Gobierno y Uragua sin acuerdo

Uragua entiende que no puede seguir prestando los servicios de agua y saneamiento sin incurrir en una ilegalidad, dado que la reforma constitucional aprobada en octubre obliga a que todos los servicios de agua y alcantarillado queden en manos del Estado.

Sin embargo, el gobierno sostiene que la reforma no afecta a las empresas que tenían contratos anteriores a la fecha en que fue promulgada la reforma. El gobierno ya anunció que OSE se hará cargo de los servicios que prestaba Uragua.