Gobierno busca “solución amistosa” con ahorristas del Banco Montevideo

Hoy se cumplen cinco años de uno de los momentos más traumáticos de la historia reciente del país: la crisis bancaria de 2002. Sin embargo, para las casi 1.500 familias que aún reclaman por los ahorros que perdieron con el cierre del Banco Montevideo, las experiencias de este drama se conjugan en presente. El paso del tiempo no ha hecho mella en su campaña y muestra de ello es que en octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA tratará su situación. Es el mismo organismo que recientemente exigió al gobierno uruguayo la liberación de los hermanos Peirano Basso por violación de las garantías procesales. Además, hoy tienen previsto un escrache frente a la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Pero el gobierno tampoco ha enterrado este episodio y hoy hace gestiones para llegar a un acuerdo para encontrar una solución a estos ahorristas que reclaman por sus derechos desde hace un lustro.

Penurias. La escribana Alicia Barbani es la portavoz de los reclamos de los 1.474 damnificados por el cierre del Banco Montevideo y la articuladora de las reuniones que tienen lugar los lunes en el Club de residentes de Rivera, de las que participan unas 150 personas. Según Barbani esos encuentros funcionan más como grupos de autoayuda que como reuniones de estrategia jurídica. “Los problemas personales son tantos que más que un grupo de ahorristas parecemos una iglesia”, dice esta mujer para quien desde 2002 no hay vacaciones ni feriados.

El 75% de los integrantes de la nómina de ahorristas tiene más de 60 años. Desde el 24 de junio de 2002 fallecieron 58 reclamantes, según Barbani, de los cuales 12 se suicidaron. La mayoría de las muertes estuvieron asociadas a la avanzada edad de los ahorristas. El último fallecimiento ocurrió la última semana. Rogelio Torres Ramos tenía 54 años y un hijo de 12. Hizo tres comas diabéticos y durante los últimos cuatro años imploró a los ex propietarios del Banco Montevideo que le devolvieran aunque fuera 5.000 dólares de sus ahorros para poder afrontar su tratamiento médico. Una receta de la mutualista con un pedido expreso de ayuda (ver fascímil) es exhibida por los ahorristas como prueba de la violación de derechos humanos ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las gestiones ante la OEA siguen firmes en busca de una solución negociada entre el gobierno uruguayo y los ahorristas. El 8 de octubre de 2007, Barbani y la contadora María del Huerto Brescia irán a la audiencia en representación de los ahorristas. Del otro lado estará el embajador ante la OEA en representación de Uruguay.


Paradoja o no. Según Barbani, la liberación de Dante Peirano da esperanzas a los ahorristas. Si Uruguay reconoció la sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de OEA para liberarlo, ahora habría “ambiente favorable” al gobierno de Tabaré Vázquez a hacerse cargo de la deuda de US$ 97 millones que había en las cuentas de los demandantes en el Trade&Commerce Bank (TCB), entidad de las Islas Cayman que integraba el Grupo Velox. “Cuando se recibió la noticia de la liberación de Dante Peirano hubo llantos de amargura en la asamblea. Pero yo creo que es una bendición”, dijo la escribana, que ya hizo un sondeo entre los nueve integrantes del tribunal de la OEA.

Según los ahorristas si eso ocurriera, el Estado debería pagar el total de los ahorros con intereses y mora.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA podría incluso establecer la necesidad de una “solución doméstica”, es decir, una negociación entre las partes. De hecho, el Ministerio de Economía encomendó ese tema al asesor de política macroeconómica, Fernando Lorenzo. Lorenzo se reunió con Barbani, pero según ella, la conclusión fue enigmática: “la oferta que tengo para hacerles no es buena. Mejor sigan luchando”, habría dicho Lorenzo. Extraoficialmente Barbani estima que la oferta no superaba los US$ 5 millones para repartir entre todos. Si fuera un reparto por partes iguales, el dinero apenas superaría los US$ 3.000 para cada uno.

Por su parte, el secretario de la Presidencia doctor Gonzalo Fernández se reunió este año dos veces con el grupo de ahorristas. Según Barbani, él le pidió personalmente al diputado nacionalista Julio Cardozo que corrigiera el artículo 31 de la ley 17.613 del 27 de diciembre de 2002 (llamada Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario) que faculta “al Banco Central del Uruguay a otorgar a los ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera, cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones sin mediar su consentimiento, los mismos derechos que correspondan a los demás ahorristas de dichos bancos. A dichos efectos y por acto fundado, el Banco Central del Uruguay conformará una Comisión que se expedirá en un plazo máximo prorrogable de 60 (sesenta) días”. Dicho artículo complementa lo dispuesto en el artículo 27 de la mencionada ley, que posibilita la recuperación para cada ahorrista de hasta US$ 100.000 como máximo. Los ahorristas del Banco Montevideo con cuentas en Trade&Commerce Bank (TCB) entienden que el artículo 31 en su redacción actual tiene un carácter restrictivo y que tal fue el resultado de las decisiones de la Comisión designada por el Banco Central para analizar en qué casos se había transferido ahorros a otras instituciones sin consentimiento de los titulares de las cuentas.

22 amparados. La mencionada Comisión, integrada por los doctores Augusto Durán, Carlos Balsa y Tomás Brause, estudió los casos de los casi 1.200 ahorristas que se presentaron a reclamar pero solo consideró que en 22 de ellos se habían realizado transferencias sin consentimiento de sus titulares.

Los ahorristas se consideran discriminados y han solicitado en repetidas oportunidades que se amplíe el contenido del artículo 31. El ex senador colorado Julio Herrera presentó en noviembre de 2003 un proyecto de ley interpretativa por el cual se entiende que el articulo “comprende los titulares de caja de ahorro o depósitos vista, cuentas corrientes o depósitos a plazo fijo de los bancos Montevideo o La Caja Obrera, cuyos ahorros fueron aplicados a la adquisición de participaciones en certificados de depósito de instituciones financieras con sedes en el exterior”. Dicho proyecto fue aprobado en el Senado pero no así en Diputados.

Una modificación del artículo 31 ampliaría el horizonte de los demandantes que podrían acogerse al plan de recuperación de ahorros que se otorgó a los depositantes de los bancos Montevideo y Comercial hasta un máximo de US$ 100.000. Buscaría incluir a todos los ahorristas que hubieran entrado en Trade&Commerce Bank (TCB) a abrir cuentas por la puerta del Banco Montevideo y dejaría afuera a los inversionistas que hacían operaciones internacionales.

Hoy, desde la hora 8.30, un grupo de ahorristas marcharán frente a la residencia presidencial de Suárez y Reyes reclamando a Tabaré Vázquez que cumpla promesas preelectorales.

La líder ahorrista estima que si Vázquez está dispuesto a hablar con piqueteros y sindicalistas estará abierto a recibir a un grupo de pacíficos ahorristas. “Queremos tener un encuentro cara a cara con el presidente. Sería un verdadero milagro”, concluyó Barbani.