Gobierno extendió vigencia de tasa consular al 2016.

FABIÁN TISCORNIA
Si bien la ley 18.301 de julio de 2008 derogaba la tasa consular a partir del 1° de enero de 2011, en la ley de Presupuesto aprobada a fines del año pasado se dejó sin efecto esa derogación y se la pospuso para el 1° de enero de 2016.

Además, un decreto fechado el 30 de diciembre fijó en 2% la tasa a partir del 1° de enero (era el valor que ya tenía pero como vencía el decreto se renovó).

La decisión «no es positiva, es una traba más a la operativa comercial», dijo a El País la economista Ana Laura Fernández, asesora de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS). Agregó que la Cámara no tiene previsto realizar acciones concretas para su derogación, pero sí el tema estará presente «como uno de los reclamos» en los discursos del presidente Alfonso Varela y en las reuniones con autoridades del gobierno. Según Fernández el mantener la tasa «coincide con la política fiscal que están llevando (por el gobierno) adelante de más gasto; no están en condiciones de resignar recursos». Es que según el dato de importaciones de 2010, la tasa consular -que se aplica al valor CIF de los bienes importados- habría recaudado unos US$ 138 millones.

Si bien la CNCS ha reclamado en reiteradas ocasiones la derogación de la tasa, «no había optimismo de que la fueran a derogar», indicó la asesora.

La prórroga en la vigencia de la tasa puede llevar a reclamos del gobierno argentino de que se derogue la misma para los bienes provenientes de ese país, algo que ya pidió en 2008.

Fuentes de la Cancillería uruguaya dijeron a El País que «eventualmente podría haber un reclamo» pero comparado «con las barreras (al comercio) que tienen los otros (socios del Mercosur) es un tema menor».

En 2007 Uruguay dejó sin efecto la tasa consular para las importaciones de México, en el marco del Tratado de Libre Comercio con ese país. En 2008, Argentina planteó en la Comisión de Comercio del Mercosur que «se extienda en forma inmediata» a los bienes de origen argentino esa medida, lo que el gobierno uruguayo rechazó. Un mes antes se había aprobado la ley que establecía su derogación a partir de 2011.