Gobierno de Bolivia y oposición mantienen un duro tira y afloje.

El oficialismo ve poca predisposición de sus oponentes para llegar a un acuerdo. Los departamentos contrarios al presidente Evo Morales piden tiempo y que no los presionen

El diálogo entre el presidente Evo Morales y los prefectos de oposición se encontraban ayer en un tenso tira y afloje, en el cuarto día de unas negociaciones que buscan la paz a Bolivia tras más de tres semanas de convulsión social.
El mandatario anticipó que le gustaría firmar un acuerdo marco antes de su viaje hoy a Nueva York donde debe participar de la Asamblea Anual de Naciones Unidas, pero Mario Cossío, prefecto del departamento de Tarija, dijo que debería dialogarse sin presiones.

El ministro de Hacienda, Luis Arce, uno de los coordinadores del Ejecutivo en las negociaciones con los prefectos de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija, señaló ayer temprano un primer acuerdo pero posteriores declaraciones de las dos partes dejaban sentado que falta mucho terreno para lograr consensos en este diálogo complejo.

Este acuerdo se refiere al Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH), una parte del cual el gobierno nacional retiró a los departamentos en 2007 para financiar una renta para ancianos.

Según Arce, los departamentos opositores aceptan garantizar el pago para ancianos, pero el gobierno deberá ser transparente con las cifras de las ganancias por el gas que sustentan este impuesto.

Más tarde sin embargo el vocero del gobierno, Iván Canelas, acusó a los dirigentes de las cuatro prefecturas de no tener disposición para firmar un acuerdo y así descomprimir la crisis política que en las últimas tres semanas dejó 19 muertos.

“Debemos lamentar una vez más la falta de predisposición de los prefectos para pacificar el país y por mantener la unidad nacional”, afirmó Canelas.

El Ejecutivo de Morales ve poca predisposición en sus opositores para cerrar los temas de conflicto y cree que la actitud de los prefectos es una “táctica dilatoria” para continuar con el “golpe civil” que causó la ola de violencia de las últimas semanas.

Esta es al menos la opinión del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, quien, además, advirtió a los prefectos que el nuevo texto constitucional no se puede abrir, porque sería desconocer el trabajo de la Asamblea Constituyente.

En implícito rechazo a esa acusación los prefectos entregaron al gobierno un documento de preacuerdo para no frenar el proceso de diálogo. “Planteamos que el diálogo de las mesas técnicas continúe de manera ininterrumpida hasta que se llegue a un acuerdo”, afirmó Cossío.

Un nuevo problema surgió por la fecha de convocatoria a un referéndum para validar la nueva Constitución de corte indígena y estatista, que es rechazada por los gobernadores. El proyecto de carta constitucional propone además la reelección presidencial. Dicho texto fue aprobado en diciembre con los votos del oficialismo pero en ausencia del grueso de la oposición.

El gobierno planteó a la oposición que el próximo “1 de octubre se apruebe” en el Congreso una ley para validar la nueva carta magna, dijo el viceministro de Descentralización Fabián Yaksic.

Cossío –que ofició ayer de vocero de sus otros colegas Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni) y Savina Cuéllar (Chuquisaca)– respondió que existe un prepacto que fija un mes de plazo para llamar a dicha consulta.

Sobre las conversaciones, Yaksic reconoció que están “en un tira y afloja” y que los acuerdos “van y vienen”.

Para esta negociación, instalada el jueves, se fijaron tres mesas de diálogo, la primera de ellas sobre el impuesto del gas donde ha habido avances.

Una segunda mesa –que estudia las autonomías pedidas por los opositores y la nueva Constitución que desea aprobar el gobierno– avanzaba a paso lento mientras que una tercera, sobre elección de autoridades judiciales, estaba en punto muerto.

Según fuentes oficiales, el Ejecutivo y los prefectos acordaron instaurar las autonomías departamentales demandadas por la oposición aunque el problema será establecer qué competencias transferiría el poder central a las regiones.

Igualmente se deberá establecer cómo estas autonomías departamentales se articularán con las autonomías municipales e indígenas que el gobierno quiere imponer.

En el diálogo de Cochabamba están presentes observadores de la OEA, la ONU, Unasur, la Unión Europea y de las Iglesias Católica y protestante.

Otro elemento de discordia entre oficialistas y opositores es la decisión el sábado del jefe de Estado de designar a un militar como prefecto de Pando, en lugar del rebelde Leopoldo Fernández, actualmente encarcelado en La Paz.

“El gobierno está dando malas señales”, dijo Cossío, al referirse a la situación de Fernández, acusado de desacato a un decreto gubernamental de estado de sitio tras la matanza de 16 campesinos leales a Morales. (AFP, AP y EFE)