Grave omisión en el campo laboral.

Esta situación determinó que el sector empresarial participe en las discusiones bajo protesta por esta omisión de la administración Mujica.
El Comité de Libertad Sindical de la OIT, reguladora de las relaciones laborales en todo el mundo, le dio la razón al reclamo empresarial de que el anterior gobierno del Frente Amplio violó dos convenios internacionales ratificados por Uruguay. El reclamo fue presentado por las cámaras de Industria y de Comercio y Servicios y por la Organización Internacional de Empleadores. La OIT estableció que la ley de negociación colectiva, notoriamente sesgada a favor del sector sindical, debía modificarse para ajustarse a «los convenios ratificados por Uruguay en la materia».

Los cambios requeridos por la OIT incluyen la integración del Consejo Superior Tripartito, la menor injerencia del gobierno en negociaciones entre los sectores empresarial y sindical, y asegurar que las ocupaciones observen el derecho de propiedad y la libertad de trabajo. En el primer caso, significa que los directivos puedan ingresar a sus instalaciones ocupadas. El segundo establece que trabajadores que no comparten una medida de fuerza puedan cumplir sus tareas, sin restricciones o amedrentación. Estas dos exigencias eliminan la razón de ser de las ocupaciones. Los artículos sobre ocupaciones fueron retirados de la ley, pero esta extensión improcedente del derecho de huelga sigue vigente mientras no se derogue un previo decreto que la habilitó.

El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, aseguró poco después que el fallo de la OIT sería cumplido. Pero pasó el tiempo y se instalaron los Consejos de Salarios con ese compromiso gubernamental pendiente. Es una omisión grave que oscurece el ya complicado clima en los Consejos y a la cual no se encuentra otra explicación que el deseo gubernamental de no confrontar a los sindicatos, como ocurrió recientemente en el caso de Conaprole. Aunque hay acuerdo en concluir convenios de mayor extensión, existen discrepancias sobre cómo se calcularán los futuros ajustes, salario mínimo y exigencia sindical de que los convenios incluyan otros temas además de los salarios.

No se avizora, por otra parte, un sistema claro y preciso para evaluar la productividad, un concepto nuevo y valioso pero difícil de llevar a la práctica. La productividad no se refiere necesariamente al volumen productivo de una empresa sino, en general, a la relación de ese volumen con el número de horas trabajadas por su personal. La idea de condicionarlo al PBI por sector ignora las diferencias que existen dentro de una misma rama de actividad, ya que no es lo mismo un próspero supermercado que un pequeño comercio barrial. Mientras se negocian salidas a estos temas, el gobierno debe empezar por cumplir el fallo de la OIT, como prometió hacer, si es que tiene voluntad de comenzar a despejar el siempre tormentoso horizonte laboral.