Gobierno extrema los controles para detectar nuevos ‘ñoquis’

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) pedirá hoy a todos los organismos estatales que le informen cuáles funcionarios están exonerados de marcar tarjeta y por qué motivos, y que le proporcionen datos sobre el control de asistencia de empleados y jerarcas, informó a El País el prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa, quien solicitó la medida al organismo de contralor.

El pedido de informes, que abarcará no sólo a la Administración Central (ministerios y Presidencia), sino también a entes autónomos y servicios descentralizados, surgió como consecuencia de la detección del caso de Juan Carlos Pranzo, un jerarca del Ministerio de Trabajo que desde hacía 11 años cobraba unos 25 mil pesos de sueldo, sin trabajar.

Pranzo, cuyo vínculo contractual fue cesado el martes, y quien el miércoles anunció que iniciará un juicio civil contra el Estado por «daño moral», reclamó al Ministerio de Trabajo el pago de «licencias generadas y no gozadas», según datos a los que accedió El País (ver facsímil).

Según su versión, Pranzo quería desempeñar las funciones de su cargo —director de Administración— pero en 1992, el entonces ministro Ricardo Reilly resolvió mantenerlo «a la orden» hasta que se le encontrara destino, cosa que nunca sucedió. Consultado sobre las normas vigentes, el experto en Derecho Administrativo Juan Pablo Cajarville, afirmó a El País que mientras no se haya hecho el procedimiento en el marco de la legislación sobre funcionarios excedentarios, «esa situación no puede darse».

Precisamente, dos años antes de que Pranzo fuera declarado «a la orden», en agosto de 1990, el Parlamento aprobó la ley 16.127, que estableció en su capítulo III una serie de normas sobre redistribución de funcionarios públicos. Esa ley determinó que los funcionarios excedentarios —sobrantes— debían ser transferidos a una suerte de bolsa de trabajo en la órbita de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), que trataría de redistribuirlos en otros organismos estatales.

Además de Cajarville, otros abogados que cumplen funciones en el Estado coincidieron en que legalmente no está prevista la posibilidad de que un funcionario público sea declarado «a la orden» de un organismo, sin ser declarado excedentario.

Cajarville también señaló que legalmente está prevista la existencia de «responsabilidad» por parte de los jerarcas que hayan tomado decisiones por fuera del marco legal, y que a su vez hayan provocado un perjuicio económico para el Estado. En el título VI del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), se determinan las responsabilidades en caso de incumplimiento de las normas.

CONSULTAS. En 1996, Pranzo cumplió 70 años y debía jubilarse. Sin embargo, el gobierno le otorgó prórrogas a su cese obligatorio, que fueron renovadas de forma sistemática hasta diciembre de 2002. El ahora ex funcionario confirmó el miércoles que la entonces ministra de Trabajo, Ana Lía Piñeyrúa, fue quien tomó la decisión de su primera prórroga.

Consultada ayer por El País, Piñeyrúa dijo, desde su oficina en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Buenos Aires, que no recordaba a Pranzo, y que le parecía «sumamente extraño haber avalado una prórroga, si sabía que el funcionario no trabajaba».

Piñeyrúa aseguró que hoy requerirá al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el expediente del caso Pranzo, para interiorizarse al respecto.

Jerarcas libres de marcar tarjeta

Los «directores de las distintas unidades ejecutoras, así como los subdirectores, están exonerados de registrar asistencia», según una circular que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) divulgó entre sus funcionarios el viernes pasado.

En esa circular, a la cual accedió El País, se establecieron disposiciones en materia de horarios del funcionariado, con pautas de carácter general y otras sobre grupos específicos de trabajadores.

Entre estos últimos, el MTSS ubicó, como únicos incluidos en el apartado «Autorizaciones Especiales», a los directores y subdirectores de unidades ejecutoras.

El régimen general establece una jornada laboral de seis horas para los funcionarios del ministerio, cuya totalidad debe marcar tarjeta. El gremio de funcionarios del MTSS señaló que antes de la asunción del actual ministro, Santiago Pérez del Castillo, algunos grupos de funcionarios no estaban obligados a marcar asistencia.