosgoyttii se dedicó a obstaculizar el proyecto desde julio de 2006 hasta hace un mes”, aseguró Lagrenade. Y sostuvo que la mujer fue destituida por “obstaculizar éste y otros proyectos de vivienda. Los representantes de la empresa dicen no tener “cargo de conciencia” por las demoras y afirman que el pago “siempre ha estado por debajo de lo suministrado”.

El 8 de junio de 2006 se realizó el primer embarque a Venezuela en el Puerto de Montevideo. Ese día estuvieron allí el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, legisladores frentistas y representantes de la embajada de Venezuela.

Hoy, un año después, la empresa niega las irregularidades denunciadas por la funcionaria venezolana. “Es claro que no es así todo lo que ella dice. Lo sabemos nosotros y el Ministerio de Vivienda de Venezuela”, indicó Lagrenade.

La ex funcionaria denunció que un consorcio de capital privado uruguayo y venezolano, al que se delegó la responsabilidad financiera y administrativa del proyecto, cobró una factura de U$S 16 millones, alegando que se trataba de una cuenta atrasada. “Ese desembolso no correspondía. La construcción de las casas no ha comenzado por cuestiones burocráticas”, advirtió la funcionaria.

Negocio: Forma parte del acuerdo de amistad y cooperación firmado entre los dos gobiernos