Gobierno propone a públicos un acuerdo salarial hasta 2010

Teniendo en cuenta la conflictividad desatada por los trabajadores de los bancos públicos en las últimas semanas, el gobierno propuso ayer a los funcionarios estatales alcanzar un acuerdo salarial que se extienda hasta el 2010 para evitar que las negociaciones puedan entorpecer la campaña electoral, entre otros objetivos.
Los trabajadores, en principio, ven con buenos ojos la propuesta, siempre que se les garantice un ajuste salarial que reconozca la pérdida sufrida durante la administración anterior y que incluya explícitamente una “cláusula gatillo” si la inflación supera las metas oficiales.

La propuesta para los trabajadores públicos coincide con la estrategia que el Ministerio de Trabajo lleva adelante en el ámbito privado, ya que la semana pasada el ministro Eduardo Bonomi planteó al PIT-CNT y a las cámaras empresariales prorrogar los acuerdos salariales que vencen en diciembre hasta mediados de 2008, con el objetivo de unificar la negociación de los Consejos de Salarios para que “no se pisen” con la campaña electoral.

La propuesta gubernamental fue comentada ayer en un tono informal por los representantes oficiales en el Consejo Superior de Salarios Público, afirmaron fuentes asistentes al encuentro.

Por el gobierno participó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, el subdirector de esa repartición, Conrado Ramos, el asesor del Ministerio de Economía Daniel Mesa, y representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina de Servicio Civil.

Por los sindicatos participaron representantes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), de la Mesa Coordinadora de Entes y del sector banca oficial de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU). Los bancarios fueron incorporados a este ámbito de negociación la semana pasada, ya que hasta el momento negociaban sus ajustes en forma autónoma.

Aumento. En ese encuentro, los funcionarios del gobierno dijeron a los sindicalistas que aún no pueden decirles con precisión de cuanto será el aumento que se les otorgará en enero, porque aún resta conocer datos sobre la inflación de noviembre y diciembre.

El gobierno está empeñado en que el Índice de Precios al Consumo (IPC) no supere el 10%, lo que habilitaría un mecanismo automático de ajuste de salarios y pasividades.

El gobierno tuvo un respiro en ese sentido, ya que en octubre se registró una deflación de 0,23%, luego de varios meses en los que el aumento de precios no dio tregua a las familias uruguayas.

Los trabajadores entienden que el ajuste salarial de enero no debe ser inferior al 13%, teniendo en cuenta el aumento de precios en los últimos meses.

Los empleados del Estado consideran que la posibilidad de firmar acuerdos a largo plazo es una alternativa a tener en cuenta, siempre que se haga con ciertas garantías. “Aceptaríamos esa posibilidad siempre que se nos pague el 100% del IPC perdido, la pérdida salarial del gobierno anterior y que se contemple una cláusula gatillo” sostuvo el dirigente del sindicato de OSE, Sergio Rossi.

Otros sindicalistas consultados por El Observador compartieron esa visión y dijeron que debían trasladar el planteo a sus sindicatos.