Gobierno de facto cierra medios en Honduras

El ministro de Información, René Zepada, anunció por la mañana que Radio Globo y el Canal 36 de televisión «fueron sacados temporalmente del aire por hacer llamados al desorden». El funcionario agregó que no hubo arrestos.

Alejandro Villatoro, dueño de Radio Globo y ex ministro zelayista, afirmó a periodistas que «los soldados entraron por la fuerza (al local) y se llevaron todo el equipo». Y agregó: «Esta es la muerte de la emisora y un atentado contra la libertad de expresión«. Las oficinas de los dos medios están resguardados por los militares.

Zelaya dijo en declaraciones telefónicas desde el interior de la embajada de Brasil, que «hay una represión brutal contra el pueblo». En la sede diplomática se observó un reforzamiento de la seguridad con puestos de barricadas de cemento y más cantidad de militares y policías. Según el jefe de policía Danilo Orellaba estos buscan «proteger la vida de la gente que está aquí, afuera y dentro de la embajada».

El ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, descartó el envío de soldados de su país para proteger la sede diplomática. «Sólo podemos entrar a un país extranjero con fuerza si declaramos la guerra. No hay manera de pensar en acciones armadas», expresó. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el domingo los 10 días que el gobierno de facto le dio para definir la situación del derrocado mandatario.

Para Zelaya, el golpe de Estado que lo sacó del poder el 28 de junio «trajo épocas negras para los derechos humanos y las libertades públicas». Dijo que el presidente de facto Roberto Micheletti «se atrevió a suprimir y controlar absolutamente los derechos constitucionales, pero el pueblo es valiente y resistirá».

Micheletti suspendió el domingo por 45 días las libertades individuales, lo que permite a las autoridades prohibir cualquier reunión pública, arrestar a la gente sin necesidad de una orden judicial y cerrar temporalmente los medios noticiosos que alteren «la paz y el orden».

El gobierno interino señaló en un comunicado que se impusieron las medidas ante «llamados públicos a la insurrección del señor Manuel Zelaya y para evitar afectar a las grandes mayorías de la población que no están comprometidas con los grupos de manifestantes violentos afines al ex presidente». Zelaya llamó el domingo a una marcha, que fue prohibida por las autoridades, la cual debería ser, según el depuesto mandatario, «la ofensiva final» contra el régimen.

Centenares de manifestantes se congregaron durante la mañana frente a la Universidad Pedagógica, en el este de Tegucigalpa, pero un fuerte contingente policial les cortó el paso.

Los líderes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe, que busca la restitución en el poder del depuesto presidente, decidieron hacer un acto en los contornos del centro educativo para no provocar un enfrentamiento con la Policía.

Muchos de los manifestantes se colocaron una cinta en la boca para resaltar que los silenciaron. Las disposiciones del gobiernodeberán ser ratificadas esta semana por el Congreso.

Micheletti anunció ayer en rueda de prensa que estudia la posibilidad de levantar las restricciones luego que una comisión legislativa lo visitó para formularle una petición en torno al asunto. «Pido disculpas al pueblo por lo que ocurre, pero eso se dio porque Zelaya insiste en llamar a la violencia al país… y no lo permitiremos», añadió. Indicó que solicitará el «consejo oportuno» de los tres poderes del Estado «para facilitar el diálogo nacional y que haya paz».

El Comité para la Protección de Periodistas llamó ayer, tras el cierre de los dos medios de comunicación, a que estos vuelvan al aire de inmediato.

«Los ciudadanos hondureños tienen el derecho a estar debidamente informados sobre lo que está ocurriendo en el país en este momento tan delicado», afirmó Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas del CPJ (por sus siglas en ingles). «Exhortamos al gobierno interino a descartar las restricciones a la prensa, a reabrir de inmediato los medios suspendidos, dijo Lauría.

El presidente de Costa Rica y mediador del conflicto, Oscar Arias, calificó ayer de «lamentables» las medidas de Micheletti e instó a que ambos bandos acepten la propuesta que él presentó para acabar con el conflicto, que contempla la restitución del presidente derrocado. Arias instó a que Zelaya vuelva al palacio de gobierno y que se lleven a cabo las elecciones de noviembre a las que llamó el régimen de facto.

El régimen interino no permitió el domingo el ingreso a Tegucigalpa una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que iba a preparar el arribo de una misión de cancilleres latinoamericanos para impulsar gestiones pacificadoras. De todos modos, según la OEA, los cancilleres arribarán en Honduras entre hoy y mañana. Y el régimen de facto invitó ayer a la comisión a que visite el país el viernes.

En tanto, Zelaya solicitó ayer por teléfono «a las Naciones Unidas su apoyo para revertir este golpe de Estado». Su voz amplificada resonó en la gran sala de la Asamblea General.