Gobierno suspendió el decreto sobre base de cálculo del IRP

El Poder Ejecutivo suspendió por un mes la vigencia del decreto que estableció que el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) se calcularía sobre la suma de todas las retribuciones generadas, informó el presidente de la República en ejercicio, Luis Hierro López. Paralelamente, se encargó al subsecretario de Economía, Alvaro Rossa, y al ministro de Trabajo, Santiago Pérez del Castillo, una nueva redacción que asegure «la legalidad» de la norma.

Hierro agregó que se buscará lograr un «consenso a nivel parlamentario», para la nueva redacción del decreto.

Fuentes del Ejecutivo dijeron que la sala de abogados del Ministerio de Trabajo coincidió con la del Banco de Previsión Social en que el decreto, tal cual estaba redactado, era ilegal. El directorio del BPS había cuestionado la norma por entender que sólo la ley puede establecer las bases de cálculo y las alícuotas aplicables del IRP. El organismo remitió este informe a los Ministerios de Trabajo y de Economía.

La norma fue también duramente cuestionada por el Partido Nacional. Previo a la decisión del gobierno, la bancada nacionalista había decidido ayer llamar a sala a los ministros de Economía, Isaac Alfie, y de Trabajo, Santiago Pérez del Castillo. La medida fue dejada sin efecto.

Según las informaciones recogidas, los legisladores recibieron por espacio de dos horas a los directores nacionalistas del Banco de Previsión, Daniel Delgado Sicco y Luis Alberto Herrera, cuya actuación respaldaron.

Los intensos movimientos generados ayer a raíz del decreto incluyeron también notas dirigidas por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes Autónomos al Presidente de la República y a los directores del BPS en la que reclamaron la derogación. En la misiva dirigida al primer mandatario, el sindicato advirtió que «no descarta ninguna acción tendiente a que se derogue o anule este arbitrario e ilegal decreto».

Los integrantes nacionalistas del BPS estaban dispuestos a replantear el tema en el directorio del organismo hoy, pidiendo consultas jurídicas a fin de determinar la potestad del BPS de negarse a aplicar el decreto cuestionado, informó Delgado Sicco.

CALCULO. La norma, que entró en vigencia este mes, establecía que se deben sumar «todas las retribuciones y prestaciones nominales en efectivo o en especie, cuyo hecho generador se configure dentro de un mes, siempre que sean percibidas de un mismo empleador y constituyan materia gravada para los tributos de la seguridad social». Estaban excluidos expresamente el aguinaldo «y cualquier otra suma originada por pagos de retroactividades, los cuales serán considerados en forma independiente».

El Partido Nacional objetó especialmente la referencia a las prestaciones «en efectivo y en especie», que abarcaría materias hasta ahora no gravada, como los tickets de alimentación. La aplicación perjudicaría, por ejemplo, a quienes reciben primas por productividad (en los entes), compensaciones por asiduidad, y los fondos de participación que reciben los trabajadores de la seguridad social, que hoy tributan como rubros separados del salario mensual, sostuvieron sus voceros.

La suma de todas las retribuciones implicaba la posibilidad de que el monto total provocara un «salto» a la franja superior del IRP, reduciendo los ingresos de los trabajadores afectados.

El informe de la asesoría legal del BPS señaló, en cambio, que si en un mes se paga alguna compensación que no integra normalmente el salario mensual, no se debe acumular en virtud de que constituye un hecho generador distinto.