Gobierno con escaso margen para combatir empuje inflacionario.

POR FEDERICO COMESAÑA DE LA REDACCIÓN DE EL OBSERVADOR

La escalada de los precios de 9,19% en 2008 disparó la alarma del gobierno y la inflación pasó a convertirse en el “problema central” de las autoridades económicas. Pero el encarecimiento de la canasta de consumo es uno más de los frentes macroeconómicos que tiene planteados para este año.
Competitividad, crecimiento, equilibrio fiscal, empleo y recuperación salarial son variables que el gobierno podría afectar para dar cabida al control de los precios, aún cuando constituyen puntos fundamentales de la actual política económica. En un contexto de crisis externa, ajustado equilibrio fiscal y fuerte indexación salarial, no hay decisión en cualquiera de los frentes que no perjudique a las restantes variables.

No es de extrañarse entonces que la lucha contra la inflación a través de la baja del tipo de cambio deteriore la competitividad del país y amenace con reducir los volúmenes exportados, afectando el nivel de empleo y el crecimiento de la economía. Del mismo modo que las medidas de estímulo a los inversores privados y la aceleración de la demanda interna a través de la recuperación salarial, aviven el crecimiento de los precios y alimenten así la inflación.

Bomba de tiempo. Mientras que en los principales socios comerciales del país, el tipo de cambio registra una tendencia al alza, en Uruguay, marcó un descenso de 5% en los primeros 15 días del año, a partir de la suba de la tasa de interés de referencia de 7,75% a 10% por parte del Banco Central (BCU).

Como consecuencia, el atractivo de los productos locales en el exterior se ve deteriorado, un inconveniente adicional para la economía uruguaya en un contexto de crisis internacional.

Aún así, un escenario de inflación de dos dígitos no es un escenario más alentedor. Por más que los Consejos de Salario mitigan el efecto del crecimiento de los precios sobre el poder de compra de los hogares, entre ajuste y ajuste hay capacidad adquisitiva que se pierde. Al mismo tiempo, si –con un tipo de cambio constante– los precios locales suben por encima de lo que lo hacen en las economías de los principales socios comerciales del país, la competitividad también se ve deteriorada. Y ni hablar de las decisiones de inversión que se postergan porque los empresarios no logran calcular los futuros retornos de sus negocios.

A todo esto se suman las cláusulas gatillo acordadas con los funcionarios públicos –prontas para dispararse ante un incremento anual del nivel de precios superior a los dos dígitos– y las salvaguardas definidas en los Consejos de Salario. Si se disparan sumirían a la economía en un círculo vicioso en que el aumento de precios desencadena mayores incrementos salariales y estos, a su vez, se constituyen en nuevos impulsos inflacionarios.

Manos atadas. La desaceleración de la economía desde un crecimiento de 10,5% en 2008 a uno de 3% en 2009 –según las proyecciones del gobierno–, implica un freno al incremento de las exportaciones, sostenido por niveles aún altos de consumo e inversión.

El canal interno, sin embargo, se verá debilitado por la política contractiva impulsada por el BCU en su cruzada antiinflacionaria. El aumento de las tasas de interés de referencia, de trasladarse a los préstamos al público de las instituciones financieras, cumplirá su objetivo de atenuar la evolución de los precios, pero al costo de frenar aún más el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). Priorizar el control de la inflación en el plano monetario significa echarle hielo a una economía que pierde temperatura.

Podría pensarse que en ese caso, el gobierno impulsaría algún tipo de política expansiva que compense el menor gasto privado. Sin embargo, al presentar el paquete de medidas para hacer frente a la crisis, el ministro de Economía, Álvaro García, aseguró que las iniciativas no serían ni expansivas ni contractivas del gasto público. Un défict de 1,1% del PBI, si bien parece sostenible, no da lugar a la implementación de políticas contracíclicas.

Ventanilla cerrada. El gasto del Estado también es una limitante en otros frentes. En un contexto diferente, la rebaja de tarifas públicas podrían ser un complemento o una alternativa a la política contractiva para el control de la inflación. El 7 de enero, dos días después de conocido el dato de precios, ANCAP decidió bajar los combustibles 6,5% en promedio. UTE y OSE, sin embargo, tienen previsto para febrero un aumento del entorno de 8%.

En un escenario de costos crecientes, las empresas públicas deben trasladar a los precios esas subas a riesgo de recortar sus ganancias. Una pérdida de rentabilidad significa menores ingresos para el Estado y por tanto, un agravamiento del déficit de 1% con que el gobierno espera culminar 2009. Postergar el ajuste de tarifas, si bien contribuiría al control de los precios, significaría descuidar otra punta clave del entramado macroeconómico.

El desequilibrio entre gastos e ingresos debe financiarse de alguna manera y el endeudamiento no es, hoy en día, el camino más viable. La crisis financiera internacional barrió con el interés de los inversores de hacerse con títulos de deuda uruguaya, que aseguraba fondos a tasas bajas y cómodos plazos al gobierno.

Más que un tema de prioridades, se trata de una cuestión de equilibrios. El margen de maniobra del equipo económico es tan limitado como el del acróbata que se balancea sobre una cuerda floja, porque a ambos lados está el precipicio.