Gobierno: fallo contra Lissidini es un exceso y ganó el contrabando

El prosecretario de la presidencia, Leonardo Costa, consideró anoche que más allá de errores administrativos que cometió el ex director de Aduanas, Víctor Lissidini, el fallo judicial «es un exceso, y más cuando es procesado con prisión».

Costa dijo que el caso «no da lugar a las medidas adoptadas», por el hecho que es primario y no se comprobó que haya tenido «beneficio personal alguno».

«Se envía de esta manera un mensaje erróneo a la ciudadanía. Lissidini tuvo una equivocación administrativa por algunas iniciativas que tomó, pero acá el contrabando ganó 2 a 0», remarcó Costa.

Mientras, el juez de Carmelo, Carlos Colmenero, que procesó a Lissidini, entendió que el ex jerarca «obró con conciencia y voluntad en su accionar» al mantener en sus cargos a funcionarios cuyos contratos estaban vencidos, al ordenarles que realizaran procedimientos represivos, darles nuevos carnés de funcionarios y pagarles en algunos casos con «partidas confidenciales». El magistrado agregó que lo procesó con prisión «por la alarma social generada» y porque está pendiente la investigación de otros hechos.

En el auto de procesamiento al que accedió El País, Colmenero entendió que no es de recibo concluir que como los funcionarios que cumplían tareas de informantes no fueran notificados del cese del pase en comisión, fue lícito que permanecieran en sus puestos. «No se encuentra razón válida para estimar que la falta de comunicación haga inoperante la decisión ministerial», dijo el juez.

El magistrado concluyó que los informates y asesores de Lissidini eran funcionarios aduaneros que desempeñaban función aduanera en el ámbito de la Aduana, en oficinas de la Aduana sin tener con el Estado vinculación jurídico contractual alguna».

Además, Colmenero afirmó que la figura administrativa alegada por la defensa del funcionario «de hecho», «no puede evitar el reproche penal». El abogado Gustavo Salle sostuvo en defensa de Lissidini que los funcionarios siguieron trabajando para no afectar el servicio y que esa figura administrativa (funcionario de hecho) es lícita porque hay otros casos en la Administración.

VINCULACION. Según surge del auto de procesamiento, Lissidni se vincula a través del Ministerio de Economía con un programa del Banco Interamericano de Desarrollo y del proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para incorporar a la Aduana nuevos elementos, dado que estima que no cuenta con personal suficiente para sus tareas.

Por este sistema contrata a tres «asesores» que cumplen diversas funciones, y están los también procesados Héctor Navarrete, Alfredo Bruno y Jorge Fernández.

Otra categoría funcional es la establecida para los «informantes», entre los que están los enjuiciados Ruben Luna, José Gascón, Gonzalo y Héctor Alvarez.

Dos de estos informantes cumplían funciones en la oficina 006 con dos funcionarios presupuestados y fueron los que actuaron en Carmelo «con conocimiento del Sr. Director quien los autorizó y les entregó vales de nafta, realizando un procedimiento represivo aduanero tras individualizarse todos ellos como funcionarios de Aduana».

NAVARRETE. Desde fines de 2002 el contrato de Navarrete no había sido recontratado ya que se trataba de un militar retirado y presuntamente por las declaraciones de Lissidini dicha situación, sumada a que los dos se encontraban enfrentados por sus diferencias, había determinado que el ex director no lo quisiera tener más entre su grupo.

«Sin embargo, el propio Lissidini manifestó a esta sede que para ese entonces Navarrete había pasado de ser ‘asesor’ a ‘informante’, extremo este que sólo él afirma ya que de las actuaciones obrantes todos los procesados reconocen a Navarrete como ‘asesor’ de Lissidini», señaló el juez.

«Tentado por coimas de todo tipo»

El abogado Gustavo Salle, defensor del ex director de Aduanas Víctor Lissidini, aseguró que su cliente fue «tentado por coimas de todo tipo y naturaleza», y que por lo tanto es «absurdo» pensar que es responsable por la «usurpación de funciones» que cometieron algunos de sus informantes.

Asimismo, dijo que existió una «confabulación» contra Lissidini, y aunque advirtió que «las declaraciones de algunos encausados son absolutamente desleales» para con su defendido, y que por lo tanto «podría pasarse por el hecho de que el propio ardid hubiese partido (…) desde los colaboradores», aclaró que sólo podía hablar en términos «conjeturales».

En declaraciones a radio El Espectador, Salle indicó que «sin que Lissidini tuviera conocimiento, sin que Lissidini determinara —porque el juez le endilga haber determinado el dolo— estos informantes se pasaron de la raya y asumieron una conducta típica del funcionario aduanero (…) Es usurpación de funciones, pero realizada a 250 kilómetros de Montevideo, sin el conocimiento de Lissidini».

«Víctor Lissidini fue tentado con coimas de todo tipo y naturaleza: dinero, bienes materiales, bienes terrenales. Y pensar que obró dolosamente para que tres o cuatro informantes se pasaran de la raya y detentaran un rol de aduaneros… ¿Con qué objeto? ¿Con qué fin? Evidentemente, de acuerdo a la lógica de los hechos, sin mayor hesitación, esto no cierra; contradice la lógica», añadió el abogado.

En otro orden, Salle afirmó que los fallos judiciales por los cuales se cuestionó la actuación de funcionarios cuyos contratos en la Aduana estaban vencidos, desconocen la existencia de la figura jurídica del «funcionario de facto».

«La figura del funcionario contratado que, finalizado su contrato, sigue no obstante desempeñando sus funciones a la espera o en la expectativa de la renovación del contrato, se conoce en el ámbito administrativo como funcionario de facto. Es una figura reconocida jurisprudencial y doctrinariamente por el área administrativa. El ordenamiento jurídico de un país es un todo coherente, una entidad coherente que no admite contradicciones excluyentes, contradicciones adjetivadas. Fíjese una cosa: si en el área administrativa de ese todo coherente el funcionario de hecho es una figura legal, mal puede ser en ese mismo todo, en la parte penal una figura penal», explicó.