Gobierno condiciona ley que multa los atrasos salariales.

LA LEY del Frente Amplio (FA) que propone castigar con una multa a las empresas que no cumplan en fecha con el pago de los salarios generó divisiones en los interesados y condiciones por parte del gobierno.
Ayer, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, dijo a Ultimas Noticias que su cartera plantea dos condiciones para aceptar la propuesta: «Habría que diferenciar claramente cuando se trata de un atraso porque una empresa está en crisis o con dificultades para pagar de cuando una empresa utiliza el atraso para lograr mejores intereses, con intenciones de lucrar con ello», comentó el jerarca «A partir de eso habría que conversar con los interesados» para que se pongan de acuerdo, agregó.
Sin embargo, la ley redactada por el senador Eduardo Ríos (Alianza Progresista) que impone a las empresas pagarles un 10% (promedio) más de sueldo a los trabajadores que reciban sus retribuciones fuera del plazo legal es una de las «prioridades» de la bancada de gobierno. Su autor dijo ayer a este medio que recibió el apoyo de todo el FA para impulsar la ley y que recibió el visto bueno del Ejecutivo.
Ríos se mostró afín a incorporar algunas de las modificaciones que plantean los interesados, e incluso las del Ministerio de Trabajo, pero dejó claro que la sanción de la ley, por lo menos en el Senado, será inmediatamente después de la Semana de Turismo. Para el senador oficialista, esta norma «no va contra el clima de inversión», sino que pretende «estimular» a los que cumplen y «castigar» a los que no lo hacen. «No queremos que los especuladores hagan cualquier cosa y si alguien quiere invertir para pagar los sueldos cuando quiera no es un inversor, es un especulador», puntualizó Ríos.
El legislador aseguró que pretende trabajar para que la oposición acompañe la ley, porque le gustaría que «salga con un apoyo mayor». Pero blancos y colorados no se aprestan a votarla en estas condiciones. El senador colorado Isaac Alfie (Lista 15) di jo a Ultimas Noticias que «todos los argumentos del Ministerio de Trabajo en contra de la ley son los válidos; no se pueden hacer cosas así, al barrer, cuando tenemos problemas de desempleo; si no, las empresas se van a fundir y no van a pagar nada. Hay que ser muy cuidadosos con esto». El legislador ratificó que «como está redactada por Ríos» no la va a votar.
Por su parte, Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) también se manifestó en contra, y acusó en declaraciones a El País que «el FA está en campaña y pone sobre la mesa proyectos de contenidos demagógicos».
Bonomi aclaró que «esto no tiene nada que ver» porque «esta no es una iniciativa del Ministerio, pero aclaramos que había que tener en cuenta las diferencias, porque si a una empresa, encima que no puede pagar, se le pone una multa, se le agravan los problemas. Y hay que diferenciarlo de quien utiliza el atraso para lucrar».

DESPROPORCIÓN

Mientras tanto, las cámaras de Comercio e Industria hicieron saber sus descontentos con el proyecto. Primero fue Juan Mailhos, en nombre de Comercio. «Avanzar sobre esta situación, a nuestro juicio, agregaría un elemento adicional de rigidez -en este caso para las empresas- que entendemos no sería el más conveniente», dijo.
«En definitiva, en función de la especial situación de crisis y de dificultades de empleo que atraviesa el país, consideramos que una disposición de esta naturaleza puede generar inconvenientes adicionales a los que ya tenemos», insistió.
Representando a la Cámara de Industria, Gonzalo Irrazábal dijo que la ley es «desproporcionada» y se plantea en un momento «inoportuno». «Si quisiéramos hacer un resumen de este marco conceptual en una sola palabra, sin duda diríamos que hay una desproporción entre el problema y la solución», sostuvo el asesor.