Gasto público social, incluyendo jubilaciones, es de 22,4% del PBI

El gasto público social representó el 22,4% del Producto Bruto Interno (PBI) uruguayo en 2003, cuando alcanzó los US$ 2.507 millones. De este monto US$ 1.544 millones correspondieron a seguridad y asistencia social, y sólo US$ 963 millones (8,6% del PBI) a educación, salud, vivienda, servicios comunitarios y otras prestaciones.
Estas cifras surgen de un estudio realizado en octubre por la Asesoría Técnica en Políticas Sociales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que indica que medido en términos per cápita, el gasto social fue de US$ 742 en 2003.

Según el estudio de la OPP, el gasto público social tuvo un fuerte incremento en las décadas de 1980 y 1990 en Uruguay. Luego, entre 1998 y 2002 alcanzó el 25% del PBI, pero en 2003 se redujo a 22,4% “como consecuencia del importante crecimiento de la economía en dicho año”.

Actualmente las jubilaciones y pensiones y la asistencia social (asignaciones familiares, subsidios por enfermedad y maternidad) representan el 61,6% de las erogaciones sociales del Estado. A su vez, el gasto en educación significa el 14,2% del total, en salud el 12,3%, en vivienda y servicios comunitarios el 9,8%, y en otros gastos sociales el 2,2%.

Según la OPP, el gasto social que realizan el gobierno (a través del Presupuesto), las intendencias y las empresas públicas es alto en relación a la región. Este hecho es significativo ya que cuanto mayor sea dicho gasto, mejor será la asignación social de los recursos productivos, del ingreso y de la riqueza. El organismo sostiene que el gasto social se distribuye “de forma relativamente pareja entre los hogares”, lo cual “contribuye a aumentar el grado de equidad del ingreso”.


Menores ingresos. No obstante, la entidad reconoce que el gasto social que realiza el sector público uruguayo “no tiende a beneficiar en mayor proporción a los grupos de menores ingresos”.

Esto se debe a que en la composición del gasto hay dos efectos contrapuestos en lo que respecta a su impacto sobre la distribución del ingreso. Por un lado, la fuerte incidencia de las jubilaciones y pensiones tiende a jerarquizar a los sectores de mayores ingresos. Por otro, las restantes prestaciones –en particular la salud y la educación– están muy orientadas a los sectores más pobres de la población.

Las jubilaciones y pensiones tienden a ser mayores cuanto más alto sea el ingreso de los hogares, ya que están directamente relacionadas con las contribuciones realizadas durante la vida laboral activa. Si se ordenan los hogares de acuerdo a su nivel de ingreso, en 2003 el 20% más rico recibió el 42,7% de las prestaciones jubilatorias totales. En este sentido, las jubilaciones y pensiones tienen un carácter regresivo.

La situación es diferente en lo que respecta a las restantes erogaciones sociales que realiza el Estado uruguayo. Echando mano al coeficiente de Gini –un indicador que puede asumir valores de entre -1 y +1, según si la distribución del ingreso es más o menos progresiva–, se constata una alta progresividad del gasto en salud, en el sentido de que alcanza a una mayor proporción de hogares de bajos ingresos. En efecto, en 2003 el 74,6% de dicho gasto tuvo como destinatario al 40% de las familias más pobres del país.

El gasto en educación también es progresivo, aunque en menor medida que el de la salud. En particular, las erogaciones públicas en educación primaria son –según la OPP– las que tienen “el mayor impacto desconcentrador del ingreso”, ya que el 77% se destina al 40% más pobre de la población.

El gasto en educación secundaria también es progresivo, dado su alto grado de cobertura. El 40% de los hogares de menores ingresos recibe el 62% de estas erogaciones. El gasto en educación universitaria, por el contrario, tiende a ser regresiva, ya que el 60% se dirige al 40% de los hogares más ricos del país, y sólo el 17,2% al 40% más pobre.


En el Presupuesto. Dentro del Presupuesto Nacional, que en 2003 alcanzó los US$ 2.793 millones y representó la principal área de gastos del Estado, el gasto social –incluyendo la seguridad y la asistencia social– representó el 46%.

En tanto, algo más de la cuarta parte del gasto social del Presupuesto correspondió a la educación. Dentro de esto, el 39% fue a primaria, el 33% a secundaria y el 15% a la educación técnica profesional.

Por su parte, el rubro salud constituyó el 18% del gasto social del Presupuesto 2003, alcanzando los US$ 127 millones.